Pedro Sánchez saludando a Delcy Rodríguez en una foto de archivo
La iniciativa de Sánchez contra el odio que ya instauraron las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua
La idea de prevenir y perseguir el odio en redes sociales ha sido el argumento de las dictaduras hispanoamericanas para acabar con las críticas
Pedro Sánchez ha anunciado recientemente la puesta en marcha de un mecanismo institucional que permitirá «medir de forma sistemática la presencia, evolución y alcance» de los discursos de odio en las plataformas digitales recordando con esto los pasos dados por las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua en la instauración de sistemas de represión y censura.
Sánchez, fuertemente cuestionado por las sendas investigaciones judiciales contra su círculo político y familiar más intimo, parece resentir las críticas que la oposición y sus detractores en general emiten en redes sociales.
El nuevo instrumento, denominado por el Ejecutivo de Sánchez como Hodio se aplicará a través del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia con el objetivo de «sacar el odio de la sombra, hacerlo visible y exigir responsabilidades a quienes no actúan».
La idea no es nueva y ha sido parte de la estrategia para implantar la paz social por medio de la represión y la censura en las dictadoras de izquierda de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
A diferencia de Sánchez, las dictaduras de los Castro, Nicolás Maduro y Daniel Ortega dominaban sin ningún tipo de control la elaboración de las leyes por lo que no se limitaron a un observatorio del odio como el que por ahora tendremos en España.
La «tolerancia» del chavismo
En el caso de Venezuela, en 2005 entró en vigor la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, la cual fue reformada en 2010. Esta medida le sirvió a Hugo Chávez para perseguir a medios opositores, cerrando cientos de medios.
Ya en el 2017, con Nicolás Maduro en el poder, se promulgó la Ley contra el odio, la cual permite silenciar críticas de los medios de comunicación y ciudadanos en general a pesar de que el chavismo la justificó para «promover la tolerancia, la diversidad y prevenir el odio, la discriminación y la violencia en la sociedad venezolana».
La legislación venezolana vigente todavía bajo el actual mandato de la presidenta encargada Delcy Rodriguez, contempla penas de hasta 20 años de prisión para quien promueva o incite al odio o la violencia, sanciones a medios de comunicación so pena de ser multados o perder sus licencias de operación. La norma incluso establece sanciones contra partidos políticos con la posibilidad de la perdida del registro electoral si promueven actos de odio.
El modelo venezolano es reflejo del implantado por la dictadura de Cuba, donde Fidel Castro aprobó en 1999 una ley que establece penas de hasta 20 años de cárcel para quienes respalden las sanciones de Estados Unidos contra la isla caribeña.
Cadena perpetua contra «odiadores»
En el caso de Nicaragua, la denominada «ley de odio» se materializó a través de reformas constitucionales y al Código Penal aprobadas a principios de 2021 por la Asamblea Nacional, dominada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Las reformas introdujeron la pena de cadena perpetua para quienes cometan «crímenes de odio».
Opositores nicaragüenses han calificado estas medidas del régimen sandinista como un mecanismo para silenciar a los sectores críticos, temiendo que la definición de «odio» sea interpretada de manera subjetiva para castigar opiniones contrarias al oficialismo.
Además, esta normativa contra el odio usualmente se aplican en conjunto con la Ley Especial de Ciberdelitos que sanciona la «propagación de noticias falsas» o información que cause «alarma» en redes sociales, lo que también ha sido denunciado como un instrumento de censura.
A la fecha, más de 300 periodistas y reporteros gráficos nicaragüenses están en el exilio en Costa Rica, Estados Unidos, España y México.
