El Supremo declara inconstitucional la concesión otorgada a una empresa china en el canal de Panamá

La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró este jueves «inconstitucional» el contrato de concesión entre el Estado panameño y la empresa Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison, operadora de dos puertos en torno al Canal interoceánico y epicentro de las amenazas de Estados Unidos de retomar la vía acuática.

Panama Ports Company maneja los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico) desde 1997, y CK Hutchison acordó el traspaso de la concesión en el marco de la venta global de más de 40 puertos por cerca de 23.000 millones de dólares a un consorcio liderado por el gestor de activos estadounidense BlackRock, una transacción que se ha visto frenada por China en el marco de una batalla geopolítica con Estados Unidos.

En un comunicado de dos párrafos, el pleno de nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) informa que tras una «amplia deliberación y discusión (...) decidió declarar que son inconstitucionales» la Ley 5 del 16 de enero de 1997, sus adendas y la prórroga del mismo, en atención a dos demandas interpuestas en ese sentido.

«Estas leyes y actos demandados guardan relación con el Contrato de Concesión entre el Estado y la Sociedad Panama Ports Company S.A., para el desarrollo, construcción, operación, administración y dirección de las terminales portuarias de los contenedores, ro-ro, de pasajeros, carga a granel y carga general en los puerto de Balboa y Cristóbal», indicó el Supremo.

El contralor general de Panamá, Anel Flores, presentó el pasado 30 de julio dos demandas ante la Corte Suprema, una de inconstitucionalidad y otra de nulidad, contra el contrato de concesión entre el Estado panameño y la PPC.

Lo hizo basado en los hallazgos de una auditoría, entregada el pasado 7 de abril, que reveló «numerosas irregularidades» del contrato, que Flores tildó de «leonino y abusivo contra los intereses del país».

El informe de auditoría habla «de un contrato leonino, un contrato donde malos panameños permitieron que más de 1.300 millones no entraran a las arcas nacionales», dijo Flores, además de presuntos incumplimientos de inversión por parte de PPC y otros perjuicios económicos.

Panama Ports obtuvo la concesión en 1997 y en 2021 el contrato fue extendido automáticamente por igual periodo en medio de denuncias de supuesta corrupción y de condiciones consideradas desfavorables para el Estado panameño, que posee solo el 10 % de las acciones en la empresa.

El acuerdo de compra venta de los dos puertos al consorcio liderado por BlackRock fue interpretado en su momento por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como una victoria de su Administración, que acusó un control chino del Canal de Panamá por la presencia del operador hongkonés en dos de los cinco puertos que rodean el paso navegable. Las empresas sin embargo siempre negaron alguna motivación política.

Bajo la premisa de una presunta injerencia china en el Canal, una vía por la que pasa entre el 3 % y el 6 % del comercio mundial, Trump amenazó con recuperar la vía acuática, construida y operada por Washington en el siglo pasado, hasta su traspaso al Estado panameño hace 25 años.

Panamá siempre ha negado que China u otro país interfiera en la administración del Canal, que tiene a Estados Unidos como su principal usuario, y ha aclarado que no está en discusión la soberanía sobre la vía, que «es y seguirá siendo panameña» en palabras del presidente panameño, José Raúl Mulino.

China amenaza con adoptar «medidas»

Por su parte, Pekín ha asegurado este viernes que adoptará «todas las medidas necesarias» para proteger los derechos e intereses legítimos de sus empresas tras la decisión del Tribunal Supremo de Panamá.

En rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Guo Jiakun, ha adelantado que la empresa afectada ya se ha pronunciado sobre el fallo y recordó que CK Hutchison considera que la resolución «va en contra de la base legal» bajo la cual la parte panameña aprobó los derechos de concesión, añadiendo que la compañía «se reserva todos sus derechos, incluida la vía judicial».

«El Gobierno chino tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar firmemente los derechos e intereses legítimos y legales de las empresas chinas», ha advertido el portavoz chino, sin entrar a valorar el contenido del fallo ni las decisiones del poder judicial panameño.