Maduro ya no está, pero la estructura represiva permanece: el sofisma del «cambio de condiciones» en Venezuela
El país requiere que la justicia alcance a toda la cadena de mando y que la transición conduzca a instituciones libres, elecciones auténticas y garantías para cada ciudadano
Familiares de presos políticos, en una protesta para exigir su liberación frente a la Fiscalía General de la República, Caracas
La reciente decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos (BIA, por sus siglas en inglés), dictada el 4 de septiembre, ha encendido una alarma legítima en el exilio venezolano. La resolución considera que la salida de Nicolás Maduro del poder, ocurrida el 3 de enero de 2026, y la transferencia de la autoridad ejecutiva constituyen un cambio relevante de las condiciones del país. En consecuencia, ordena revisar nuevamente el caso de asilo que tenía ante sí, con atención a los riesgos particulares que enfrenta la persona solicitante.
La captura y extracción de Nicolás Maduro, su traslado bajo custodia y el curso judicial abierto en Estados Unidos representan un paso significativo hacia la recuperación de la democracia venezolana. Venezuela necesita que los responsables de graves crímenes rindan cuentas. También requiere que la justicia alcance a toda la cadena de mando y que la transición conduzca a instituciones libres, elecciones auténticas y garantías para cada ciudadano.
Sin embargo, la caída de un capo no equivale al desmantelamiento del sistema que sostuvo su poder. Para quienes hemos padecido la persecución en carne propia, esa diferencia resulta decisiva. El 19 de febrero de 2015, mientras ejercía como alcalde metropolitano de Caracas, fui secuestrado en mi despacho por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). En la madrugada del 1 de agosto de 2017, fui sacado brutalmente de mi arresto domiciliario y llevado nuevamente a la cárcel militar de Ramo Verde. Aquellas operaciones respondían a una maquinaria con mandos, cuerpos de Inteligencia, operadores judiciales y redes políticas. Esa maquinaria excedía la figura de Maduro.
La propia decisión del BIA admite un punto esencial: el reemplazo de una autoridad nacional no elimina por sí solo el temor fundado de persecución. Los funcionarios, instituciones, fuerzas de seguridad y demás actores vinculados al régimen de Maduro, siguen siendo elementos pertinentes para valorar cada caso. Allí reside la cuestión venezolana. Delcy y Jorge Rodríguez, con el respaldo de Diosdado Cabello, del general Gustavo González López y de las estructuras que han acompañado al régimen a lo largo de estos últimos 27 años, conservan parcelas determinantes de poder. El país vive una mutación política cuya profundidad debe medirse a partir de hechos verificables; los anuncios y las expectativas resultan insuficientes.
Esos hechos están a la vista. A finales de agosto, el Foro Penal registraba 328 presos políticos, civiles y militares, en Venezuela. Persisten las restricciones judiciales que mantienen a miles de ciudadanos bajo amenaza, vigilancia y limitaciones de sus derechos. Siguen vigentes instrumentos normativos utilizados para acosar a la disidencia, entre ellos la llamada Ley contra el Odio, la Ley Simón Bolívar y la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines. También subsiste un aparato judicial que ha servido para criminalizar la protesta y vaciar de garantías el debido proceso.
La memoria de las Operaciones de Liberación del Pueblo, de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y de las ejecuciones denunciadas en barriadas de Caracas y comunidades del estado Miranda, obliga a mirar con rigor la continuidad de esos cuerpos armados. La Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana incorporó unidades provenientes de las antiguas FAES; el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y la Dirección General de Contrainteligencia Militar conservan una capacidad de intimidación que debe ser examinada en toda solicitud de protección internacional. A ello se suma la presencia de grupos civiles armados y de redes de control político («Patriotas Cooperantes») en comunidades de todo el país. Son los mismos responsables de la masacre que segó la vida del inspector Oscar Pérez y de sus compañeros refugiados en una vivienda de la parroquia El Junquito, en Caracas; los mismos señalados de planificar sicariatos como el secuestro y asesinato del teniente Ronald Ojeda en Chile.
La discusión migratoria exige precisión jurídica y sensibilidad humana. Cada expediente de asilo debe ser valorado según sus pruebas, sus antecedentes y el riesgo concreto de quien pide protección. Esa es la tarea de los jueces. Una evaluación seria también debe determinar si quienes persiguieron ayer mantienen poder, acceso a información, armas, centros de reclusión o capacidad de represalia. La respuesta, en demasiados casos, sigue siendo afirmativa.
La discusión migratoria exige precisión jurídica y sensibilidad humana
Estados Unidos ha desempeñado un papel relevante al abrir una vía de presión y de acompañamiento a la transición venezolana. La reapertura de canales diplomáticos, los esfuerzos para la recuperación económica y las conversaciones encaminadas a elecciones democráticas pueden contribuir a la reconstrucción nacional, siempre que se vinculen a exigencias claras de verdad, justicia y libertad. La seguridad de las víctimas y de los perseguidos debe ocupar un lugar central en esa agenda.
Por ello, exhorto respetuosamente a los jueces de inmigración y a las autoridades estadounidenses a mirar a Venezuela en toda su complejidad. El arresto de Maduro abre una oportunidad que los venezolanos debemos aprovechar. La protección de quienes huyeron de la persecución exige, al mismo tiempo, reconocer que la estructura criminal y represiva aún conserva capacidad de daño. La democracia llegará cuando la justicia alcance a todos los responsables, las cárceles se vacíen de presos políticos y el Estado vuelva a servir a la libertad.
