Nicolás Maduro posando ante las cámaras a su llegada a Nueva York
Maduro se declarará ante el juez sin dinero para pagar su defensa y solicitará que sea pagada por el Gobierno de Venezuela
La estrategia de la Defensa es demostrar la calidad de funcionario público de Maduro o en su defecto alegar la violación del derecho de la legítima defensa
Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, regresan este jueves a la Corte del Distrito Sur de Nueva York para su segunda audiencia tras su captura en enero, un proceso marcado por la denuncia de su defensa de un «bloqueo ilegal» de sus fondos para pagar a sus abogados.
Los abogados de la pareja, Barry J. Pollack y Mark E. Donnelly, presentaron un documento solicitando la desestimación de los cargos por razones procesales. Alegan que el Gobierno de EE.UU., a través de la oficina de control de activos (OFAC), revocó las licencias que permitían usar fondos venezolanos para sufragar su defensa, calificándolo de «error administrativo».
Aunque el Gobierno de Venezuela busca cubrir el pago, antes los abogados de Maduro deberán obtener una licencia de la administración estadounidense, debido a las sanciones de Washington contra el régimen venezolano y el propio Maduro.
Pollack argumentó en una comunicación dirigida al tribunal que este bloqueo de acceso a fondos públicos violaba el derecho constitucional de Maduro de tener representación legal de su preferencia.
«Al no permitir que el Gobierno de Venezuela pague los costos de la defensa del señor Maduro, la OFAC está interfiriendo con (...) el señor Maduro para contratar un abogado y, por lo tanto, con su derecho, bajo la Sexta Enmienda, a un abogado de su elección», escribió Pollack en una carta dirigida al tribunal con fecha del 20 de febrero.
La defensa del dictador venezolano también presentó declaraciones juradas de Maduro y Flores en las que aseguran no poder costear sus abogados y manifiestan su disposición a presentar pruebas financieras si el tribunal lo requiere.
Las acusaciones
Maduro está acusado de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos; y un cuarto delito de posesión de esas armas.
Asimismo, el dictador venezolano también es acusado de haberse aliado con movimientos guerrilleros, principalmente de Colombia, considerados «terroristas» por Washington.
En el caso de Flores está acusada de otros cuatro cargos relacionados: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.
Exigencia de sigilo
Por su parte, esta semana, la Fiscalía ha solicitado al juez que prohíba a los acusados compartir material probatorio con coacusados prófugos, entre ellos el aún ministro del interior de Venezuela, Diosdado Cabello; Ramón Rodríguez Chacín, exministro de Interior; el hijo del mandatario, Maduro Guerra; y Hector Rusthenford Guerrero Flores, alias «Niño Guerrero» y presunto líder de la organización criminal Tren de Aragua.
El Gobierno estadounidense argumenta que existe un «riesgo real de violencia» y que el entorno de Maduro podría utilizar la información para identificar y tomar represalias contra testigos y sus familias en Venezuela.
En su primera comparecencia, el 5 de enero, Maduro se declaró «no culpable» y se definió a sí mismo como un «prisionero de guerra», tras haber sido capturado en Caracas a principios de año por fuerzas especiales estadounidenses.
La audiencia de este jueves será clave para determinar si el juez Alvin Hellerstein acepta las peticiones de la defensa y la fiscalía o si el calendario procesal sigue su curso hacia un juicio histórico, que los expertos estiman no comenzará hasta dentro de uno o dos años, momento en el que el juez tendría 94 años.
La audiencia se realizará en momentos en que Washington fortalece con cautela su relación con Caracas e incluso el régimen de Delcy Rodriguez ya ha enviado diplomáticos a Washington para hacer efectiva el restablecimiento de relaciones diplomáticas.