Marlaska no quiere pagarle a la Policía y Guardia Civil el seguro de los patinetes que usan para patrullar

El Consejo de Estado (CE), máximo órgano consultivo del Gobierno, ha llamado la atención al Ejecutivo de Sánchez por la nueva norma que modifica el Reglamento General de Vehículos y regula el registro de los llamados vehículos personales ligeros, es decir, patinetes.

El texto ha sido elaborado por el Ministerio de Industria y por el de Interior, últimamente cuestionado por obligar a los ciudadanos al uso de las polémicas balizas V16, mientras su titular, Fernando Grande-Marlaska, se olvida de temas tan relevantes como la protección de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La norma, a la que ha accedido El Debate, será aprobada próximamente en Consejo de Ministros y se propone introducir algunos cambios y actualizaciones, como los que exige la ley 5/2025, encargada de crear el seguro obligatorio de responsabilidad civil para vehículos personales ligeros.

El problema para el Consejo de Estado es que en la definición que la norma da a dichos vehículos exceptúa a los utilizados por la Policía y Guardia Civil; algo que sorprende al órgano consultivo.

«En relación con la enumeración de los vehículos que quedan excluidos de la (...) definición, resulta llamativo que la norma proyectada haya ampliado la exclusión prevista para las Fuerzas Armadas a los vehículos diseñados y fabricados para ser utilizados exclusivamente por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad».

La sorpresa del órgano dirigido por Carmen Calvo radica en que la norma sobre la que descansa este nuevo texto ya exceptúa a los vehículos ligeros de las Fuerzas Armadas pero en ningún caso a los de Policía y Guardia Civil.

Contradicción con la ley

«Se trata de una excepción que no contempla (...) la ley 5/2025, que menciona únicamente a las Fuerzas Armadas. Sin el respaldo de una previsión de rango legal y a falta de una justificación en la memoria de impacto normativo a este respecto, el Consejo de Estado considera que debería ponderarse la pertinencia del mantenimiento de esta exclusión, que no rige con respecto a otros vehículos que emplean las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

El Consejo de Estado entiende que pese a que la Policía y Guadia Civil tienen «un régimen especial en la regulación de tráfico, se sujetan también a la obligación de contar con un seguro de responsabilidad civil como el resto de los usuarios de la vía».

El dictamen del Consejo de Estado sobre la norma de los patinetes se pidió con carácter urgente porque el Gobierno no cumplió los plazos previstos. El 2 de enero de 2026 era en realidad la fecha límite para la regulación del registro de los vehículos personales ligeros.

66 millones de euros

En relación con el impacto presupuestario, el texto contempla el coste de la contratación de un desarrollo tecnológico para crear el Registro de Vehículos Personales Ligeros por 237.600 euros y los ingresos tributarios previstos para 2026 por 36.955.750 euros en concepto de las tasas administrativas que debe satisfacer el titular de vehículos de movilidad personal para realizar su inscripción, baja o cambio de titularidad; 6.210.750 euros en concepto de IVA y 29.575.000 en virtud del Impuesto de Sociedades.

Con respecto al impacto en materia de cargas administrativas, la norma supone para los propietarios las obligaciones de solicitar su inscripción en el Registro de Vehículos Personales Ligeros, comunicar su baja y comunicar el cambio de titularidad del vehículo (se prevé que la carga económica de inscribir los vehículos ya circulantes ascienda a 66.400.000 euros, la de inscribir nuevos vehículos a 3.735.000 y la de solicitar bajas o cambios de titularidad a 1.452.000 euros, todo ello en 2026).