El presidente de los EEUU, Donald Trump
Ofensiva judicial contra la Administración Trump para frenar el megaproyecto de BP en el Golfo de México
Diversas organizaciones civiles presentan una demanda para evitar la perforación del pozo Kaskida, advirtiendo de que el riesgo de desastre es hasta siete veces superior a la media justo cuando se cumplen 16 años de la tragedia del Deepwater Horizon
La Administración Trump se enfrenta a un nuevo frente legal. Este lunes, una coalición de grupos ambientalistas y civiles ha interpuesto una demanda contra el Gobierno de los Estados Unidos con el objetivo de bloquear el ambicioso proyecto de perforación en aguas profundas Kaskida, liderado por la petrolera British Petroleum (BP). La querella sostiene que la aprobación del plan incurre en la ilegalidad al ignorar riesgos técnicos extremos.
El proyecto Kaskida, valorado en 5.000 millones de dólares y aprobado por el Ejecutivo el mes pasado, pretende operar a unos 400 kilómetros de las costas de Luisiana. Las dimensiones del desafío técnico son colosales: BP planea perforar a 10 kilómetros por debajo del lecho marino, una distancia que supera la altura del Monte Everest.
Pese a que la compañía espera extraer unos 80.000 barriles de petróleo diarios a partir de 2029, los demandantes advierten de que la zona elegida es de «mayor riesgo» que la ubicación de la fatídica plataforma Deepwater Horizon.
La fecha elegida para presentar la demanda no es casual. Este 20 de abril se cumple el 16º aniversario de la explosión del Deepwater Horizon, el peor desastre petrolero en la historia del país. Aquel incidente costó la vida a 11 personas, devastó el ecosistema marino y destruyó miles de empleos en los sectores de la pesca y el turismo, generando pérdidas multimillonarias.
Según Earthjustice —organización que representa a grupos como Healthy Gulf, Sierra Club y el Center for Biological Diversity—, BP no ha podido demostrar que posea la experiencia ni el equipo certificado para operar con seguridad en las condiciones extremas de Kaskida.
La demanda destaca puntos críticos que, a juicio de los recurrentes, invalidan la aprobación gubernamental. Los informes técnicos sugieren que la posibilidad de una pérdida de control del pozo es entre seis y siete veces mayor que en los pozos típicos de aguas profundas.
Asimismo, los grupos aseguran que BP no ha demostrado capacidad de contención suficiente para frenar un vertido que podría alcanzar los 4,5 millones de barriles de crudo. La información requerida por ley para autorizar el proyecto está, según los demandantes, «ausente o presenta fallas significativas».
Brettny Hardy, abogada principal de Earthjustice, ha calificado la decisión del Gobierno como una «aprobación ilegal e insultante» que establece un estándar «peligrosamente bajo» para la industria energética en aguas públicas. «Nos veremos las caras con la Administración Trump en los tribunales», sentenció tras el anuncio del litigio.
