Milei está a un paso de lograr lo que ningún presidente pudo en 50 años: una reforma laboral

El presidente de Argentina, Javier Milei, saborea sus horas más dulces. En apenas un puñado de días –menos de dos semanas– ha logrado dar luz verde en el Congreso al acuerdo Mercosur-Unión Europea, aprobar la ley de reducción de la edad penal a 14 años y conseguir media sanción en el Senado a su proyecto de reforma de ley laboral.

Un Gobierno no peronista parece estar consiguiendo en tiempo récord reformas estructurales soñadas por sus antecesores. Ni siquiera Carlos Menem, con su histórica reforma del Estado y cambio constitucional mediante el célebre Pacto de Olivos, pudo hacer lo que el libertario está haciendo.

A Fernando de la Rúa intentar sacar adelante una reforma laboral menos ambiciosa que la de Milei le costó quedarse sin su vicepresidente Carlos Chacho Álvaréz y verse en pocos meses obligado a dimitir. El 20 de diciembre de 2001 salió en helicóptero de la Casa Rosada, episodio humillante que trató de arreglar volviendo al día siguiente a la sede del Ejecutivo y abandonándola por la puerta principal para tratar de reescribir ese capítulo negro de su historia.

La fuerza de los sindicatos en Argentina es difícil de imaginar si no se conoce sobre el terreno su capacidad de maniobrar (enriquecerse) y reventar las calles.

La técnica de presión y amedrentamiento se fue perfeccionando con los años y la irrupción de los piqueteros. El expresidente Mauricio Macri, lo comprobó con mayor virulencia que el radical Raúl Alfonsín que sin embargo tuvo que encajar 13 huelgas generales (a Milei le amenazan con la primera de 24 horas antes de fin de mes).

El Gobierno de Macri intentó una reforma de pensiones y jubilaciones, –en el marco de otra laboral–, y las protestas se tradujeron en el lanzamiento de 14 toneladas de ladrillos y cascotes arrancados de las aceras de las calles y la plaza de los dos Congresos de Buenos Aires. La ministra Patricia Bullrich –hoy también de Milei– fue la encargada de cuantificar los destrozos. Aquel 18 de diciembre de 2017 Argentina debió ingresar en el libro Guinness de los récords en lanzamiento de piedras.

La madrugada del jueves pasado el Senado firmaba la primera fase de la liquidación de la ley laboral de 1974. Han tenido que pasar más de 50 años para actualizar una legislación obsoleta. ¿Hubo manifestaciones, disturbios, protestas y tensión en la calle? Sí, como era previsible. El saldo final fue de más de 70 detenidos y 12 heridos, todos agentes de las fuerzas de seguridad, como informó la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteolvia. Pero, las escenas de 2017 no se repitieron.

Casi todo parece cambiar en Argentina (asignatura pendiente las corruptelas) desde que llego hace dos años Javier Milei. El «león» que rugía en campaña: «No hay plata», prometía aplicar una economía de guerra, pero un futuro a largo plazo mejor, logró convencer. Los argentinos le creyeron, le votaron y le volvieron a votar en las elecciones legislativas de noviembre.

Pletórico, aunque el periodo de sesiones ordinarias en el Parlamento no comienza hasta el 1 de marzo, el libertario ha visto la oportunidad de enfrentar el poder sindical de dirigentes que viajan en avión propio y se perpetúan en los cargos. De paso, el presidente de Argentina aprovecha para dar vuelta como un calcetín a la actual reforma laboral. Sus antecesores lo intentaron, pero no lo consiguieron.

Los puntos clave y polémicos del proyecto que el Gobierno quiere tener aprobado en su totalidad a fines de esta semana o la próxima, corren el riesgo de ser modificados y ralentizar el trámite (en ese caso la ley tendría que volver al Senado y luego a la Cámara de Diputados).

El tope a las indemnizaciones por despido levanta ampollas en la CGT (Confederación General del Trabajo) y el resto de las organizaciones de trabajadores que sienten su poder amenazado.

La nueva norma, de no tocarse, encima permite celebrar convenios laborales entre empresa y trabajadores al margen de lo que acuerden los sindicatos, a los que los trabajadores ya no estarían obligados a pagar. Lo mismo sucede con la imposición de cumplir con los servicios mínimos en huelga (hasta del 75 % en Salud, educación y algunos servicios públicos y el 50 % en bancos, minería y comercio, entre otros) o la jornada de 12 horas (con restitución del tiempo extra).

La propuesta de permitir al «empleador» poder exigir vacaciones fraccionadas, ampliar a un año el periodo de prueba, o elegir formas de pago de salarios son otra espina en la columna de los sindicatos.

En este caso, el artículo 105 de «las prestaciones complementarias» aclara que estas se abonarán en «moneda nacional o extranjera, en especies, habitación o alimentos». Es decir, que podrán complementar y abonar el sueldo con bonos de comida, alojamiento y el bien más preciado para un argentino: el dólar.