Persisten: el hambre y la dictadura en Venezuela

Antes de exponer aquí algunos pocos y reveladores datos sobre el hambre y la subalimentación en Venezuela, provenientes de fuentes diversas, expertas y confiables, quiero referirme a la dolorosa experiencia de millones de familias venezolanas que, aproximadamente desde el 2010, han ingresando paulatinamente en las realidades del hambre y la desnutrición.

Del hambre se habla, en la mayoría de las oportunidades, con la desnutrición como preocupación principal. Como si el hambre solo tuviese consecuencias físico-biológicas. Esa perspectiva elude una realidad que se mantiene silenciada: la vergüenza que experimentan sus víctimas, especialmente los padres y jefes de familias, cuya entereza se resiente cuando no logran proveer a sus hijos o a las personas bajo su responsabilidad, de los alimentos mínimos necesarios.

Las secuelas del hambre en la conducta y la psique producen hondas heridas, muchas veces silenciosas: lesionan la dignidad de los hambrientos; provocan sentimientos de fracaso o insuficiencia personal; estimulan el aislamiento social y la separación efectiva entre unos y otros; apartan a las personas de la interacción social; generan apatía hacia los hechos del entorno; convierten las realidades del debilitamiento y el cansancio corporal en desánimo y decaimiento afectivo.

Tan poderosa y extendida es esta realidad, que a lo largo de la última década, numerosos fotógrafos han retratado el hambre en sus más dramáticas variantes: niños y adultos abalanzándose sobre contenedores de basura; imágenes de neveras vacías dentro de los hogares; personas que caminan por las calles del país, delgadísimos, venidos a menos, cabizbajos; ancianos en colas que se extienden por centenares de metros, para entrar en un comedor social para recibir un plato de comida.

La destrucción de la economía que ha ejecutado la dictadura, no solo ha causado la liquidación de miles de empresas; no solo ha tenido como consecuencia el brutal declive de los emprendimientos y la casi desaparición de los empleos; no solo ha generado una paralización de sectores enteros de la economía, sino que ha generado otros dos factores indisociables, ambos activos promotores del hambre: de una parte, la inflación, que ha elevado el costo de los alimentos –estoy hablando de los alimentos mas básicos de la cesta familiar– a unos precios fuera de toda proporción: hasta veinte veces por encima de su promedio en el ámbito mundial. Hablo de un país en el que un paquete de espaguetis de 500 gramos llegó a costar 15 dólares en el 2017 y 2018, es decir, 10 veces su costo en la mayoría de los países de América Latina.

Asociado a lo anterior, están los fenómenos de la escasez y la carestía de alimentos en abastos, supermercados y mercados del país, especialmente entre los años 2015 a 2020, en los que cientos de miles de venezolanos hacían colas desde la noche anterior, para comprar algo con lo que alimentar a sus hijos, lo que fuera, lo que se consiguiera. No más que «algo» porque no se sabía qué habría en las estanterías.

En los últimos años, varios gabinetes de economistas que han estudiado el capítulo de las remesas y las han estimado entre 5000 y 6000 millones de dólares anuales, el monto de dinero que los venezolanos que huyeron del país envían sus familiares para que puedan alimentarse y adquirir medicamentos.

No obstante, se trata de una cuantificación parcial, a la que habría que sumar un segundo factor: el envío de cientos y cientos de miles de toneladas de alimentos, medicamentos y otros bienes básicos, mes a mes, que bien sumar un monto equivalente a las remesas estimado. Este capítulo es otra pieza reveladora del vertiginoso aumento del hambre y la desnutrición en Venezuela.

¿Y qué dicen las cifras? ¿Se corresponden con nuestras percepciones y experiencias? Malas noticias: resultan mucho peores, porque hacen patente que subalimentación y desnutrición han sido y son realidades que afectan al territorio entero, producto de la perversa y aniquiladora gestión económica de la dictadura. Hambre y dictadura son indisociables.

Solo algunos datos, por sí mismos estremecedores: la Encuesta de Condiciones de Vida –ENCOVI–, correspondiente a 2016 mostró que más de 74% de la población perdió un promedio de 8,7 kilos de forma involuntaria, producto de la doble reducción de cantidad y calidad de los alimentos. ¿Podía empeorar? En 2017, 64% de los encuestados había perdido un promedio de más de 11 kilos, al tiempo que se producía una reducción extrema del consumo de proteínas y un aumento desmedido de harinas: maíz, yuca y trigo. De esto trata, a fin de cuentas, la política económica de la narco dictadura: promover una sociedad reducida a la ingesta exclusiva de carbohidratos.

Este dato retrata a la dictadura: en el periodo 2019-2020, la pobreza por ingresos alcanzo a 96% de los hogares. Casi 80% vivía bajo estándares de pobreza extrema, lo que significa que no tenían cómo adquirir los alimentos de la canasta básica.

En este siniestro panorama, solo 3% de los hogares no estaban en situación de inseguridad alimentaria (seguramente funcionares gubernamentales, directivos del PSUV y enchufados). En esos mismos estudios se levantaba la más alarmante advertencia: 21% de los menores de 5 años padecía riesgo de desnutrición, y 8% calificaban en la categoría de subalimentación aguda, con sus trágicas consecuencias: desnutrición crónica, bajo peso y baja talla para las respectivas edades.

Las mínimas variaciones que se han producido en años posteriores son eso: mínimas. Entre 78 y 89% de los hogares sufren algún nivel de inseguridad alimentaria. En muchas de estas familias la cotidianidad tiene un componente perturbador: no pueden hacer tres comidas diarias: a veces dos, a veces solo una. Algunos días, ninguna.

El desagrado y rechazo que han producido las aseveraciones gubernamentales en el encuentro de la FAO, en Roma, en el Foro Mundial de la Alimentación hace dos semanas, tiene argumentos: la mínima disminución de la hambruna extrema no es consecuencia de que hayan cambiado los factores causales. Al contrario, en los últimos meses, la lentitud en el proceso de transición hacia la democracia, el que todavía se mantengan encerrados más de 300 presos políticos, el que no se vean avances nítidos en las reformas de los poderes judicial y electoral, tiene un producto neto: la paralización total o casi total de la economía, de las inversiones, de los proyectos. Las familias carecen de ingresos, la dependencia de las remesas se incrementa, la inflación continúa reduciendo la capacidad de compra, realidades que son nacionales, pero que en algunas regiones del territorio son todavía más dramáticas.

En el reportaje publicado en El Nacional el 22 de octubre, más cifras vienen a ratificar que el asedio del hambre y la desnutrición siguen campantes. En 56% de los hogares, reporta Consultores 21, no saben si tendrán con qué cenar o si al día siguiente dispondrán de algún alimento: ¿acaso es posible o tolerable una situación tan infame como esta? ¿No es una razón, poderosa e incontestable, de que la dictadura se acabe de inmediato?