El Congreso de EE. UU. denuncia censuras ilegales en los archivos de Epstein mientras Maxwell exige indulto de Trump para testificar

La reapertura de los archivos del caso Jeffrey Epstein ha desatado una nueva tormenta política en Estados Unidos. Legisladores de ambos partidos denunciaron este lunes la eliminación injustificada de nombres en documentos clave del expediente del condenado delincuente sexual y advirtieron que podrían hacer públicas esas identidades si el Departamento de Justicia no corrige de inmediato las omisiones.

Los representantes Thomas Massie, republicano por Kentucky, y Ro Khanna, demócrata por California y coautor de la ley de transparencia aprobada en noviembre, comparecieron ante la prensa tras revisar documentos no censurados en ordenadores controlados dentro de un edificio del Departamento de Justicia. Ambos sostienen que la supresión de los nombres de al menos seis hombres excede claramente lo permitido por la norma, que obliga a la divulgación completa de los archivos relacionados con Epstein.

Según explicó Massie, entre los nombres ocultados figura al menos un ciudadano estadounidense y otro extranjero, mientras que la nacionalidad del resto no ha podido determinarse. El congresista añadió que uno de ellos podría estar actualmente bajo investigación y precisó que uno ocupa un cargo relevante en un gobierno extranjero. Ante esta situación, Massie no descartó revelar las identidades desde la tribuna del Congreso o en una audiencia parlamentaria, amparándose en la cláusula constitucional de «Discurso y Debate», que protege a los legisladores frente a posibles demandas.

A las críticas se sumó el demócrata Jamie Raskin, representante por Maryland y miembro del Comité de Justicia, quien también examinó los archivos. Raskin cuestionó la censura de nombres de personas que no parecen ser víctimas, sino posibles cómplices o facilitadores. Como ejemplo, citó la omisión del nombre de Les Wexner, ex consejero delegado de Victoria’s Secret, que tiene prevista una declaración ante el Congreso.

Los congresistas advirtieron además que algunas redacciones podrían haberse realizado antes de la revisión del Departamento de Justicia, posiblemente por el FBI, lo que dificulta alcanzar una transparencia plena. En ese contexto, señalaron también la eliminación de referencias a Donald Trump en comunicaciones de los abogados de Epstein, aunque subrayaron que el presidente estadounidense solo aparecía mencionado como invitado, y no como miembro, de su club Mar-a-Lago.

La polémica coincidió con la comparecencia, a puerta cerrada y por videoconferencia, de Ghislaine Maxwell, expareja y cómplice de Epstein, ante el comité del Congreso que investiga los vínculos del fallecido financiero con figuras poderosas. Maxwell, presa en Texas, se negó a responder preguntas acogiéndose a la Quinta Enmienda, aunque aseguró estar dispuesta a declarar si el presidente Trump le concedía un indulto.

«Como era de esperar, Ghislaine Maxwell se acogió a la Quinta Enmienda y se negó a responder cualquier pregunta», declaró el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer. Su abogado, David Markus, afirmó en un comunicado que su cliente hablaría «plena y honestamente» en caso de recibir el perdón presidencial y sostuvo que tanto Trump como el expresidente demócrata Bill Clinton, antiguos conocidos de Epstein, son «inocentes de cualquier delito».

Otros legisladores, como el demócrata Suhas Subramanyam, interpretaron la actitud de Maxwell como una estrategia para presionar en busca de un indulto. El Departamento de Justicia, por su parte, aseguró que no se esperan nuevos procesamientos, aunque reconoció que numerosas figuras políticas y empresariales quedaron marcadas por el escándalo tras la publicación de documentos anteriores.

La ley de transparencia, promulgada por Trump tras presiones de su propio partido, obliga al Departamento de Justicia a divulgar todos los documentos relacionados con Epstein, fallecido en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico sexual de menores. La norma exige proteger la identidad de las más de 1.000 víctimas identificadas por el FBI, pero prohíbe explícitamente cualquier censura basada en la vergüenza, el daño reputacional o la sensibilidad política de funcionarios, figuras públicas o dignatarios extranjeros.

Ro Khanna calificó de «violación flagrante» la ocultación de los nombres de los remitentes de varios correos electrónicos explícitos dirigidos a Epstein en 2013 y 2014, cuyo contenido ha sido parcialmente divulgado, pero sin identificar a sus autores. Para los legisladores, estos casos ilustran un patrón de opacidad incompatible con la letra y el espíritu de la ley.

Con las próximas comparecencias de Bill y Hillary Clinton previstas para finales de febrero y una creciente presión política desde el Congreso, el caso Epstein vuelve a situarse en el centro del debate público como símbolo de la desconfianza de muchos estadounidenses ante lo que consideran un intento de proteger a hombres ricos y poderosos vinculados al entorno del financiero.