Polonia y el dilema de la independencia judicial que tensa sus lazos con la Unión Europea

Desde que el partido Ley y Justicia (PiS) llegó al poder en 2015, Polonia ha vivido sucesivas reformas del sistema judicial que –según la Comisión Europea y varios tribunales europeos–han socavado la separación de poderes y el principio de independencia de los jueces. Estas reformas permitieron mayor intervención política en órganos como el Consejo Nacional de la Judicatura (KRS), encargado de nombrar y proponer jueces, así como la creación de estructuras disciplinarias que pueden castigar a magistrados por sus decisiones.

Desde entonces, la Unión Europea ha respondido con sanciones: el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) impuso multas diarias a Polonia, que llegaron a acumular unos 320 millones de euros, por mantener un régimen disciplinario que vulnera el derecho comunitario a un tribunal independiente. Bruselas recuperó esa suma compensando desembolsos de fondos europeos que Polonia no recibió por incumplir el Estado de Derecho. Además, la Unión Europea llegó a suspender temporalmente miles de millones de euros en fondos de cohesión y recuperación para el país hasta que se comprometiera con reformas garantistas de independencia judicial. Y en diciembre de 2025, el TJUE determinó que el Tribunal Constitucional polaco –tras nombramientos polémicos– no cumple con criterios básicos de independencia y primacía del derecho europeo.

Con la llegada de Donald Tusk –político europeísta– y Coalición Cívica al Gobierno tras las elecciones de 2023, planteó restablecer el equilibrio entre poderes en la judicatura. Una de sus iniciativas clave, aprobada por el Parlamento en enero de 2026, fue modificar el modo de elegir a los miembros del KRS, devolviendo a los propios jueces la facultad mayoritaria de elegir a sus representantes, reduciendo el control de los partidos políticos sobre el órgano. Además, el proyecto incluía requisitos de experiencia (por ejemplo, un mínimo de diez años como juez) para garantizar un cuerpo de magistrados con trayectoria profesional. Los defensores de la reforma argumentaban que era una forma de «limpiar y despolitizar» una institución que había perdido credibilidad tras años de control partidista.

El objetivo del Ejecutivo era terminar con el «caos judicial» y alinear a Polonia con las normas europeas, lo que había permitido a Bruselas desbloquear importantes fondos –incluidos más de 130.000 millones de euros de paquetes de recuperación económica– tras avances iniciales en reforma.

El 19 de febrero de 2026, el presidente Karol Nawrocki –vinculado política e ideológicamente a PiS y sus aliados– decidió vetar la reforma, argumentando que: el texto elimina el papel del Parlamento en la elección de los miembros del KRS, lo que, según su oficina, podría concentrar poder en grupos políticos e introducir divisionismo entre jueces. Las exigencias de experiencia y otros criterios, en su opinión, excluyen arbitrariamente a muchos magistrados, generando dudas sobre su legitimidad y apertura. Nawrocki además alertó sobre el riesgo de que el cambio condujera a incertidumbre legal masiva. Según él, poner en cuestión nombramientos anteriores podría cuestionar miles de sentencias y «abrir puerta al caos».

En su comunicado oficial, el presidente subrayó que no podía respaldar una ley que, bajo el lema de restaurar el Estado de Derecho, introduzca elementos que podrían politizar aún más al poder judicial o debilitar su seguridad jurídica a largo plazo.

Escenarios tras el veto de Nawrocki

Aunque el veto bloquea temporalmente la ley aprobada por el Parlamento, no cierra la puerta a cambios. Según fuentes cercanas al presidente, él estaría considerando impulsar un referéndum nacional o proponer su propia versión de reforma judicial en diálogo con distintas fuerzas políticas –incluidas aquellas de oposición– si el consenso parlamentario no se logra.

El proceso legislativo entra ahora en una fase crítica con distintos escenarios:

El Parlamento puede intentar superar el veto con una mayoría cualificada (más de tres quintos), un umbral difícil en un escenario político fragmentado.

Alternativamente, el Ejecutivo de Tusk deberá negociar modificaciones sustanciales para lograr el respaldo del presidente.

El debate también se traslada a instituciones europeas: cualquier nuevo texto será observado de cerca por Bruselas y los tribunales europeos para garantizar su compatibilidad con los estándares del derecho de la Unión Europea.

Desde el Gobierno, el portavoz Adam Szłapka calificó el veto como un paso atrás que «perpetúa el caos que las reformas del PiS habían generado» y bloquea las iniciativas para alinear a Polonia con los valores europeos.

Pulso con la Unión Europea

El sistema judicial polaco se ha convertido en un foco de tensiones europeas porque toca un principio fundamental: la independencia de los tribunales frente al poder político. En Polonia el conflicto se ha intensificado por decisiones del Tribunal Constitucional que cuestionan la primacía del derecho europeo.

El enfrentamiento entre Poder Ejecutivo y judicial en Polonia no es nuevo: reformas anteriores a 2017 ya habían cambiado radicalmente la composición del KRS, reduciendo el peso de elecciones internas de jueces y aumentando la injerencia política.

Polonia llegó a pagar multas impuestas por el TJUE de un millón de euros al día por no suspender una cámara disciplinaria considerada incompatible con la independencia judicial, una de las sanciones más severas vistas en la Unión Europea.

Una parte del debate gira en torno a cómo tratar el estatus de decenas de jueces nombrados bajo sistemas cuestionados, un dilema que también se ha planteado en debates académicos sobre legitimidad judicial.

El veto de Nawrocki no es solo una «derrota» temporal para la reforma judicial propuesta por Tusk; es el síntoma de una fractura más profunda: entre Polonia como un país plenamente integrado y alineado con los estándares europeos, y otra que prioriza una concepción más soberanista del Estado, con mayor control político del poder judicial.

Mientras el proceso sigue abierto y las negociaciones se intensifican, la atención de las capitales europeas estará puesta en Varsovia, porque lo que ocurra no solo afecta al Estado de Derecho en Polonia sino a la credibilidad del modelo democrático europeo en su conjunto.