De Ceuta a La Habana: la proyección fallida de España

El enigmático Lord Varys, personaje de Juego de Tronos, nos regaló una definición del poder cuyo valor radica en su ilustrativa simpleza: «El poder reside donde los hombres creen que reside. Es un truco, una sombra en la pared. Y un hombre muy pequeño puede proyectar una sombra muy grande». Su materialización en el terreno de las relaciones internacionales puede verse, por ejemplo, en los últimos acontecimientos que involucran a España y Marruecos .

El país africano logró colar en las páginas de un informe del Congreso de Estados Unidos a Ceuta y Melilla como territorios suyos administrados por España, con la misma destreza con que, días después, consiguió colar también la mayor ola migratoria de la historia reciente de la ciudad autónoma de Ceuta. Sin embargo, reprochar a Marruecos que se comporte como Marruecos carece de sentido. Rabat lleva décadas persiguiendo un objetivo declarado y utiliza los instrumentos de que dispone para proyectar su sombra sobre la pared. Lo anómalo no es su conducta, sino cualquier sorpresa ante ella.

Si el poder reside donde los demás creen que reside, la influencia de un Estado depende en buena medida de la imagen de fortaleza o debilidad que proyecta. España y su modo de estar y entenderse a sí misma en el mundo, proyecta una sombra menguante. Ello se aprecia incluso mejor al otro lado del Atlántico.

El informe que sitúa a Ceuta y Melilla en Marruecos salió de la oficina de Mario Díaz-Balart, un halcón de la política norteamericana descendiente de una notable familia cubana exiliada. Este congresista que fundó en 2011 el caucus de Marruecos en el Capitolio es, desde hace treinta años, uno de los arquitectos de la política norteamericana hacia Cuba, otro escenario donde España se ha visto obligada recientemente a retirarse.

Las sucesivas medidas tomadas contra el régimen cubano por la Administración Trump, que presumiblemente pasaron por el mismo despacho de Díaz-Balart que el informe sobre nuestras ciudades autónomas, acabaron en unos meses con las tres décadas durante las cuales grandes cadenas españolas gestionaron alrededor del 35 % de la capacidad hotelera de Cuba. En el hueco que dejan ya tienen puestos sus ojos las norteamericanas Marriott, Hilton, Hyatt y Wyndham, que no tendrán que construir nada porque heredarán instalaciones levantadas y amortizadas por otros.

Esas empresas españolas no fueron desplazadas por un competidor mejor, sino que salieron porque su posición dependía íntegramente de dos variables que no controlaban: la supervivencia del régimen cubano, su aliado, y la tolerancia de Washington hacia esa relación. Las empresas alquilaron a la dictadura una porción del país que esta les cedió porque le convenía y mientras tanto, aplicaron medidas que excluyeron a los cubanos del disfrute de las instalaciones hoteleras, pagaron salarios irrisorios a sus trabajadores y operaron en un mercado que no funcionaba con las leyes del mercado, sino con las de la mafia. Acompañar a un régimen como el cubano, lejos de proporcionar influencia sobre él, es un puesto seguro para participar en su descrédito.

Para proteger los intereses de estas y otras empresas en Cuba, sucesivos gobiernos españoles aplicaron a La Habana la misma lógica con la que han tratado a Rabat: la del «socio fiable» al que conviene apaciguar a toda costa. Recuerdo haber escuchado en más de una ocasión, de boca de funcionarios españoles, que, aun lamentándolo, para ellos era prioritario salvaguardar la posición de España y de sus empresas en la isla antes que defender los derechos humanos de millones de cubanos, con quienes, paradójicamente, los unían vínculos incluso familiares. La cosecha, para sorpresa de nadie, ha sido la misma tanto con La Habana como con Rabat.

Con malas decisiones y no mejores alianzas, es ilusorio esperar buenos resultados a largo plazo y la actual proyección internacional de España lo demuestra. Durante décadas, su influencia en Hispanoamérica descansó sobre dos supuestos igualmente frágiles: que la lengua y la historia compartidas generaban una ventaja por sí solas, y que la relación podía gestionarse como una prolongación de la política interna, sustituyendo intereses nacionales por afinidades ideológicas. Esa lógica, y su dimensión económica, entre otros elementos, ha hecho que, por ejemplo, Telefónica sea sustituida en mercados de la región por Millicom, con sede en Luxemburgo.

Los vínculos históricos y culturales proporcionan una ventaja, pero no garantizan el éxito per se, puesto que la cultura crea una proximidad que no necesariamente se traduce en influencia. Confundir ambas cosas es una de las razones por las que España ha ido perdiendo capacidad de maniobra mientras otros países, con menos vínculos históricos con la región, como China, han ocupado el espacio.

Estados Unidos, entretanto, ha actuado conforme a sus propios intereses, como cualquier gran potencia. Esperar deferencia de la Administración Trump hacia una España que proyecta debilidad, con un Gobierno atenazado por casos de corrupción, incapaz de aprobar siquiera un presupuesto que garantice su funcionamiento, replegado de posiciones estratégicas y alineado en no pocas ocasiones con actores enfrentados a Washington; es confiar en que otros otorguen el respeto que uno mismo ha dejado de inspirar.

Salir de este punto exige, al menos, tres decisiones que deben tomarse en Madrid: la primera, devolver la política exterior a la condición de política de Estado, con continuidad entre gobiernos y objetivos que sobrevivan a las alternancias electorales; la segunda, desligar la presencia española en la región iberoamericana de la supervivencia de autocracias y anclarla en sociedades civiles, instituciones, sectores económicos y gobiernos democráticos –empezando por Cuba, tan espiritualmente cercana a España–; la tercera, aceptar que la integridad territorial se defiende con capacidades, presencia relevante en los foros internacionales de primer nivel y aliados capaces de activarse con energía ante las crisis.

España no ha sido víctima de una conjura, sino que ha tomado durante años, malas decisiones que la han puesto en la posición actual. Ha permitido que otros proyecten sombras cada vez más grandes sobre paredes que durante mucho tiempo creyó propias. La buena noticia es que las decisiones se pueden cambiar y quizás el primer paso sea volver a entender que, en política internacional, no basta con tener razón o legitimidad, también hay que tener poder para que los demás sepan que se tiene.