Agentes federales detienen a un manifestante en Minneapolis
El primer juicio por «terrorismo doméstico» contra supuestos miembros de Antifa pone a prueba la estrategia de Trump
Nueve acusados se enfrentan a cargos que incluyen intento de asesinato tras un tiroteo frente a un centro del ICE en Texas
El primer juicio impulsado por el Gobierno de Donald Trump contra ciudadanos estadounidenses por cargos de terrorismo doméstico vinculados a ‘antifa’ se reanudó este martes en Texas, en un proceso que examina la capacidad de la Administración republicana para sostener ante los tribunales que ese movimiento constituye una amenaza organizada.
El caso se remonta a la noche del 4 de julio del pasado año, cuando una protesta ante un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Alvarado, a las afueras de Dallas, derivó en un tiroteo en el que un agente de policía resultó herido en el cuello, según la acusación de la Fiscalía del Distrito Norte de Texas.
Los nueve acusados afrontan cargos que van desde revuelta con armas hasta apoyo material a terroristas e intento de asesinato. La Fiscalía sostiene que formaban parte de una «célula» de Antifa en el norte de Texas y los describe como integrantes de una «organización militante» integrada por redes de individuos y pequeños grupos de ideología anarquista revolucionaria o marxista. Según los documentos judiciales, estaban «fuertemente armados» y portaban, entre otras armas, rifles de asalto AR-15.
La defensa mantiene que el proceso busca criminalizar el derecho a la protesta y la libertad de expresión. En la misma línea, el National Lawyers Guild ha acusado a la Administración Trump de extralimitarse para «silenciar» el discurso contrario al ICE.
El juicio, que comenzó con los alegatos de apertura tras la selección del jurado, sufrió la pasada semana un paréntesis cuando el juez federal Mark Pitmann declaró nulo el proceso por considerar que la camiseta de una abogada —con imágenes de líderes del movimiento por los derechos civiles— podía influir políticamente en el jurado.
En septiembre, Trump firmó un decreto que señalaba a Antifa como «organización terrorista», aunque no existe en EE.UU. una ley específica de terrorismo doméstico que permita designar formalmente a un grupo como tal. Organismos como el Southern Poverty Law Center sostienen que Antifa no es una organización estructurada, mientras que el Servicio de Investigación del Congreso la define como un movimiento descentralizado. En 2020, el entonces director del FBI, Christopher Wray, afirmó que se trata de una «ideología» y no de un grupo organizado.
