Electrificación
Los fondos europeos Next Generation están poniendo a disposición del Gobierno ingentes cantidades de dinero destinadas a modernizar el tejido industrial nacional y los bienes de la Administración.
La electrificación del automóvil es uno de los principales destinos de estas partidas económicas que llegan a España vía subvenciones a cambio de la puesta en funcionamiento de las Zonas de Bajas Emisiones o de la compra de vehículos electrificados para las fuerzas de seguridad.
En este caso la Guardia Civil está recibiendo centenares de coches híbridos enchufables y eléctricos que están incorporando a su parque móvil con una pequeña salvedad: estos vehículos no les valen para sus quehaceres en materia de seguridad ciudadana.
Tal y como denuncian desde la Asociación Española de Guardias Civiles (EGC), una de las mayoritarias del sector, «los coches eléctricos y los híbridos enchufables sencillamente no nos valen».
Renault Mégane, Nissan Leaf, Mitsubishi Eclipse, Citroën C5 Hybrid, Jeep Renegade, la lista de coches electrificados que llegan cada día a los cuarteles del cuerpo es interminable. Destinados tanto a la Guardia Civil de Trafico como a las patrulla rurales, estos vehículos les obligan a recurrir a sus viejos coches patrulla, porque la autonomía real que tienen no les permiten llevar a cabo su trabajo.
Así, los mandos se han visto obligado a retirar los híbridos enchufables destinados a labores de patrulla de la agrupación de Tráfico por un motivo muy sencillo, su escasa autonomía los hace inservibles.
Es cierto que disponen de un depósito de combustible, pero es tan pequeño que en este caso, coches que recorren más de 1.200 kilómetros cada día se ven obligados a pasar dos y tres veces por la gasolinera.
Todo ello sin tener en cuenta que los agentes no tienen dónde cargar las baterías. La situación es muy sencilla, un error en la licitación de la compra por parte del ministerio provocó que se adjudicaran los cargadores, pero no el cableado. Esto supone que en muchos cuarteles es imposible su instalación porque no hay dinero para el cableado, unos 2.000 euros por punto.
Por si esto fuera poco, en cuarteles cómo los de Coruña o Ávila, en los que se ha podido montar un cargador, la instalación del edificio es vieja y no soporta la potencia de estos aparatos, por lo que saltan los plomos constantemente y tienen que utilizar un enchufe normal.
Los mandos les han prometido que van a proceder a subir la potencia contratada, aunque por el momento no hay nada de eso.
Utilizar un enchufa normal para un coche eléctrico supone un riesgo obvio de incendio, pues la instalación no está preparada para ello, a lo que hay que sumar que un vehículo debe permanecer hasta 24 horas enchufado, imposible dado que no ha más vehículos patrulla.
De hecho en algunos cuarteles donde hay coches eléctricos o híbrido debe haber siempre operativo un coche diésel o gasolina.
En este caso el problema se agrava en el caso de los eléctricos puros, como los Nissan Leaf, que directamente se han destinado a servicios de vigilancia de instalaciones portuarias o aeropuertos, donde realizan pocos kilómetros.
En resumen, un desastre financiado por el ministerio del Interior que está dejando pasar una ocasión histórica para modernizar el parque móvil de la Guardia Civil, una de las peticiones más urgentes del cuerpo.
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