El presidente de Portugal rompe el bloqueo y promulga la reforma migratoria del Gobierno

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha promulgado este jueves la nueva reforma de la Ley de Extranjeros, impulsada por el Gobierno de centroderecha de Luís Montenegro y que introduce importantes restricciones en materia de reagrupación familiar y residencia de inmigrantes. La decisión llega después de meses de tensiones institucionales y de un veto previo del propio jefe del Estado, que había remitido la norma al Tribunal Constitucional por considerar que vulneraba derechos fundamentales.

Según explicó la Presidencia en un comunicado, el presidente dio finalmente luz verde al texto «considerando que el diploma ahora revisado y aprobado por el 70 % de los diputados responde mínimamente a las dudas de inconstitucionalidad suscitadas por el presidente de la República y confirmadas por el Tribunal Constitucional». La promulgación pone fin a un largo proceso legislativo marcado por la división política y por el papel creciente de Chega, clave para la aprobación parlamentaria.

La versión definitiva de la reforma, aprobada a finales de septiembre con los votos del Partido Socialdemócrata (PSD), el CDS-PP, Chega, Iniciativa Liberal y el regionalista JPP, incorpora algunas de las correcciones exigidas por el Tribunal Constitucional tras el primer veto presidencial del pasado verano.

Entre los cambios figura la imposición de un plazo mínimo de dos años de residencia legal en Portugal para que un inmigrante pueda solicitar la reagrupación familiar con sus parientes en el extranjero. Hasta ahora, ese requisito no existía. No obstante, la nueva versión de la ley incluye una serie de excepciones introducidas a raíz de las observaciones del Constitucional, como los inmigrantes con hijos menores, parientes altamente cualificados, familiares discapacitados o dependientes, así como las parejas con un hijo en común, que podrán solicitar la reagrupación inmediata.

Para las parejas sin hijos, el plazo se reducirá a un año, siempre que acrediten un matrimonio o unión efectiva conforme a la ley portuguesa –lo que excluye los casamientos forzados, polígamos o de menores de edad–. En todos los casos, los solicitantes deberán cumplir con programas obligatorios de integración, que incluyen formación en lengua portuguesa y conocimientos sobre la cultura y los valores constitucionales del país. El incumplimiento de estas condiciones podría derivar en la no renovación del permiso de residencia.

La normativa también endurece los requisitos de acceso a la residencia temporal para los ciudadanos de países lusófonos, que deberán tramitarla desde sus países de origen antes de viajar a Portugal, en lugar de poder hacerlo ya dentro del territorio nacional como sucedía hasta ahora. Al mismo tiempo, el texto pretende fomentar los visados de trabajo para actividades altamente cualificadas, con el objetivo de atraer perfiles profesionales específicos y reducir la inmigración considerada irregular.

El Ejecutivo de Luís Montenegro ha defendido la reforma como «una actualización necesaria para equilibrar integración y control», en palabras del portavoz António Leitão Amaro. El Gobierno argumenta que la llegada de inmigrantes se ha cuadriplicado en los últimos años, muchas veces sin documentación adecuada, lo que estaría tensionando los servicios públicos y la cohesión social.

El propio Rebelo de Sousa había vetado en julio la primera versión de la reforma, tras la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucionales cinco de sus disposiciones, entre ellas la que imponía el plazo de dos años para la reagrupación. Entonces, el alto tribunal advirtió de que esa norma «podía suponer la desintegración de la familia nuclear del ciudadano extranjero titular de un permiso de residencia» y vulnerar los principios de protección familiar recogidos en la Constitución portuguesa.

Con las modificaciones ahora incorporadas, el presidente ha optado por promulgar la ley, aunque en su comunicado admite que el texto «solo responde mínimamente» a las reservas iniciales. Pese a ello, el Ejecutivo confía en que esta versión definitiva resista futuros recursos judiciales y marque el inicio de una nueva etapa.