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Pedro Sánchez, en el Consejo Europeo celebrado en BruselasEFE

Sánchez se desmarca del resto de Europa en política migratoria con su regularización de medio millón de inmigrantes

El Gobierno aprobó este martes un real decreto para la regularización de medio millón de inmigrantes ilegales

La tendencia en Europa en cuanto a la política migratoria es clara y casi unánime: cierre de fronteras y legislaciones más restrictivas. Sin embargo, en España el rumbo es totalmente opuesto. Este martes, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un real decreto de tramitación urgente para permitir la regularización extraordinaria de más de medio millón de inmigrantes ilegales. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, defendió la medida como un paso más para reformar el modelo migratorio hacia uno de «integración, convivencia y compatible con el crecimiento económico y la cohesión social».

Sin embargo, este modelo difiere del que se aplica en los países de nuestro entorno y, sobre todo, del que han adoptado naciones del sur como Portugal, Italia o Grecia. El Gobierno luso, con el socialdemócrata Luís Montenegro al frente, ha apostado por endurecer su política migratoria. El pasado mes de octubre, el país vecino aprobó la modificación de la Ley de Nacionalidad para endurecer los requisitos y tiempos de espera para lograr el pasaporte portugués, así como dificultar la reagrupación familiar. Además, el Ejecutivo de Montenegro anunció la creación de una unidad policial destinada exclusivamente a expulsar a inmigrantes ilegales y la restricción de visados de trabajo.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, se ha marcado como uno de sus principales objetivos frenar la inmigración ilegal y, entre sus medidas –que no ha estado exenta de polémica–, se encuentra la creación de centros de deportación de inmigrantes en terceros países. Roma llegó a un acuerdo con Tirana ya en 2024 para expulsar a este país a las personas irregulares que llegaran a sus fronteras hasta que su situación legal se resolviera. En un principio, la propia Justicia italiana tumbó varias deportaciones a estos centros en Albania, pero este pasado mes de diciembre la Unión Europea dio un espaldarazo a la política migratoria de Meloni al avalar la creación de centros migratorios en terceros países.

En un giro en su política migratoria, y con España como principal opositor, los países europeos aprobaron endurecer el Pacto sobre Migración y Asilo y abrieron la puerta a la implementación de «centros de retorno» fuera del bloque para los solicitantes de asilo cuyas peticiones sean rechazadas. El bloque comunitario también dio luz verde a una lista de «países seguros» con el objetivo de acelerar los retornos de los inmigrantes. Los países que votaron en contra de esta nueva medida fueron Francia y Portugal, que, sin embargo, dentro de su territorio optan por políticas más restrictivas, además de nuestro país.

La inmigración se ha convertido en uno de los principales temas de debate dentro de la política francesa. A falta de una nueva ley de inmigración, el exministro francés del Interior Bruno Retailleau ya presentó una hoja de ruta para endurecer los controles migratorios, contener el número de naturalizaciones y reforzar los requisitos para obtener la nacionalidad francesa, entre otras medidas. Alemania, país que abrazó la política de puertas abiertas durante la crisis migratoria de 2014, ha empezado a revertir los pasos dados por la entonces canciller Angela Merkel. El democristiano Friedrich Merz ha intensificado los controles en sus fronteras, además de suspender durante dos años la reunificación familiar para las personas que cuentan con un estatus de protección humanitaria. A esto se suma que, el pasado año, el Gobierno alemán reactivó las deportaciones a Afganistán y Siria.

Medidas similares han implementado otros países como Grecia, Polonia o incluso el Gobierno laborista de Keir Starmer. El primer ministro británico anunció el pasado mes de septiembre que su Ejecutivo endurecerá las condiciones que permiten a los inmigrantes obtener la residencia permanente en el Reino Unido. Todo ello mientras el Gobierno de Sánchez opta por ir a contracorriente del resto de países de su entorno, una actitud que, además, en los pasillos de Bruselas empieza a cansar por su oposición en temas clave, desde la inmigración hasta la defensa.