Radiografía del régimen talibán al que Bruselas abre la puerta: apartheid de género, represión y crisis humanitaria

Con la máxima discreción posible, una delegación del régimen de los talibanes viajó este martes hasta Bruselas para reunirse con miembros de la Comisión Europea, así como con representantes de otros 15 estados miembros. La reunión tuvo lugar en un hotel de la capital comunitaria para evitar que los fundamentalistas fueran vistos por los pasillos de las instituciones europeas, corazón de la UE, que se afana por presentarse como garante de los derechos humanos. Desde su llegada al poder en agosto de 2021, Bruselas no reconoce al régimen fundamentalista que, en la práctica, ejerce un apartheid de género contra las niñas y las mujeres.

El polémico encuentro de este martes estuvo centrado en la inmigración. Países como Dinamarca, Alemania, Suecia o Bélgica buscan poder repatriar a los inmigrantes afganos ilegales con delitos a su país de origen y, a través de un acuerdo con los talibanes, el proceso sería mucho más fácil y rápido. Berlín ya ha empezado a deportar personas a Afganistán y tiene programados unos tres vuelos chárter al mes. Pero, a cambio de su cooperación en materia de inmigración, los fundamentalistas han exigido contar con una «representación consular» en la capital belga, lo que significaría un paso más para su reconocimiento como Gobierno del país asiático.

En 2021, los talibanes se presentaron al mundo con un discurso de tolerancia y respeto a las minorías. Esta fantasía se desvaneció rápidamente cuando, entre sus primeras medidas, los islamistas prohibieron a las mujeres cursar estudios universitarios. Poco después llegó también una ley que dejaba fuera de los colegios a todas las niñas a partir de los 12 años y el veto a trabajar en ciertas profesiones. Los talibanes han ido imponiendo así su férreo control sobre la sociedad, pero con especial odio hacia las mujeres y las minorías religiosas. La ONU define abiertamente a Afganistán como un «cementerio de los derechos humanos». El pasado mes de enero, la persecución contra el colectivo femenino se intensificó con la aprobación de un nuevo código penal que dejó negro sobre blanco que la vida de las mujeres valía menos que la de una oveja.

La nueva normativa –119 artículos, tres capítulos y diez secciones– de los extremistas islámicos establece, entre otros muchos agravios, una pena de cinco meses de cárcel por maltratar a una oveja, un camello o un pollo, mientras que por romperle una extremidad a una mujer la pena es de tan solo 15 días. «Si un marido golpea a su esposa con golpes excesivos que le causan fracturas, lesiones o la aparición de hematomas en el cuerpo, y la esposa prueba su reclamación ante el juez, el marido será considerado un delincuente; el juez lo condenará a quince días de prisión», se puede leer en la normativa. También se ha legalizado el matrimonio infantil, una práctica habitual en el Afganistán de los talibanes.

Las mujeres, además, tienen prohibido acudir a gimnasios, peluquerías, parques o cualquier espacio público sin la compañía de un varón. Tampoco se les permite cantar, bailar o incluso hablar en la calle. Dentro de su propio hogar, no pueden asomarse a las ventanas, por lo que se las ha recluido en el interior de las casas, haciendo su presencia prácticamente invisible. Los pocos oficios a los que podían tener acceso, como los de matronas y enfermeras, también les han sido prohibidos, poniendo en peligro la salud de hasta 20 millones de personas en el país asiático, ya que las mujeres tienen vetado ser atendidas por médicos hombres. Todo esto, en palabras de Naciones Unidas, supone la ejecución de un apartheid de género.

La represión, la tortura, las detenciones arbitrarias y las ejecuciones extrajudiciales han ido en aumento desde la llegada de los fundamentalistas al poder. Sin ir más lejos, la semana pasada los talibanes abrieron fuego contra un grupo de mujeres que se manifestaban en la ciudad occidental de Herat en contra de la imposición del burka. Cientos de ellas fueron detenidas y maltratadas. En el plano económico, Afganistán sufre una crisis humanitaria sin precedentes: en torno al 85 % de su población vive por debajo del umbral de la pobreza, según datos de la ONU. En junio de 2025, Unicef calculó que el 90 % de los menores vivían en situación de pobreza alimentaria, la mitad de ellos en grado extremo y en torno a cuatro millones de niños menores de cinco años y de mujeres embarazadas y lactantes sufrían desnutrición aguda.