Polonia endurece su política migratoria y tensa la relación con Bruselas

Donald Tusk fue claro: «Polonia no implementará el Pacto en una forma que introduzca cuotas adicionales de inmigrantes. Ya estamos bajo una presión enorme». El Gobierno de Tusk sostiene que soporta una carga «sin precedentes» desde la invasión rusa en Ucrania. Mientras Bruselas insiste en que el pacto es jurídicamente vinculante para todos los Estados miembros, Varsovia defiende que su capacidad de acogida está «al límite» y que no admitirá nuevas obligaciones.

Este choque político, que crece semana tras semana, llega justo cuando Polonia ultima un endurecimiento integral de su política migratoria para 2025–2030.

Polonia es, desde 2022, uno de los países de la Unión Europea que más refugiados e inmigrantes ha recibido. Los números más recientes confirman la magnitud del fenómeno: según datos de este año, 998.070 refugiados ucranianos han sido registrados oficialmente bajo protección temporal. Cerca de 1,55 millones de ciudadanos ucranianos tienen residencia legal en el país, incluyendo trabajadores no refugiados. Representan aproximadamente el 2,5 % de la población total polaca.

Solo en el año 2024 el país polaco emitió casi 180.000 permisos de residencia de larga duración, el 73 % destinados a trabajadores extranjeros. Desde los años 2018 a 2023 se concedieron más de seis millones de visados, de los cuales 3,8 millones fueron visados laborales.

Estos datos sitúan a Polonia entre los socios europeos que más personas han incorporado a su territorio en la última década. Una de las paradojas del país es que, mientras se opone frontalmente a las reubicaciones obligatorias de la Unión Europea, es simultáneamente una de las economías que más inmigración laboral demanda por su déficit demográfico.

¿Qué ayudas reciben los inmigrantes y refugiados en Polonia?

Aunque el Gobierno polaco insiste en su discurso de contención migratoria, ha puesto en marcha uno de los programas de protección a refugiados ucranianos más amplios del continente. Entre las prestaciones vigentes destacan: acceso inmediato al mercado laboral, sin necesidad de un permiso de trabajo tradicional; acceso a sanidad y educación pública, en igualdad con los ciudadanos polacos. Prestaciones sociales y familiares, tras obtener el número PESEL.

Uno de los principales focos del Gobierno polaco es una estructura más restrictiva hacia inmigración, entre las nuevas medidas han fijado requisitos como integración lingüística; estabilidad laboral y respecto a la cultura polaca.

Desde junio de 2025 entró en vigor sanciones de hasta 50.000 PLN (unos 11.500 euros) por contratar a extranjeros sin permiso válido. Ese mismo mes el Parlamento polaco aprobó la prolongación indefinida de la suspensión del derecho de asilo en la frontera con Bielorrusia. La medida, inicialmente temporal, se fundamenta en lo que Varsovia describe como una «crisis migratoria instrumentalizada» por Minsk y Moscú.

Para el ministro del Interior, Tomasz Siemoniak: «Nuestra posición es inequívoca: estamos contra el pacto migratorio. No aceptaremos reubicaciones y no pagaremos multas por negarnos.»

El Gobierno ampliará los controles en las fronteras con Alemania y Lituania hasta abril de 2026. Organizaciones como Amnistía Internacional denuncian que la suspensión vulnera el derecho internacional y crea zonas sin garantías para solicitantes de protección.

La presión de Bruselas

La Comisión Europea ha reiterado que: «Polonia está obligada por el derecho comunitario a cumplir con todas las herramientas del pacto. No hay exenciones posibles.» No obstante, la Comisión confirma que, si Polonia persiste en su negativa, habrá procedimientos de infracción ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Polonia presentó una solicitud formal para un «exención total» del mecanismo de reubicación del pacto. Según el ministro Marcin Kierwiński, esta exención se pide para muchos años, no solo para un año, dado el peso que su país afirma tener por la recepción de refugiados ucranianos y la «presión del flanco oriental».

Pero, para que una exención de este tipo sea aprobada, debe contar con el visto bueno del Consejo de la UE, mediante mayoría cualificada.

El comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, respondió formalmente a la solicitud expresando que no hay base legal para una exención total para que Polonia no atienda el Pacto. En su respuesta, Brunner recuerda que el nuevo Reglamento de Gestión de Asilo y Migración –parte del pacto– establece una «solidaridad obligatoria»: cada Estado miembro debe contribuir, pero tiene libertad de elegir cómo: reubicación; pagos; apoyo operativo. Al mismo tiempo, reconoce que se pueden hacer reducciones parciales o totales de las obligaciones si un país está bajo «situación migratoria significativa» o «presión migratoria», y uno de los criterios para evaluar esa presión es el número de personas bajo protección temporal.

Los motivos de rechazo

Varias motivaciones llevan a Polonia a restringir sus medidas migratorias. Entre las más importantes: la seguridad fronteriza. Varsovia denuncia amenazas híbridas en la frontera con Bielorrusia y asegura que la presión migratoria es usada como arma política. La carga económica; los costes derivados de casi un millón de refugiados ucranianos han tensado el presupuesto estatal, según reconoce el propio Gobierno. Saturación de servicios; colegios, sistemas sanitarios y servicios municipales acusan la presión de una población que ha crecido rápidamente. Opinión pública; una parte creciente del electorado se opone a nuevas acogidas y presiona al Gobierno para endurecer su postura. Soberanía nacional; Polonia reclama decidir sola quién entra en su territorio y bajo qué condiciones, rechazando cualquier mecanismo «automático» europeo.

Aunque muchos polacos mostraron solidaridad al inicio del conflicto en Ucrania y Rusia, los últimos sondeos revelan un giro social importante. Según un estudio reciente del CBOS, el 50 % de los polacos considera que la ayuda estatal a los refugiados ucranianos es «demasiado grande». Un 63 % de los encuestados cree que la asistencia debería limitarse solo a los ucranianos que viven en zonas de guerra activas. En otro sondeo, 49 % de los polacos se opone a cerrar las fronteras a más refugiados ucranianos, pero hay una mayoría importante (74 %) que apoya que los hombres ucranianos regresen a su país para luchar. Según el profesor Robert Staniszewski, de la Universidad de Varsovia, la percepción positiva inicial hacia los ucranianos ha disminuido y tiene una caída significativa. Informes de medios polacos y análisis públicos destacan un «trend bajista» en la ayuda. Gran parte de ciudadanos polacos sienten que el apoyo estatal es insostenible a largo plazo.

Para muchos polacos, la asistencia social, las prestaciones y la integración de tantos refugiados suponen una carga creciente para el Estado. Una de las quejas más frecuentes es que ciertos refugiados muestran lo que algunos llaman una «postura rogada» o de demandas constantes.

Según un estudio citado por Rzeczpospolita, solo el 1 % de las mujeres ucranianas plantea irse por la retirada de ayudas sociales. Más del 68 % de ellas dice que su empleo está muy por debajo de sus cualificaciones, debido principalmente a la barrera del idioma polaco y al reconocimiento limitado de sus títulos académicos ucranianos.

Si Polonia no cumple con el pacto cuando este entre en vigor (previsto para 2026), podría enfrentarse a procedimientos de infracción por parte de la Comisión. Una exención demasiado generosa para Polonia podría sentar un precedente incómodo para otros Estados reticentes, debilitando la eficacia del mecanismo de solidaridad europeo. Y una negativa rotunda pondría a Bruselas ante el dilema de imponer sanciones a un país que ya recibe a muchos refugiados, lo que podría generar una crisis política interna en la Unión Europea.