Amputación y falsificación de la historia
La función del Gobierno consiste en garantizar el ejercicio del derecho a la educación y en aprobar planes de estudio
El nuevo proyecto de Real Decreto que ha preparado el Ministerio de Educación no sólo quiere cambiar la forma en la que se enseña la Historia de España en el Bachillerato, sino el contenido de la propia historia. El Ministerio se enmienda además a sí mismo.
El aspecto más destacado, acaso no el más grave, es que la mayor parte del programa se dedica a los siglos XIX y XX, es decir, a la etapa contemporánea. El resto queda jibarizado o directamente amputado. La historia de España anterior a 1812 queda reducida a tres epígrafes vagos e inconcretos: «El Mediterráneo, el Atlántico y la Europa continental en las raíces de la historia contemporánea», «El proceso de construcción nacional en España. De la centralización política y administrativa a la formación y desarrollo del Estado liberal» y «El significado del Imperio y de la herencia colonial en la España contemporánea». ¿Qué queda de la Hispania romana, de Al-Andalus, de la Reconquista, de los Austrias, del Siglo de Oro, de la España ilustrada? En historia, toda amputación es una falsificación.
Por otra parte, se deslizan afirmaciones impertinentes que entrañan valoraciones o interpretaciones que no competen a las autoridades políticas. La función del Gobierno consiste en garantizar el ejercicio del derecho a la educación y en aprobar planes de estudio, pero no en determinar el contenido que ha de tener la educación. La Historia de España, por ejemplo, debe incluir el estudio de la Segunda República, la guerra civil y el franquismo, pero no es competencia del Gobierno imponer una determinada interpretación y valoración de esos hechos. Es muy interesante que los bachilleres conozcan, cosa menos que poco probable, la polémica mantenida por Claudio Sánchez-Albornoz y Américo Castro sobre la realidad histórica de España y la influencia en nuestra Nación de los judíos y musulmanes, pero el Ministerio de Educación nunca deberá ser parte en esta polémica y asignar a uno de los dos grandes historiadores la categoría de vencedor. No digo que esto último suceda. Es sólo un ejemplo. No creo que el Gobierno actual se encuentre muy agobiado por la citada polémica. Para lo anterior, ya están las leyes de memoria histórica y la de memoria democrática, aún no aprobada. Sí es deber suyo que la enseñanza de la Historia de España sea común en todas las regiones.
No es razonable esperar un rendido amor a España de quienes gobiernan con el apoyo de los que aspiran a destruirla. Uno de los medios de lograr el desafecto hacia España por los propios españoles es fomentar el desconocimiento de su historia o falsificarla. Dicen que el nacionalismo se cura viajando. Yo diría que además estudiando la historia.
El argumento que esgrime el Ministerio para justificar la hegemonía de la historia contemporánea es que el programa es muy extenso y muchos alumnos no llegaban a los últimos temas. Siempre cabe la posibilidad de dar la asignatura en dos cursos. También es posible, como hacía el viejo Preuniversitario, optar por la Historia contemporánea, pero no bajo un título general de Historia de España. Ignoro las razones, pero las intuyo. Y la política general del Gobierno ayuda a desvanecer la ignorancia. El siglo XIX permite, aunque no prueba, una visión algo amarga de la realidad de España, que desembocó en el regeneracionismo. Por cierto, en el XIX la excepción no fue España, sino la estabilidad de Inglaterra. Hubo una época en la que España, con aciertos y errores, mandaba en el mundo y nunca se manda de manera estable basándose sólo en la fuerza. Al Siglo de Oro debería dedicarse por sí solo un semestre. Las etapas anteriores a la edad contemporánea les resultan a nuestros gobernantes poco soportables, acaso por la influencia del catolicismo. La hispanofobia es una parte esencial de la cristofobia.
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