La Corte Internacional de Justicia ordena a Israel garantizar la ayuda humanitaria en Gaza

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha presentado este miércoles un informe donde, entre otras cosas, concluye que Israel no ha probado los vínculos que alega entre la UNRWA y Hamás, ni la supuesta falta de neutralidad de la agencia, y le ordenó garantizar las necesidades básicas de la población civil en Gaza y abstenerse de utilizar el hambre «como método de guerra».

Durante la lectura de la opinión consultiva solicitada por la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente del tribunal, el juez japonés Yuji Iwasawa, recordó que Israel, en su condición de potencia ocupante, «tiene la obligación de garantizar los suministros esenciales para la supervivencia de la población local» y de «aceptar y facilitar» los planes de ayuda organizados por Naciones Unidas, en particular los de la UNRWA, la agencia encargada de asistir a los refugiados palestinos desde 1949.

«La población de la franja de Gaza ha sido abastecida de forma insuficiente. En tal situación, Israel está obligado a aceptar y facilitar los planes de ayuda», subrayó Iwasawa, quien señaló que las restricciones impuestas por las autoridades israelíes provocaron un «abastecimiento inadecuado» con «consecuencias catastróficas» para los civiles palestinos.

El tribunal, con sede en La Haya, insistió además en la prohibición absoluta de usar el hambre como arma de guerra y ordenó a Israel abstenerse de obstaculizar el suministro de agua, alimentos, medicinas o servicios esenciales. También rechazó de forma tajante el argumento israelí de que la UNRWA haya perdido su neutralidad, señalando que el despido de nueve empleados sospechosos de haber participado en los ataques del 7 de octubre «no basta para concluir que la agencia, en su conjunto, no sea una organización neutral».

La Corte sostuvo que Israel no ha fundamentado sus alegaciones de que una parte significativa de los empleados de la UNRWA pertenezcan a Hamás u otras organizaciones armadas, y destacó el papel «indispensable e insustituible» de la agencia en el enclave. «Israel no puede invocar motivos de seguridad para suspender de manera general las operaciones humanitarias», señala el documento, que también recuerda que el país tiene la obligación de «no impedir ni retrasar» el ingreso de ayuda internacional.

Además, el fallo aborda otras obligaciones humanitarias bajo el derecho internacional. La CIJ recordó que «la deportación o el traslado forzoso» de la población civil en un territorio ocupado está prohibido, incluso cuando las condiciones de vida impuestas son tan intolerables que no dejan más opción que huir. También ordenó a Israel permitir el acceso del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a los palestinos detenidos en cárceles israelíes, conforme a los convenios internacionales de protección a personas bajo ocupación.

La resolución de la CIJ se produce en un momento en que el Gobierno de Netanyahu enfrenta una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza, entre ellos el uso del hambre como método de combate. Pese a ello, Israel rechazó «categóricamente» las conclusiones de la Corte y las calificó como «otro intento político de imponer medidas contra Israel bajo el pretexto del derecho internacional».

Por su parte, la Autoridad Palestina celebró la decisión y advirtió que «Israel no cumplirá ni asumirá las responsabilidades establecidas por la Corte», por lo que instó a los Estados miembros de la ONU a «hacer cumplir la ley y obligar a Israel a respetar sus obligaciones internacionales».

El fallo supone la tercera opinión consultiva de la CIJ sobre la ocupación israelí de los territorios palestinos. En 2023, el tribunal declaró «ilegal» la presencia continuada de Israel en Palestina y exigió la evacuación de los colonos y la devolución de las tierras ocupadas desde 1967. En 2004, ya había considerado contrario al derecho internacional el muro de separación construido por Israel en Cisjordania.