De Saif Abu Keshek a Barcelona o cómo ser terrorista y un respetable ciudadano español

Esta semana el juez encargado del caso de la Flotilla decidirá si da carpetazo al asunto o somete a Saif Abu Keshek a juicio. La acusación previsible sería la de pertenencia a organización terrorista, en cuyo caso su repatriación a España no sería inmediata ni factible.

Con ciudadanía española, Abu Keshek es miembro activo del Comité Popular Palestino en el Exterior (PCPA), organización declarada terrorista por Estados Unidos y otros países y considerada un brazo o prolongación de Hamás fuera de Israel. El Gobierno de Jerusalén recuerda que este hombre empadronado en Barcelona nació en Nablus y no es «un activista inocente, sino un individuo con conexiones probadas con el terrorismo».

El ciudadano hispano-palestino hace un año fue expulsado de Egipto, tras ser arrestado, cuando intentaba montar «La Marcha hacia Gaza» a través del cruce de Rafah. Sus antecedentes y su militancia activa con los grupos mencionados no son desconocidos por el Gobierno. Israel ha mantenido relaciones fluidas e intercambiado información durante décadas con España. Moncloa sabía y sabe quién es este individuo pegado a una kufiya, pero parece preocuparle más su detención que tener en Barcelona a un sujeto de semejante catadura y potencial.

La seguidilla de flotas con destino a la Franja, como la que ha organizado Abu Keshek a sabiendas de que jamás llegaría a destino, no responde a una misión humanitaria. Como insiste Israel, la iniciativa es una «provocación» para echar más leña al fuego en una zona donde, a estas alturas, resulta difícil asimilar –pese a la barbarie de Hamás, Hezbolá, la Yihad Islámica y sus afines– los medios utilizados por un Estado y un pueblo que ha sufrido el exterminio y suplicios hasta extremos inimaginables.

España tiene en su historia un triste expediente de actividades terroristas con cerca de un millar de muertos solo de ETA. La colaboración internacional fue determinante –sumada al trabajo de las fuerzas policiales y de seguridad del Estado– para obligar a la banda a dejar las armas. Hoy no son pocos los familiares de los muertos y heridos que sienten «que hemos perdido», como lamenta Maite Araluce, presidenta dela Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Los etarras reciben homenajes, están en las instituciones, forman parte de los pactos del Gobierno de Sánchez y, con subterfugios, se les condonan las penas y anticipan su libertad.

Las relaciones entre Israel y España atraviesan uno de sus peores momentos desde que el presidente del Gobierno descubrió que arremeter contra su socio –y también contra Estados Unidos– le resultaba funcional a sus intereses. El Gobierno de Benjamin Netanyahu tampoco ha sido ni es ejemplar con su proceder en Gaza, Cisjordania y el Líbano, pero por muchas críticas que se le puedan hacer, nada justifica que desde Madrid se proteja, se impulse y se utilice a aquellos que actúan, hablan y se amparan bajo el paraguas del terrorismo.