Perú, Ecuador, Brasil y Colombia encabezan la carrera sin control del narcotráfico y la minería ilegal
Narcotráfico, oro y guerrilla: el crimen organizado se hace el amo en Brasil y la Amazonía
El mayor bosque tropical del planeta se ha vuelto un territorio cada vez más hostil para sus propios habitantes. En amplias zonas de los países amazónicos –especialmente cerca de las fronteras internacionales–, el crimen organizado se ha convertido en una fuerza dominante y cada vez más pujante.
Un reciente informe publicado por Amazon Underworld, iniciativa periodística y de investigación que monitorea y documenta cómo opera el crimen organizado en la cuenca amazónica, arroja datos preocupantes. El 67 % de los casi un millar de municipios analizados en seis países ribereños de la Amazonía registran la presencia de grupos criminales o armados, lo que confirma que la violencia y las economías ilícitas avanzan sin cuartel en este ecosistema considerado el pulmón del planeta.
Siete organizaciones criminales actúan «en dos a cuatro países distintos dentro de la cuenca amazónica»
El estudio, titulado Amazonía bajo ataque: un mapeo de la delincuencia en la selva tropical más grande del mundo, publicado hace unos días por una alianza de medios de investigación de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, analizó 987 municipios. Concluye que en «el 32 % de esos municipios tienen más de un grupo armado operando en su territorio». Además, identifica que siete organizaciones criminales actúan «en dos a cuatro países distintos dentro de la cuenca amazónica».
El documento advierte que «en grandes extensiones de los territorios amazónicos, las economías ilícitas son la actividad dominante» y que las comunidades indígenas se han convertido «cada vez más, en blanco del crimen organizado».
La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han sido infiltradas por redes criminales durante varios añosAutor de un informe de criminalidad en la Amazonía
Diego Cazar, uno de los autores del estudio, cuya investigación se centró en Ecuador, explicó a El Debate que «el abandono estatal en zonas rurales y de frontera ha provocado el avance de grupos criminales. Los controles en las vías son poco rigurosos, escasos o nulos. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han sido infiltradas por redes criminales durante varios años».
Brasil: epicentro del narcotráfico y la minería ilegal
La Amazonía brasileña es el territorio más afectado por la expansión del crimen organizado. En el estado de Amazonas, el estudio describe cómo la antigua hegemonía de la Família do Norte se fragmentó tras la ruptura entre el Comando Vermelho (CV) y el Primeiro Comando da Capital (PCC) en 2016. Detalla que el CV-AM, la rama del Comando Vermelho en la región, «opera una sofisticada red que abarca Brasil, Colombia y Perú y gestiona la producción de coca y las rutas de tráfico en estos territorios».
403 municipios de la Amazonía cuentan con presencia del Comando Vermelho
Actualmente, «403 municipios de la Amazonía cuentan con presencia del Comando Vermelho y 165 con presencia del PCC; 95 municipios tienen la presencia de ambos grupos».
El Ejército de Ecuador patrulla en El Chical (Ecuador).
Por su parte, el PCC, «ha diversificado hacia la minería ilegal en Roraima, en tierras indígenas yanomami fronterizas con Venezuela, reclutando inmigrantes venezolanos para la minería, el trabajo sexual y la seguridad». Ese grupo se ha convertido en un actor esencial en el suministro del mercado europeo de cocaína, valorado en más de 11 mil millones de euros. Brasil, además, es señalado como el punto de partida del «70 % de la cocaína incautada en África y del 46 % incautada en Asia entre 2015 y 2021».
Colombia: la herencia de un conflicto sin cerrar
El estudio vincula el deterioro de la seguridad en la Amazonía colombiana con el vacío dejado tras el acuerdo de paz de 2016. «Las fuerzas del Estado no lograron reconstruir plenamente su presencia y quedaron territorios vacíos que fueron aprovechados por disidencias de las FARC y otros grupos armados», menciona la investigación.
Grupos armados y disidentes de las FARC han intensificado la violencia en territorios ricos en recursos naturales o corredores cruciales para el tráfico de drogas. En esas regiones, las comunidades han sido utilizadas como «escudos humanos», documentándose confinamientos forzosos y desplazamientos «gota a gota».
Ecuador: violencia en expansión hacia el oriente
Ecuador aparece como uno de los países con una de las «escaladas de violencia y desintegración de la seguridad más graves». Tras la desmovilización de las FARC, grupos armados colombianos reforzaron rutas de tráfico hacia el sur, conectando con los puertos ecuatorianos que abastecen los mercados de Estados Unidos y Europa.
Según describió a El Debate Carolina Andrade, consultora para la Presidencia de la Asamblea General de la ONU y asesora regional del Instituto Igarapé (Brasil) en crimen organizado ambiental y lavado de dinero en la Amazonía, «después de la pandemia, las rutas amazónicas entre Colombia y Ecuador se han consolidado como espacios clave para el cultivo, producción, tránsito y envío de cocaína hacia los puertos costeros, principalmente en Guayaquil». Su valoración para El Debate es que esto ocurre, «en un contexto regional donde el crimen organizado aprovecha las debilidades institucionales de varios países de la cuenca amazónica».
Las bandas locales, como Los Lobos y Los Choneros, se han aliado con grupos colombianos, expandiéndose por la Amazonía ecuatoriana –Napo, Sucumbíos y Orellana–. De acuerdo al informe, entre 2021 y 2024 las tasas de homicidio en esas provincias pasaron «de diez a más de 50 por cada 100.000 habitantes».
Cazar argumenta que «la minería ilegal financia a grupos de narcotraficantes y, para mantener el negocio ilícito, se sirven de grupos armados que brindan protección a los frentes mineros». Y advierte que esta convergencia ha generado enfrentamientos entre bandas y profundizado la violencia en comunidades amazónicas del norte de Ecuador.
Perú: minería de oro y narcotráfico
En el caso de Perú, la minería ilegal de oro continúa siendo uno de los motores de la economía criminal. El estudio documenta su expansión «en regiones como Madre de Dios, Loreto y Ucayali», donde confluyen además el cultivo de coca y la extracción ilegal de madera. También se registran conflictos entre comunidades indígenas por la disputa de territorios mineros, como los ocurridos «en el río Santiago».
La Floresta Ambiental de Altamira, en el estado de Pará (Brasil) arrasada por la minería ilegal de oro
Andrade subraya que «las comunidades locales y los pueblos amazónicos son los más afectados por estas actividades ilícitas; sus territorios y saberes ancestrales se ven amenazados por cultivos de coca, minería ilegal, deforestación y otras actividades, mientras la falta de alternativas de desarrollo sostenible las expone al reclutamiento por grupos criminales».
Bolivia: narcotráfico y abandono fronterizo
En Bolivia, el informe confirma que el narcotráfico «opera en todos los departamentos amazónicos, especialmente en las zonas fronterizas con Brasil y Perú». El PCC brasileño ha establecido operaciones en el país, particularmente en Santa Cruz, mientras que las redes criminales «se benefician del abandono estatal en las fronteras para traficar drogas y recursos naturales como madera, fauna silvestre, frutos silvestres y oro».
Venezuela: oro, cocaína y connivencia estatal
La Amazonía venezolana, especialmente al sur del río Orinoco, concentra una de las situaciones más críticas. El documento describe cómo las fuerzas estatales «colaboran abiertamente con grupos armados no estatales, incluidos actores extranjeros, mientras saquean zonas de gran biodiversidad».
En los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, grupos como el ELN y la Segunda Marquetalia
En los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, grupos como el ELN y la Segunda Marquetalia operaban en alianza para la extracción ilegal de oro y el tráfico de drogas, «hasta que la alianza terminó abruptamente en agosto».
El estudio evidencia que narcotráfico, minería ilegal, tala, tráfico de fauna y lavado de dinero conforman un entramado difícil de separar. Además, «el fragmentado ecosistema criminal del Amazonas ha entrado en una era de violencia exacerbada impulsada por los precios máximos del oro y la demanda mundial de cocaína».
Sus autores alertan al mismo tiempo de que «la creciente capacidad de los grupos delictivos para infiltrarse en las economías formales hace que sea cada vez más difícil combatirlos».
Para Cazar, «el problema del narcotráfico y el avance del crimen organizado en la Amazonía es un fenómeno que no responde a ideologías», por lo que las respuestas políticas deben ir en la línea de «idear estrategias coordinadas y regionales entre todos los gobiernos de los países amazónicos».