Orbán desafía a la UE al dar asilo al exministro de Justicia polaco acusado de abuso de poder

Zbigniew Ziobro fue ministro de Justicia y fiscal general de Polonia durante gran parte del gobierno del partido nacional-conservador Ley y Justicia (PiS) entre 2015 y 2023, acumulando un poder inusual al dirigir simultáneamente el Ministerio de Justicia y la fiscalía general.

Su figura, conocida por discursos duros y su apodo de «el sheriff», se consolidó como uno de los arquitectos de una profunda reforma judicial que reconfiguró el sistema de tribunales polaco, con fuertes críticas desde la oposición interna y las instituciones europeas por erosionar la independencia de los jueces.

Durante su mandato, Ziobro promovió cambios que facilitaron destituciones de jueces; crearon nuevos mecanismos disciplinarios y consolidaron el control político sobre cuerpos judiciales, lo que motivó procedimientos de infracción por parte de la Comisión Europea y resultó en el congelamiento de fondos europeos a Polonia hasta que se comprometiera a corregir esos pasos.

Tras la derrota electoral del PiS en 2023 y la llegada al poder del líder proeuropeo Donald Tusk, la Fiscalía y el Sejm (Parlamento polaco) impulsaron investigaciones contra altos cargos de la administración anterior, entre ellos Ziobro. En octubre de 2025, el Parlamento levantó su inmunidad parlamentaria para permitir el avance de los procedimientos penales.

Las acusaciones que enfrenta son graves y numerosas: 26 cargos distintos, entre ellos: abuso de poder, dirigir una organización criminal y malversar más de 150 millones de zlotys de un fondo destinado a ayudar a víctimas de delitos. Parte de esos recursos, –según las autoridades polacas–, se habrían desviado a proyectos políticos, incluyendo la compra del sofisticado software de vigilancia Pegasus, presuntamente usado contra adversarios políticos, algo que Ziobro siempre ha negado.

Además, ha sido acusado por el nuevo Gobierno de intentar obstaculizar el proceso y de permanecer fuera del país para evitar la Justicia. Ziobro afirma que se trata de una persecución política orquestada por Tusk, que busca revancha contra figuras del PiS.

Asilo para el matrimonio

En octubre de 2025, Ziobro viajó a Budapest para un evento y no regresó, permaneciendo en Hungría desde entonces mientras se tramitaba el levantamiento de su inmunidad y la posibilidad de su detención en Polonia. El 12 de enero de 2026, Hungría confirmó la concesión de asilo político al exministro y, según diversas fuentes, también inició procedimientos para su esposa, decisión que Budapest justificó aludiendo a supuestos casos de persecución política en Polonia.

Desde su cuenta en X, Zbigniew Ziobro declaró que había aceptado el asilo «debido a la persecución política en Polonia», prometiendo «luchar contra el bandidismo político y la ausencia de Estado de derecho» y afirmando que regresará cuando se restablezcan las garantías judiciales. La respuesta en Varsovia ha sido inmediata y contundente.

El primer ministro Donald Tusk calificó con sarcasmo la solicitud de asilo, describiéndola como una elección «lógica» dada la situación legal y política de Ziobro, desde su perspectiva. Representantes del Gobierno polaco han tildado a Ziobro de «cobarde» por huir de la justicia y desestimar enfrentar los cargos.

El viceministro de Defensa polaco, Cezary Tomczyk, en una entrevista para la televisión Polsat expresó que «ningún político está por encima de la ley». Al mismo tiempo, desde la oposición representada por figuras conservadoras se argumenta que, bajo el actual contexto político y judicial en Polonia no puede esperarse un juicio imparcial, señalando una politización de las instituciones encargadas de la investigación.

El Gobierno húngaro, histórico aliado ideológico del PiS y crítico de las posturas pro-Bruselas de Tusk, ha defendido su decisión en términos de respeto al derecho de asilo y denuncia de lo que considera una «campaña de persecución política» en Polonia.

Las autoridades húngaras han refrendado que concedieron asilo a varios ciudadanos polacos en circunstancias similares y han insinuado que hay un deterioro del Estado de derecho en Polonia que justifica su posición. El presidente húngaro, que enfrenta presiones internas y externas en vísperas de elecciones, ha utilizado el caso para reformar su narrativa sobre la polarización en Europa y el supuesto sesgo de los gobiernos pro-UE contra figuras conservadoras.

Orbán desafía a la Unión Europea al acoger a Ziobro porque la decisión encaja en una estrategia política deliberada con varias capas, más que en un gesto humanitario aislado.

Ziobro no es un político cualquiera: fue uno de los principales impulsores del modelo «iliberal» de justicia que Orbán defiende desde hace años en Hungría. Ambos comparten una visión nacional-conservadora, euroescéptica y muy crítica con la idea de que Bruselas supervise el Estado de derecho en los Estados miembros. Al concederle asilo, Orbán protege a un aliado estratégico y lanza un mensaje claro: los líderes conservadores perseguidos por gobiernos liberales o pro-UE pueden encontrar refugio en Hungría.

Con su gesto, deslegitima al Gobierno de Tusk y su agenda europeísta. El actual Ejecutivo polaco de Donald Tusk es uno de los grandes aliados de Bruselas en Europa central y ha hecho del restablecimiento del Estado de derecho una prioridad. Orbán ve ese giro como una amenaza directa a su propio relato.

La UE se basa en la confianza mutua entre Estados miembros: si un país acusa a alguien, los demás presuponen que el proceso es legítimo. El asilo a Ziobro rompe ese principio de facto: el caso tensiona el sistema de euroórdenes y cooperación judicial y obliga a Bruselas a reaccionar, aunque sea con incomodidad jurídica.

Hungría sigue enfrentada a la Comisión Europea por: fondos europeos bloqueados, independencia judicial, corrupción y uso de fondos públicos. A finales de 2022 se congelaron unos 6.300 millones de euros en fondos de cohesión y recuperación. Parte de ellos siguen bloqueados y solo pueden desembolsarse si Hungría cumple las condiciones establecidas.

Fondos congelados

En 2025 se discutió la liberación condicionada de unos 545 millones de euros, aunque gran parte de la financiación sigue sujeta al cumplimiento de criterios. Y a principios de este 2026, Hungría perdió el derecho a recibir más de 1.000 millones de euros de ayudas previstas, porque no implementó reformas exigidas antes de una fecha límite.

Hasta el momento no ha habido una declaración oficial de la Comisión Europea condenando directamente la decisión de asilo, aunque la legalidad de utilizar procedimientos de asilo dentro de Estados de la UE para políticos perseguidos por delitos comunes está siendo cuestionada por parlamentarios y representantes en Bruselas, que han presentado preguntas urgentes sobre el tema.

Por el momento, la Unión no ha tomado una posición unificada y los debates internos sobre si esta situación vulnera los principios del Estado de derecho y cooperación judicial entre Estados miembros están comenzando a surgir.