09 de agosto de 2022

Agentes de servicio de la Policía Municipal de Gijón

Agentes de servicio de la Policía Municipal de Gijón

Motor y sucesos

La multa que un policía municipal de Gijón puso y quitó a su Renault Clio en cuestión de minutos

En Gijón ya es obligatorio llevar la etiqueta medioambiental a la vista en el coche

La política va mucho más allá de lo que nosotros pensamos. En este caso se trata de una historia de lo más insólita en la que un policía municipal de Gijón se autopone y autoquita una multa en cuestión de minutos.
El relato comienza el 1 de junio cuando en Gijón entra en vigor una nueva normativa municipal que obliga a todos los coches a llevar puesta y visible la etiqueta medioambiental para circular por la ciudad.

Contradice a la alcaldesa

La alcaldesa de la localidad, Ana González, declaró en comparecencia pública el pasado 6 de junio que todavía no se había multado a ningún automóvil por esta circunstancia.
A raíz de estas declaraciones y a través de redes sociales salió a la luz una denuncia supuestamente puesta el 5 de junio a las 11:53 horas a un Renault Clio por no llevar la etiqueta medioambiental visible, por lo cual era sancionado con 90 euros, 54 euros por pronto pago.
En el boletín de denuncia se especifica con claridad: «incumplir la obligación de exhibir el distintivo medioambiental».
Boletín de denuncia original emitido por el Policía Local

Boletín de denuncia original emitido por el Policía Local

La alcaldesa puso en marcha una investigación sobre lo sucedido. Es entonces cuando se descubrió la existencia de una denuncia sobre un Renault Clio el mediodía del domingo. Inexplicablemente, la denuncia aparecía como emitida y cancelada en cuestión de minutos. De hecho, en motivo de cancelación se alegaba «denuncia de prueba».
Desde la Policía Local de Gijón han calificado el suceso como «asunto interno» y no han querido hacer más comentarios al respecto. Desde el consistorio de la localidad califican la historia como un bulo para desprestigiarlo. Mientras que por el momento la única realidad es que el agente está siendo investigado desde la Dirección General de Servicios.
La situación es extremadamente grave para el agente, que podría ser denunciado y condenado por alteración o simulación de documento público, lo que está penado con inhabilitación en su cargo e incluso con prisión.
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