La Administración Trump reduce de 5 años a 18 meses la duración de los permisos de trabajo para inmigrantes

La Administración de Donald Trump ha dado un nuevo paso en la reconfiguración del sistema migratorio estadounidense al reducir de cinco años a solo 18 meses la vigencia máxima de los permisos de trabajo para inmigrantes. La medida, anunciada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), entra en vigor de inmediato y se aplicará tanto a nuevos solicitantes como a quienes estén pendientes de renovación.

Esta decisión afecta a un amplio grupo de personas: refugiados, solicitantes de asilo con casos aún en trámite, beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), personas con órdenes de libertad condicional y otros no ciudadanos con procesos migratorios abiertos. Hasta ahora, muchos de estos permisos se expedían con una validez de hasta cinco años, lo que, según las autoridades, dificultaba los controles de seguridad y permitía mayor margen para abusos del sistema.

El director del USCIS, Joseph Edlow, explicó que la reducción de la vigencia permitirá reforzar la capacidad de supervisión del Estado, incrementando la frecuencia con la que se revisa la situación de quienes reciben autorización para trabajar. La nueva duración, argumenta, facilitará la detección temprana de posibles amenazas, reducirá el fraude documental y garantizará que las personas que permanecen en el país continúen cumpliendo con los requisitos legales.

La decisión llega en un contexto de creciente preocupación por la seguridad nacional. En las últimas semanas, un incidente violento protagonizado por un inmigrante afgano admitido bajo asilo ha reavivado el debate sobre los controles aplicados en el otorgamiento de permisos y estatus migratorios. Para la Administración Trump, este tipo de casos subraya la necesidad de un sistema más riguroso y dinámico, capaz de responder con rapidez ante cualquier indicio de riesgo.

Aunque organizaciones migratorias y algunos sectores empresariales han expresado inquietud por las posibles interrupciones laborales que podrían derivarse de renovaciones más frecuentes, los defensores de esta reforma sostienen que la estabilidad del mercado laboral no puede situarse por encima de la seguridad del país. Consideran que un control más regular no solo es razonable, sino imprescindible en un entorno global cada vez más complejo, donde las amenazas pueden evolucionar con rapidez.

Además, quienes respaldan la política migratoria de Trump ven en esta medida un paso coherente con la visión de una inmigración legal pero estrictamente regulada. Reducir el tiempo de los permisos, señalan, evita que situaciones temporales se conviertan de facto en permanentes y fortalece la capacidad del Estado para actuar ante cualquier incumplimiento.