Macrooperación policial en Polonia contra la inmigración irregular: 1.944 personas detenidas

La redada se desarrolló entre el 2 y el 3 de marzo de 2026 y formó parte de un dispositivo nacional destinado a localizar tanto a personas buscadas por la justicia como a extranjeros cuya estancia no estaba regularizada. Durante la operación se realizaron cerca de 1.800 inspecciones en diferentes lugares del país, como estaciones de transporte, centros de trabajo o alojamientos colectivos.

El operativo se produce en un país donde viven millones de inmigrantes -principalmente ucranianos- y en medio de un debate político sobre seguridad fronteriza, política europea de asilo y devoluciones en la frontera con Bielorrusia.

El despliegue movilizó a unos 26.500 agentes de policía y más de 700 efectivos de la Guardia de Fronteras, en lo que las autoridades describieron como una de las mayores operaciones coordinadas de control reciente. En total, el operativo terminó con 1.944 personas detenidas por distintas causas, entre ellas 147 ciudadanos extranjeros por irregularidades relacionadas con su situación migratoria.

Las autoridades han precisado que esta actuación no es excepcional: se trata de la cuarta macrooperación nacional de este tipo realizada en los últimos meses para detectar personas buscadas por la justicia y controlar la estancia de extranjeros en el país.

Entre los extranjeros detenidos predominan claramente los ciudadanos procedentes de países del entorno oriental de Europa. Según los datos difundidos por las autoridades, entre los arrestados se encuentran: 91 ciudadanos ucranianos; 14 georgianos; 8 bielorrusos; 3 moldavos; 2 rusos y 29 personas de otras nacionalidades

La mayor parte de los casos se debe a estancias irregulares, como haber superado el tiempo permitido por visado o trabajar sin los permisos necesarios. Tras su arresto, las autoridades han iniciado procedimientos administrativos de retorno contra alrededor de 110 de los detenidos.

En Polonia, estos procedimientos no implican una expulsión inmediata. La Guardia de Fronteras abre un expediente administrativo en el que el extranjero puede presentar alegaciones o recurrir la decisión. Si la orden de retorno se confirma, el afectado puede ser expulsado a su país de origen y recibir una prohibición de entrada en el espacio Schengen durante varios años.

Debate sobre inmigración

Aunque durante décadas, Polonia fue principalmente un país de emigración, el país se ha convertido en los últimos años en un importante destino migratorio en Europa central. La población del país ronda los 38 millones de habitantes. Y según las estimaciones, entre 2,3 y 2,5 millones de extranjeros viven actualmente en Polonia, una cifra muy superior a la de hace una década.

La comunidad extranjera más numerosa es, con diferencia, la ucraniana. Más de 1,5 millones de ciudadanos de Ucrania residentes en Polonia, entre refugiados de guerra y trabajadores migrantes. Además, en el mercado laboral polaco trabajan más de 1,1 millones de extranjeros, una cifra que ha aumentado de forma constante en los últimos años.

Tras los ucranianos, las comunidades extranjeras más numerosas proceden de Bielorrusia, Georgia, Moldavia, Alemania o Reino Unido, reflejo de la posición del país como polo económico en Europa central.

El endurecimiento de los controles migratorios polacos está estrechamente vinculado a la crisis que desde 2021 se vive en la frontera con Bielorrusia. Varsovia acusa al régimen de Aleksandr Lukashenko -aliado de Moscú- de facilitar la llegada de migrantes desde Oriente Próximo y África para empujarlos hacia la frontera polaca, en lo que el Gobierno polaco considera una forma de presión política contra la Unión Europea.

Las autoridades polacas han reforzado la frontera con vallas, presencia militar y controles adicionales. Solo en 2025 se registraron decenas de miles de intentos de cruce irregular en esa frontera.

Este contexto ha reavivado el debate sobre las llamadas «devoluciones en caliente» o pushbacks. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que, en algunos casos, migrantes interceptados en la frontera han sido devueltos a Bielorrusia sin poder solicitar asilo, algo que las autoridades polacas justifican como una medida de seguridad ante lo que consideran una operación híbrida de Minsk y Moscú.

El actual primer ministro, Donald Tusk, ha defendido una política que combina control de fronteras con cooperación europea. Su Gobierno respalda el refuerzo de Frontex -la agencia europea de fronteras con sede precisamente en Varsovia- y ha apoyado los acuerdos europeos para gestionar la migración irregular.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo ha mantenido el apoyo a los refugiados ucranianos que llegaron tras la invasión rusa de 2022, facilitando permisos de trabajo y residencia temporal.

En el debate político polaco también tienen peso las posiciones más restrictivas. El presidente Karol Nawrocki, de orientación nacional-conservadora, ha defendido una política migratoria más dura y ha prometido priorizar a los ciudadanos polacos en el acceso a prestaciones sociales. Entre sus propuestas figura limitar algunos beneficios sociales para extranjeros si no trabajan en el país, en línea con un discurso político que enfatiza la protección de los intereses nacionales.

El debate en Polonia se inscribe además en un contexto europeo más amplio. La Unión Europea ha aprobado en los últimos años un nuevo Pacto de Migración y Asilo que busca equilibrar el control de fronteras con la distribución de responsabilidades entre los Estados miembros.

Países situados en las fronteras exteriores de la Unión, como Polonia, reclaman desde hace años mayor apoyo europeo para gestionar la presión migratoria.

Para residir legalmente en Polonia, un extranjero debe obtener un permiso de estancia. Los más habituales son: permiso de residencia temporal por trabajo, vinculado a un contrato laboral; permiso de residencia por estudios o investigación; protección internacional o estatuto de refugiado; residencia de larga duración de la UE, tras varios años de estancia legal. Las solicitudes se presentan ante las oficinas regionales de inmigración y suelen exigir: contrato de trabajo, prueba de ingresos, seguro médico y alojamiento.

El sistema está siendo reformado para digitalizar los trámites de regularización, lo que permitirá presentar solicitudes en línea a partir de 2026. Sin embargo, los plazos administrativos siguen siendo largos en muchas regiones y pueden superar varios meses debido al elevado número de solicitudes.

Esta última redada policial refleja una tendencia más amplia: Polonia está reforzando el control de la inmigración irregular mientras se consolida como uno de los principales destinos migratorios de Europa central. En un país donde millones de extranjeros trabajan, estudian o se han refugiado de la guerra en Ucrania, el equilibrio entre apertura económica, seguridad fronteriza y obligaciones europeas se ha convertido en uno de los grandes debates políticos de la próxima década.