La dictadura de Ortega escenifica ante los medios oficialistas un 'trato digno' a los presos políticos de Nicaragua

Estados Unidos exigió el pasado jueves a la dictadura de Nicaragua una prueba de vida del periodista nicaragüense Leo Catalino Cárcamo Herrera y el médico Yerry Gustavo Estrada Ruiz.

Según la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU., el paradero del comunicador nicaragüense «sigue desconocido después de que la dictadura de Murillo-Ortega lo detuviera simplemente por ejercer su profesión». En iguales términos se pronunció esa dependencia sobre el paradero de Estrada Ruiz, quien fue detenido el pasado 13 de agosto mientras realizaba su residencia en el Hospital Amistad Japón-Nicaragua, en la ciudad colonial de Granada.

El régimen no dio muestras de vida de Cárcamo Herrera, pero las imágenes difundidas de Estrada Ruiz, con nacionalidad costarricense-nicaragüense, muestran un grotesco patrón de propaganda por parte de la dictadura Ortega Murillo que suele mostrar a los reos políticos, en un ambiente escenificado y pregrabado, sentados frente a una mesa con alimentos frescos y abundantes donde los carceleros hacen de amables meseros, como si de un hotel se tratara.

La puesta en escena no es todo, si no que ex presos políticos del régimen han denunciado el «engorde» previo, el corte de pelo e incluso el afeitado forzoso previo a la filmación.

Muestra de vida tras muertes en custodia

El Departamento de Estado de EE.UU. reaccionó en apoyo a familiares de disidentes bajo custodia en Nicaragua quienes han lanzado un SOS global luego de que dos opositores y críticos con la dictadura de Ortega y Murillo fallecieran tras las rejas en agosto pasado.

Los familiares han demandado al régimen de Nicaragua una prueba de vida de sus seres queridos, y han comparado la muerte bajo custodia de los opositores Mauricio Alonso y Carlos Cárdenas Zepeda con las que ejecutaba la extinta Guardia Nacional del dictador Anastasio Somoza Debayle.

Nicaragua vive una feroz represión desde abril de 2018, que se acentuó tras las fraudulentas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 79 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo. Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de «golpistas» y «traición a la patria».

«El régimen de Murillo-Ortega y sus cómplices han de rendir cuentas, todos los presos políticos deben ser liberados incondicionalmente», insistió el Departamento de Estado liderado por el cubanoamericano Marco Rubio.