Nicolás Maduro posando ante las cámaras a su llegada a Nueva York
Cuánto puede costar la defensa de Maduro y por qué EE.UU. autoriza que la paguen todos los venezolanos
La defensa del dictador venezolanos argumentaba que la imposibilidad de pagar los honorarios vulneraba la Sexta Enmienda de la Constitución de EE.UU. y, por lo tanto, pedía desestimar del caso
El Gobierno de Estados Unidos, después de oponerse inicialmente, aceptó que el régimen de Venezuela pueda pagar los costos de la defensa legal de Nicolás Maduro y Cilia Flores en un juicio por narcotráfico que se prevé complejo, largo y, sobre todo, caro.
¿Qué hay detrás de este cambio de postura del Departamento de Justicia?
El argumento inicial de los fiscales estadounidenses era que Maduro y su mujer representaban una amenaza para la seguridad nacional de los EE.UU. y por esa razón no podía acceder a los cuantiosos fondos del negocio petrolero aún controlado por el régimen chavista. Sin embargo, la preocupación de fondo de los fiscales estadounidenses era que al permitir el uso de ese dinero público en su defensa, se admitiera de manera implícita algún tipo de investidura institucional para Maduro y su mujer.
Maduro ha alegado ante el tribunal que él es el «presidente de Venezuela» y se autodenomina «prisionero de guerra», por lo que el hecho de pagar su defensa con fondos públicos venezolanos podría reforzar este argumento.
Finalmente, los fiscales del Departamento de Justicia han considerado que permitirle el acceso a fondos públicos era menos arriesgado que el hecho de que el juez pudiera considerar que su derecho a la legítima defensa no estaba garantizado y, con ello, desestimar el caso.
Durante la última audiencia, el veterano juez Alvin Hellerstein se mostraba escéptico ante los argumentos del Departamento de Estado para mantener las sanciones que bloqueaban el acceso a fondos públicos venezolanos, señalando que, tras su captura y traslado a EE.UU., el matrimonio ya no representaba «una amenaza para la seguridad nacional».
Previamente, la defensa de Maduro, liderada por el abogado Barry Pollack, había argumentado que la imposibilidad de pagar los honorarios vulneraba la Sexta Enmienda de la Constitución de EE.UU., que garantiza el derecho de todo acusado a elegir a su representante legal y, por lo tanto, pedía la desestimación del caso.
Con este cambio de postura, el Departamento de Justicia cierra la puerta a una posible desestimación y mantiene a Maduro en una cárcel federal de Brooklyn mientras dure el caso, que podría durar entre uno o dos años.
Los abogados se frotan las manos
Tomando en cuenta los altos costos legales para este tipo de casos en Nueva York, los abogados de Maduro podrían facturar entre 5 y 10 millones de dólares anuales.
Por ejemplo, en el caso del narcotraficante mexicano Joaquín «El Chapo» Guzmán, que duró aproximadamente dos años, se estima que los gastos legales de su infructuosa defensa ascendieron a unos cinco millones de dólares.
Tras su extradición en 2017, Guzmán fue representado inicialmente por abogados de oficio, ya que no disponía de abogados privados en Nueva York en ese momento. Luego conformó un equipo legal liderado por Jeffrey Lichtman y los abogados Eduardo Balarezo y William Purpura.
En otro caso similar contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, extraditado en 2022 y condenado en 2024, se estima que su defensa legal habría costado unos cuatro millones de dólares.
En aquella ocasión, la familia de Hernández lanzó campañas de recolección de fondos a través de plataformas como GoFundMe para cubrir los gastos legales, argumentando que las cuentas bancarias de la familia en Honduras habían sido congeladas por el Gobierno.
