Protestas en Reino Unido contra la inmigración
Starmer cede a la presión de Farage y da carta blanca a la Policía para señalar la nacionalidad de los sospechosos
El pasado 22 de julio, una niña de 12 años fue violada presuntamente por dos solicitantes de asilo afganos en la localidad de Nuneaton
Hace ahora cosa de un año, con Keir Starmer inaugurando su puesto como primer ministro del Reino Unido tras una victoria incontestable en las elecciones, estallaron en las calles británicas numerosas protestas a raíz de un caso de apuñalamiento masivo en la localidad de Southport, Merseyside, en la que tres niños murieron y otras 10 personas —ocho de las cuales también eran niños— resultaron heridas.
El sospechoso de este apuñalamiento masivo era un inmigrante musulmán, según información en las plataformas de redes sociales. Tras esto, los manifestantes atacaron a los agentes de policía, arrojaron objetos a la mezquita y prendieron fuego a un vehículo policial. El motín dejó más de cincuenta agentes heridos, algunos de gravedad. En los días siguientes, manifestantes antiinmigración se enfrentaron con la policía y contramanifestantes, atacaron casas y negocios de inmigrantes y hoteles que albergaban a solicitantes de asilo.
Sin embargo, las investigaciones revelaron días después que el atacante no era un musulmán llegado en patera, como se había difundido masivamente, sino Axel Rudakubana, un joven nacido en el Reino Unido, hijo de refugiados cristianos que huyeron del genocidio de Ruanda. Padecía serios problemas de salud mental, había sido identificado como potencialmente peligroso por su escuela, y las autoridades educativas habían fallado a la hora de intervenir.
Un año después, el Gobierno laborista teme una reedición de aquel estallido, y ha decidido anticiparse. La ministra del Interior, Yvette Cooper, ha anunciado un cambio de enfoque que, en la práctica, supone una ruptura con décadas de política policial y judicial: a partir de ahora, las fuerzas del orden podrán revelar la nacionalidad, la etnia y el estatus migratorio de los sospechosos en casos de delitos sexuales graves, incluso cuando la investigación aún esté en curso. La decisión llega después de que, el pasado 22 de julio, una niña de 12 años fuera violada presuntamente por dos solicitantes de asilo afganos en la localidad de Nuneaton, al este de Birmingham.
En esta ocasión, la policía de Warwickshire optó inicialmente por la discreción. Temían que, como en Southport, la identificación apresurada de los sospechosos pudiera desencadenar una nueva ola de violencia. Pero el partido Reform UK, liderado por Nigel Farage, no tardó en ocupar el vacío informativo. Su concejal en el condado, George Finch, hizo públicos los nombres y el estatus migratorio de los detenidos, y acusó a la Policía de encubrimiento. Farage, en una rueda de prensa convocada con urgencia, habló de «una nueva cultura del silencio» y denunció que «la seguridad de mujeres y niños está siendo sacrificada en nombre de la corrección política».
Ante esto, el Gobierno, y a pesar de su cómoda mayoría parlamentaria, ha optado por mover ficha. «Debemos reconstruir la confianza del público. Y eso implica mayor transparencia», defendió Cooper en la BBC. Downing Street ha avalado la medida, insistiendo en que todas las instituciones deben ser «tan transparentes como sea posible» para evitar que los rumores, como los que rodearon el caso de Southport, se conviertan en narrativas incontrolables.
