María Lourdes Afiuni, la jueza torturada y «presa personal de Chávez» que Delcy Rodríguez mantiene detenida
La magistrada, hoy en prisión domiciliaria, fue secuestrada el 10 de diciembre de 2009 sin orden de arresto y trasladada a una prisión de máxima seguridad. La ONU, la oposición y organizaciones civiles nacionales e internacionales piden que la liberen
María Lourdes Afiuni, la jueza perseguida por Hugo Chávez, Nicolás Maduro y ahora Delcy Rodríguez
La historia de María Lourdes Afiuni no es una entre el millón de las que podemos conocer de Venezuela. La historia de esta jueza encarcelada, torturada con saña y violada, por no acatar las órdenes ilegales de Hugo Chávez, es la historia de la barbarie, del abuso, de la crueldad y de la injusticia llevada a su máxima expresión.
El origen de esta historia, que es su biografía, comienza cuando a la magistrada del Tribunal 31 de primera instancia de control del Circuito Judicial Penal de Caracas le llega el caso de Eligio Cedeño, un empresario y banquero que llevaba tres años detenido sin juicio. En concreto, desde febrero de 2007.
Hugo Chávez quería mantener entre rejas a toda costa a Cedeño y así se lo hizo saber a la jueza. La magistrada estudió el caso y atendió a la ley y a las recomendaciones del grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria. Acto seguido, adoptó la decisión que en justicia debía tomar: libertad condicional. El problema es que Cedeño, acusado de irregularidades financieras, sabía lo que podía pasar y se dio a la fuga.
María Lourdes Afiuni, la jueza acorralada por Chávez, Maduro y ahora Delcy Rodríguez
Cumplir con la ley fue el peor error que cometió María Lourdes Afiuni si quería seguir en libertad ejerciendo su magistratura y evitar ser sometida a suplicios inhumanos.
La venganza de Chávez, con la complicidad de la por entonces fiscal general del Estado, Luisa Ortega –hoy «exiliada» en Madrid–, fue inmediata. Afiuni fue secuestrada el 10 de diciembre de 2009 sin orden de arresto y trasladada a una prisión de máxima seguridad para mujeres.
En la parodia de juicio, interminable que se celebraría, la magistrada describiría con una fortaleza sorprendente las atrocidades a las que la habían sometido. Además de meterla con 24 presas comunes a las que había condenado, guardianes y reclusas la sometieron a palizas brutales, quema de cigarrillos en la piel (27 cicatrices lo demuestran) y violaciones en cadena en la celda de 2 por 2 donde la mantenían encerrada, como describió también su abogado, José Amalio Graterol.
Los suplicios más graves se produjeron durante su internamiento en esa prisión, en 2009, en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), más conocido como «La Crisalida».
El resultado de aquella reclusión fue un cuerpo marcado para siempre, un embarazo seguido de aborto y varias cirugías. Tenía el útero destrozado y desmembramiento de órganos genitales.
A María Lourdes, popularmente conocida como «la presa de Chávez», le tuvieron que practicar una histerectomía y reconstruirla por dentro. Por fuera, resistía, como sigue resistiendo hoy después de que se le detectara un cáncer.
Hugo Chávez, el caudillo bolivariano, pidió para ella 30 años de prisión efectiva. Fue condenada a cinco por un delito insólito e inexistente en el Código Penal venezolano: «Corrupción espiritual». Traducido a la jerga bolivariana, corrupción sin dinero.
Durante el farragoso, deliberadamente retrasado e irregular proceso judicial, María Lourdes logró la libertad condicional circunstancialmente para terminar, hasta hoy, en arresto domiciliario.
La situación era –y es– tan surrealista que hasta Noam Chomski, con simpatías apasionadas por el régimen bolivariano, pidió su liberación para hacer honor a «los valores revolucionarios».
María Lourdes Afiuni, de 63 años, lleva 16 detenida en Caracas. Ni el doble terremoto ha conseguido que Delcy Rodríguez, la «presidenta encargada» y ex vicepresidenta que controlaba y controla el SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia), así como las dependencias y centros de tortura venezolanos, tenga compasión de ella.
Tampoco considera la dictadura tutelada por la Casa Blanca, que pueda aplicársele la Amnistía bolivariana que dictó este año la sucesora de Nicolás Maduro, a la que la Administración Trump quiere blindar con inmunidad judicial por su condición de «jefa del Estado».
La jueza que durante estos años de reclusión además fue expulsada de la judicatura, tiene prohibido conceder entrevistas, debe permanecer en silencio frente a la prensa que logre visitarla y no hacer declaraciones en redes que puedan servir de excusa para devolverla a otro calabozo.
La condena que finalmente, diez años después de su secuestro, le impusieron, en 2019, fue de cinco años. La ha cumplido sobradamente, pero María Lourdes Afiuni sigue detenida sin causa.
Liberar a la magistrada significaría poner en entre dicho la validez de lo que se conoce como «efecto Afiuni» que mantiene amordazados a los jueces independientes venezolanos por temor a seguir su suerte. Liberarla supondría que los restos del naufragio del Poder Judicial podrían salir a flote y revelarse contra una dictadura que gana terreno en su objetivo de supervivencia y maquillaje internacional.
La International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI), Lawyers for Lawyers, Judges for Judges, Amnistía Internacional, Human Rigths Watch y otras organizaciones volvieron a exigir esta semana que se ponga fin a la persecución y confinamiento de María Lourdes Afiuni, cuyo único delito fue cumplir y hacer cumplir la ley.
