Trump Maduro
Dos acusados en EE.UU. por un plan de lavado de dinero vinculado a los hijos de Nicolás Maduro
Una investigación del FBI apunta a una red internacional que habría canalizado fondos desde Venezuela hacia cuentas abiertas en Estados Unidos
Dos hombres han sido formalmente acusados en Estados Unidos por su presunta implicación en una red de lavado de dinero vinculada a los hijos del dictador venezolano, Nicolás Maduro. La investigación, liderada por el FBI, ha señalado a Arick Komarczyk e Irazmar Carbajal como responsables de abrir cuentas bancarias en territorio estadounidense para familiares del mandatario y sus socios, según reveló este sábado la cadena FOX News.
El caso se remonta a 2019, cuando las autoridades federales comenzaron a vigilar a los sospechosos. Tres años más tarde, en el marco de una operación encubierta, se descubrió que ambos habrían acordado transferir 100.000 dólares que el FBI considera fondos sancionados, pertenecientes a altos cargos del régimen venezolano. Según la investigación, al menos 25.000 dólares lograron ingresar a Estados Unidos a través de este esquema.
Komarczyk fue acusado el pasado 25 de septiembre en una corte de Miami por los delitos de lavado de dinero y conspiración para realizar transferencias sin licencia. Por su parte, Carbajal, de nacionalidad uruguaya, enfrenta cargos de conspiración para efectuar dichas operaciones. Fue detenido durante una escala en Estados Unidos mientras era deportado desde República Dominicana. Komarczyk, en cambio, no ha sido arrestado. Las autoridades creen que se encuentra en Venezuela.
El director del FBI, Kash Patel, calificó estas operaciones como «salvavidas criminales» para el régimen venezolano. En declaraciones a FOX News, acusó a Maduro de ser un «dictador narcoterrorista» y afirmó que Estados Unidos «no será un refugio seguro» para su dinero.
En paralelo, el pasado jueves, los senadores republicanos por Florida, Rick Scott y Ashley Moody, presentaron un proyecto de ley que busca duplicar la recompensa por la captura de Maduro, elevándola a cien millones de dólares. La propuesta también contempla la prohibición de negocios con empresas vinculadas al gobierno venezolano.
La investigación continúa, con la vista puesta en una red transnacional de blanqueo de capitales que podría abarcar múltiples jurisdicciones.
