Petróleo para los venezolanos, no para Delcy
La industria petrolera venezolana no colapsó por falta de recursos, ni por sanciones externas, ni por mala suerte histórica. Colapsó porque el chavismo la convirtió en botín de guerra para una élite de enchufados y en herramienta de control político
Delcy Rodríguez, presidenta encargada de V
Cada vez que el chavismo habla de «reforma» petrolera conviene recordar una verdad incómoda: no hay industria más destruida por la corrupción que la petrolera venezolana, ni pueblo más empobrecido por ella. Hoy, cuando Delcy Rodríguez intenta vender una nueva reforma de la Ley de Hidrocarburos como señal de apertura y pragmatismo, lo que en realidad estamos viendo es un intento de supervivencia política de un régimen sin cabeza, sin legitimidad y sin credibilidad.
La industria petrolera venezolana no colapsó por falta de recursos, ni por sanciones externas, ni por mala suerte histórica. Colapsó porque el chavismo la convirtió en caja chica del poder, en botín de guerra para una élite de enchufados y en herramienta de control político. Mientras millones de venezolanos caían en la pobreza, un puñado de burócratas, militares y operadores del madurismo se enriquecían obscenamente, saqueando PDVSA y sus filiales con absoluta impunidad.
Hablar hoy de atraer inversión privada sin hacer un balance honesto de esa devastación es un insulto a la inteligencia de los venezolanos y de los potenciales inversionistas.
Corrupción como modelo de gobierno
La corrupción chavista no fue un accidente: fue un sistema. Durante años, PDVSA dejó de ser una empresa para convertirse en un ministerio ideológico, luego en un feudo militar y finalmente en una red opaca de intermediarios, empresas fantasmas y contratos discrecionales. El resultado está a la vista: producción colapsada, infraestructura destruida, talento humano expulsado y una deuda moral y financiera gigantesca con el país.
Delcy Rodríguez fue parte central de ese engranaje. No puede presentarse ahora como arquitecta de una «nueva etapa» quien fue pieza del aparato que destruyó la anterior. Pretender borrar el pasado con una reforma legal sin rendición de cuentas es pedir confianza sin ofrecer verdad.
Sin transición no hay inversión
El segundo punto es aún más claro y más duro: sin transición política, sin libertades y sin Estado de derecho, no habrá inversión privada seria en Venezuela. No la hubo antes y no la habrá ahora.
Ninguna empresa internacional relevante toma decisiones multimillonarias basándose en discursos, promesas o «flexibilizaciones» administrativas. Las inversiones se apoyan en reglas claras, tribunales independientes, seguridad jurídica y estabilidad política. Nada de eso existe hoy en Venezuela.
Mientras no haya:
• un gobierno legítimo,
• instituciones independientes,
• respeto a la propiedad privada,
• libertad de prensa,
• y un sistema judicial creíble,
La llamada «apertura» petrolera será un club cerrado para operadores políticos, testaferros y socios de ocasión, no una recuperación real del sector energético.
La reforma de Delcy Rodríguez no busca atraer inversión productiva; busca administrar escasez, captar renta a corto plazo y ganar tiempo. Es un parche político, no un proyecto de país.
Opacidad, discrecionalidad y más corrupción
El tercer ángulo es quizá el más revelador: la opacidad. El proyecto de reforma concede al Ejecutivo un nivel de discrecionalidad enorme para otorgar contratos, modificar condiciones, seleccionar socios y definir términos sin contrapesos reales. Es decir, reproduce exactamente el modelo que nos trajo hasta aquí.
No hay transparencia sin información pública. Y hoy, algo tan elemental como conocer quiénes son los titulares de los contratos petroleros vigentes, bajo qué condiciones operan, qué compromisos asumieron y qué beneficios reciben, sigue siendo un misterio.
Cualquier reforma mínimamente seria debería empezar por:
• Publicar todos los contratos de crudos pesados, empresas mixtas, contratos de producción compartida y acuerdos especiales;
• Someterlos a auditoría independiente;
• Establecer normas claras de licitación pública;
• Garantizar mecanismos de supervisión nacional e internacional.
Nada de eso aparece con claridad en la propuesta de Delcy Rodríguez. Al contrario: más opacidad, más concentración de poder y menos control. Eso no augura inversión; augura más corrupción.
Una reforma para el madurismo, no para Venezuela
En el fondo, esta reforma no está pensada para Venezuela, sino para lo que queda del madurismo. Busca enviar una señal de «normalidad» a actores internacionales mientras se mantiene intacta la lógica del poder autoritario y discrecional.
Pero Venezuela no necesita una ley hecha para sobrevivir al día siguiente. Necesita un marco petrolero para reconstruir la República. Y eso solo será posible en un contexto de transición democrática, con un gobierno legítimo, con instituciones restauradas y con una sociedad que vuelva a confiar en el Estado. Sin democracia no hay transparencia. Sin transparencia no hay inversión.
La historia reciente debería bastar como advertencia. Repetir el mismo esquema esperando resultados distintos no es pragmatismo: es cinismo. Y Venezuela ya pagó demasiado caro ese cinismo.