La Corte Penal Internacional mantiene al expresidente filipino en prisión por presuntos crímenes de lesa humanidad

La Corte Penal Internacional (CPI) ha ratificado este viernes su rechazó a la solicitud de libertad provisional presentada por Rodrigo Roa Duterte, expresidente de Filipinas, quien permanecerá bajo custodia del tribunal mientras continúa el proceso por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante su «guerra contra las drogas».

La Sala de Apelaciones concluyó que los abogados del exmandatario no lograron demostrar errores en la valoración previa del tribunal, que había determinado que su detención seguía siendo necesaria al persistir riesgos procesales como la fuga, la obstrucción del proceso o la posible reiteración delictiva.

La decisión, leída por la jueza presidenta de Apelaciones, Luz del Carmen Ibáñez Carranza, también rechazó que las garantías propuestas por un Estado dispuesto a recibir a Duterte fuesen suficientes para mitigar esos riesgos, así como los argumentos de carácter humanitario vinculados a su estado de salud.

El tribunal desestimó así los tres motivos de apelación planteados por la defensa y confirmó de manera unánime la resolución de la Sala de Cuestiones Preliminares de finales de septiembre, por lo que Duterte continuará bajo custodia en el Centro de Detención de la CPI en La Haya.

La defensa había recurrido la decisión alegando tres errores: que el tribunal había evaluado de forma incorrecta los riesgos; que había descartado de manera indebida las garantías ofrecidas por un Estado dispuesto a recibir a Duterte bajo supervisión mientras continúa el proceso; y que no había valorado adecuadamente los argumentos humanitarios vinculados a la salud del exmandatario.

La defensa sostiene que Duterte, de 80 años, sufre problemas de salud y que su estado físico se habría deteriorado desde su arresto.

El exmandatario renunció a su derecho a estar presente este viernes en la lectura del fallo, por lo que no se le ha visto desde que compareció por videoconferencia por primera vez ante la CPI el pasado marzo para confirmar su identidad.

En una primera reacción, su abogado, Nicholas Kaufman, ha asegurado a los periodistas en La Haya que la defensa «espera los resultados de la evaluación médica del expresidente, prevista para el mes que viene, y volverá a presentar su solicitud para liberar a un hombre de 80 años que, debido a sus condiciones médicas debilitantes, es incapaz de fugarse o de constituir, como se alega, una amenaza para los testigos».

Mientras, la Fiscalía, que había solicitado mantener en detención a Duterte, subrayó que «toma nota» de esta decisión de hoy, que, señaló, confirma que «su detención continuada sigue siendo necesaria para garantizar su comparecencia en el juicio, asegurar que no obstruya ni ponga en peligro la investigación o los procedimientos ante la Corte, y evitar que continúe cometiendo delitos» bajo jurisdicción de la CPI.

Además, añadió, la oficina del fiscal «continúa preparando» la audiencia de confirmación de cargos, «una vez sea fijada».

Duterte fue detenido en marzo en Manila tras la emisión de una orden de arresto por parte de la CPI, clasificada inicialmente como secreta y hecha pública días después, y fue trasladado posteriormente a La Haya.

Está acusado de asesinato y tentativa de asesinato como crímenes de lesa humanidad, presuntamente cometidos entre noviembre de 2011 y marzo de 2019, tanto durante su etapa como alcalde de Davao como durante su presidencia de Filipinas.

La audiencia de confirmación de cargos, inicialmente prevista para septiembre, fue aplazada y aún no tiene nueva fecha.