Foto de archivo de la policía belga
Bélgica aprueba las redadas anti inmigración en los domicilios sospechosos
La Policía podrá entrar entre las 5 y las 9 horas en las viviendas donde resida alguien a quien se le ha denegado el derecho de asilo
El Parlamento federal de Bélgica ha aprobado este viernes la controvertida ley que permitirá a la Policía entrar en determinadas horas en los domicilios donde residan inmigrantes irregulares a quienes se les haya rechazado el permiso de asilo.
La nueva normativa permite a los agentes de la Policía Federal irrumpir en los domicilios entre las 5 de la madrugada y las 9 de la mañana. Para poder sacarla adelante, el Gobierno, encabezado por los nacionalistas flamencos dirigidos por el primer ministro Bart de Weber establecieron como requisitos que la persona a la que se busque haya desobedecido las órdenes de salida del país y sea considerada como una «amenaza pública».
Trataba de esta manera que la ley, que se enmarca dentro de un conjunto de leyes que pretenden incrementar la lucha contra la inmigración ilegal en Bélgica. La alta presencia de personas extranjeras con familia en el exterior y la cercanía al Canal de la Mancha hacen de este país centro europeo un foco de inmigración irregular.
Porque el Gobierno de De Weber necesitaba a toda costa sacar adelante esta ley antes de que en la mañana de este viernes el Rey de los Belgas, Felipe de Bélgica, recibiera al primer ministro para explicarle su decisión después de Bart de Weber hubiera presentado su dimisión el pasado lunes. Una derrota en esta ley, es decir, sin Presupuestos y fuerza para sacar adelante las leyes anti inmigración, habría sido un boleto asegurado hacia la salida del Gobierno.
De ahí que, el debate y las negociaciones para aprobar la ley anti inmigración se hayan alargado hasta las 4 de la madrugada, cuando finalmente ha recibido el visto bueno de la cámara belga. De igual modo, y seguramente por mera coincidencia, el Rey ha rechazado la dimisión de De Weber unas pocas horas después y le ha encargado que siguiera negociando los Presupuestos belgas.
La Ley contra la inmigración irregular había sido muy contestada por distintas organizaciones sociales, incluida Amnistía Internacional, quien calificaba la norma como de «inconstitucional» ya que también podría afectar a quienes alojan a los inmigrantes indocumentados. Incluso se habían organizado cadenas humanas y manifestaciones en distintas ciudades belgas.
Finalmente la garantía de que la redada policial debía de contar con autorización judicial, la presencia de un funcionario de inmigración y la acotación a cuatro horas al día, inclinó definitivamente la balanza, la ley fue aprobada y el primer ministro salvó un bache más.
