El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz
El juicio a García Ortiz escandaliza a un grupo de fiscales europeos que muestran su «preocupación» por el caso
Los juristas expresan su confianza en que los tribunales «garantizarán la aplicación de la ley a los hechos» y preservarán el buen funcionamiento de las instituciones
Una de cal y otra de arena. Un grupo de fiscales y jueces europeos ha publicado una carta en la que expresa su estupor al ver sentado en el banquillo al fiscal general español, todavía en ejercicio, Alvaro García Ortiz.
Los juristas alertan de un escenario «sin precedentes» y sin entrar a valorar los indicios –y declaraciones de sus propios colegas– que han llevado al banquillo al sucesor de Dolores Delgado en el más alto cargo del ministerio Público, advierten del riesgo de que este proceso pudiera responder a intereses «oportunistas».
«Gran inquietud y preocupación con lo que está ocurriendo en España» es otra de las expresiones que utilizan los colegas de Ortiz europeos en una columna publicada en el periódico portugués de izquierdas Público. Sobre lo idóneo de que García Ortiz permanezca en el cargo y el perjuicio que causa a la institución no se pronuncian directamente.
Los firmantes también responden a ese perfil de lo que ahora se llama «progresista». Entre ellos, figuran Hans-Ernst Böttcher, magistrado honorario (Alemania); António Cluny, fiscal general adjunto, exrepresentante en EUROJUST (Portugal) y uno de los que pidió el indulto para el ex juez Baltasar Garzón; Simone Gaboriau, magistrada honoraria (Francia); Mariarosaria Guglielmi, fiscal (Italia); Filipe César Marques, juez de derecho (Portugal); y Gualtiero Michelini, juez del Supremo Tribunal (Italia).
«No podemos dejar de ver con gran inquietud y preocupación lo que está ocurriendo hoy en España, y alertamos también ante el objetivo de algunos procesos disciplinarios y penales oportunistas contra los responsables de las investigaciones o contra figuras clave del sistema judicial», escribieron los firmantes.
En esa línea, informa Efe. observan que estos «pueden tener como único propósito judicializar el enfrentamiento político y partidista y minar la credibilidad e imagen pública de la justicia, de los tribunales o de la Fiscalía».
Asimismo, señalan que el control legítimo de las acciones de cualquier autoridad del Estado por parte de los tribunales «no debe conducir» a debilitar el Estado de derecho y a «fortalecer propuestas autoritarias y populistas contrarias a la democracia».
García Ortiz está acusado de un presunto delito de revelación de secretos por la filtración de un correo privado sobre el caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al que Hacienda le reclama unos 300.000 euros y acusa de fraude fiscal.
En el artículo de opinión publicado hoy, los firmantes recordaron que, desde finales del siglo pasado, el escrutinio al funcionamiento del Estado en Europa se ha vuelto «más eficiente», lo que ha llevado a una «creciente intervención del poder judicial» en la investigación y juicios de los delitos y actos ilegales.
«Fortalecer las instituciones democráticas y evitar interferencias externas e internas es fundamental para el funcionamiento regular del Estado de derecho democrático. Este es el camino que recorremos todos los que creemos en la independencia absoluta de los que son llamados a ejercer la justicia en democracia», alegaron.
Aún así, matizaron que «eso no significa defender una justicia corporativa», ya que la sociedad actual es «libre y abierta, atenta a los peligros de la desinformación y del populismo».
Si avanzan interferencias impulsadas por intereses particulares de dentro o fuera del sistema judicial, añadieron, «no solo minan la credibilidad de los procesos pendientes contra los criminales, sino que también buscan coaccionar y desligitimizar aquellos que tienen la obligación legal de llevar esas investigaciones».
Por estos motivos, mostraron su confianza en que los tribunales «garantizarán la aplicación de la ley a los hechos» y preservarán el buen funcionamiento de las instituciones, ya que, «si no fuera así, serían el país y la sociedad en general que, en última instancia, saldrían perdiendo», concluyeron.
El juicio contra el fiscal general del Estado español encara su semana decisiva con el plato fuerte de la declaración de Álvaro García Ortiz el próximo miércoles.
