Un miembro del equipo de rescate a la llegada de inmigrantes cerca de Skala Sikaminias, isla de Lesbos, Grecia
Grecia endurece su política migratoria y castiga con hasta cinco años de cárcel la «estancia ilegal»
La nueva legislación entró de forma inmediata en vigor tras ser publicado en la gaceta oficial
Grecia endurece su política migratoria, siendo uno de los países europeos que más presión sufre en sus fronteras. Así, este miércoles el Parlamento griego dio luz verde a una ley que introduce penas de prisión de hasta cinco años por «estancia ilegal», elimina la posibilidad de regularización tras siete años de residencia y facilita las deportaciones de solicitantes de asilo rechazados.
Este proyecto de ley fue aprobado gracias a la mayoría absoluta que tiene en el Parlamento la gobernante Nueva Democracia, formación liderada por el primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis.
A favor también votó el partido nacionalista Niki y otros diputados independiente de derecha, mientras que todos los partidos de oposición de izquierda votaron en contra de la ley, después de un intenso debate en la Cámara, que comenzó el martes.
La ley aprobada introduce la penalización de la «estancia ilegal» en el país con penas de prisión de dos a cinco años y una multa mínima de 5.000 euros. La normativa ha entrado de forma inmediata en vigor tras ser publicado en la gaceta oficial.
«Estamos tipificando el delito de estancia ilegal. Cualquiera que permanezca ilegalmente se enfrentará a detención administrativa, vigilancia electrónica y sanciones penales», señaló durante el debate el ministro de Migración y Asilo de Grecia, Thanos Plevris.
«Si su asilo es rechazado, tiene dos opciones: prisión o regreso a su país de origen», acentuó Plevris.
La ley elimina también la posibilidad de que personas que hayan entrado irregularmente al país obtengan un permiso de residencia tras siete años de permanencia, una opción que hasta ahora estaba contemplada en la legislación.
No obstante, para aquellos inmigrantes que han presentado la solicitudes de permiso de residencia tras siete años de estancia en el país antes de la aprobación de dicha ley, estas se examinarán en base a la legislación anterior.
La reforma aumenta además el tiempo máximo de detención administrativa de un inmigrante (detención previa al juicio) de 18 a 24 meses.
Además, fija en 14 días el plazo para la «salida voluntaria», según señala el texto oficial, de inmigrantes cuyo asilo haya sido rechazado, con la posibilidad de prórroga hasta 60 días en ciertos casos.
