¿Qué significa exactamente un cierre de Gobierno en Estados Unidos? ¿Cuánto puede durar y qué puede pasar?

De tanto jugar con fuego, a veces te quemas. Demócratas y republicanos protagonizan cada pocos meses un acercamiento al abismo cuando no se ponen de acuerdo en sus políticas presupuestarias y acecha un cierre de Gobierno en Estados Unidos. Un cierre que la mayoría de ocasiones se salva tras un pacto sobre la bocina entre las dos formaciones políticas que evita que el país se sumerja en ese barrizal. Sin embargo, hay ocasiones, como ahora, donde no se llega a un acuerdo.

El país norteamericano ya ha amanecido este miércoles con su Administración federal parcialmente paralizada. A medianoche expiró la financiación temporal aprobada en el Congreso y, ante la falta de acuerdo, se activó el temido shutdown. Un cierre de Gobierno implica, en la práctica, que decenas de miles de empleados públicos son enviados a casa sin sueldo, que museos, parques nacionales o monumentos federales bajan la persiana, y que servicios cotidianos como la expedición de pasaportes o visados sufren retrasos o interrupciones. Mientras tanto, otras áreas consideradas «esenciales» –como el control aéreo, la patrulla fronteriza, la seguridad en aeropuertos, el pago de pensiones o las ayudas médicas– se mantienen operativas, aunque muchos trabajadores deben cumplir con sus turnos sin cobrar hasta que el bloqueo se resuelva.

Las últimas horas antes de la medianoche estuvieron marcadas por una frenética actividad en el Capitolio. La Cámara de Representantes sometió a votación dos propuestas de prórroga, una con recortes de gasto impulsada por los republicanos más cercanos a Donald Trump, y otra que mantenía la financiación de programas sociales defendida por los demócratas. Ambas fueron rechazadas. En paralelo, en el Senado se celebraron reuniones maratonianas entre los líderes de ambos partidos que tampoco lograron desbloquear la situación. Cuando el reloj marcó la medianoche, el país entró oficialmente en cierre.

El origen de este tipo de crisis está en la arquitectura institucional del país, concretamente cada 1 de octubre, cuando comienza el nuevo año fiscal y para entonces el Congreso debería haber aprobado doce leyes de gasto discrecional. En la práctica, desde hace casi medio siglo esas normas nunca llegan a tiempo, y los partidos recurren a prórrogas conocidas como continuing resolutions. Cuando ni siquiera hay acuerdo para sacar adelante esos parches temporales, se produce el cierre. Es un mecanismo diseñado para obligar a negociar, pero que en un clima de polarización creciente se ha convertido en una herramienta de chantaje político.

Las consecuencias no son solo administrativas. En 2019, el shutdown más largo de la historia –34 días durante la primera presidencia de Donald Trump– supuso una pérdida estimada de 3.000 millones de dólares que nunca se recuperaron. Sectores como el turismo, la restauración o las aerolíneas sufrieron especialmente, pero también las familias de los funcionarios que vivieron semanas enteras sin cobrar. En 1995, bajo Bill Clinton, un pulso similar se prolongó 21 días y dejó al Partido Republicano con un alto coste político. En 2013, con Barack Obama en la Casa Blanca, el cierre duró 16 días y se debió al rechazo republicano a financiar la reforma sanitaria conocida como Obamacare.

La duración de cada cierre depende, en última instancia, del cálculo político en el Capitolio. Algunos han durado apenas unas horas, casi invisibles para la vida cotidiana, mientras que otros se han extendido semanas, con un impacto económico y social tangible. Esta vez, el clima de polarización en torno a la financiación de programas sanitarios y sociales hace prever un bloqueo más prolongado. Los demócratas exigen mantener los subsidios de Obamacare y frenar los recortes en Medicaid, mientras que los republicanos insisten en condicionar cualquier prórroga presupuestaria a concesiones en gasto social y migratorio.

Mientras se discuten pacts entre bambalinas, la Casa Blanca y el Congreso saben que la opinión pública castiga a quien percibe como responsable de que el país se paralice. En 2018, Trump llegó a decir que asumía la responsabilidad porque lo consideraba «positivo» para su agenda, pero semanas más tarde el desgaste político obligó a buscar un acuerdo. En esta ocasión, el presidente ha insinuado incluso que podría aprovechar la coyuntura para reducir de manera permanente el tamaño del aparato federal y despedir a miles de funcionarios. Una amenaza que no surtió efecto entre los demócratas. Mientras los partidos negocian, el país ha echado la persiana.