La búsqueda de la verdad (III)
No se trata de que la verdad nos hará libres, sino de hacer bueno el principio del hispano-norteamericano George Santayana: los que no conocen su pasado están condenados a repetirlo
Toda ley se dicta con una finalidad precisa. Se hace expresa o, según sea el caso, se enmascara hábilmente en la Exposición de Motivos. Las numerosas disposiciones dictadas en el proceso de Memoria Histórica y Democrática son buen ejemplo de esto último, y la nueva Ley para la Memoria Democrática no es una excepción. Su Exposición de Motivos declara con gran énfasis que su finalidad principal es «... garantizar el derecho a la verdad…».
¿Con que fin? Lograr «el conocimiento de nuestro pasado reciente… protegiéndonos de repetir errores del pasado…». De aquí que «el firme compromiso con la pedagogía del 'nunca más' se ha convertido en un imperativo ético fundamental…». En definitiva, no se trata de que la verdad nos hará libres, sino de hacer bueno el principio del hispano-norteamericano George Santayana: los que no conocen su pasado están condenados a repetirlo. Nada de retórica; es una finalidad esencialmente práctica.
¿Qué verdad no se conoce aún sobre la guerra y la dictadura? ¿Acaso son insuficientes los centenares de libros y tesis doctorales publicados? Sí, señor, lo que había hasta ahora eran historiadores e investigadores de pacotilla. Para remediarlo se pretende alcanzar una «verdad científica», no una verdad vulgar. Para ello se fomentará «el conocimiento científico imprescindible para el desarrollo de la memoria democrática, y en particular la existencia de una ciencia histórica libre y metodológicamente fundada». Para que no se alarmen «hispanistas» sectarios como Preston, la ley aclara que en la búsqueda de la verdad científica, ante «la incertidumbre consustancial (...) que deriva del hecho de referirse a sucesos del pasado (...) el investigador puede formular hipótesis o conjeturas al amparo de la libertad de creación científica». Por tanto, tipos como Preston podrán seguir manipulando los hechos y calumniando libremente, ya que, en definitiva, las calumnias y los falseamientos son en este caso «hipótesis o conjeturas al amparo de la libertad de creación científica».
¿Cómo se alcanzará la verdad científica? Muy sencillo. El Estado se dotará de una organización y de medios que deja en pañales el Ministerio de la Verdad que imaginó Orwell en su célebre 1984. Al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y de la Memoria Democrática, con su Secretaría de Estado de Memoria Democrática y la Dirección General de Memoria Democrática, se añaden: Censo de fondos documentales para la Memoria Democrática; Comisión de trabajo sobre la Memoria y la Reconciliación con el Pueblo Gitano en España; Consejo Territorial de Memoria Democrática; Registro y Censo Estatal de Víctimas; Oficina de víctimas para su apoyo técnico; Plan de Memoria Democrática; Consejo Territorial de Memoria Democrática; Centro Documental de la Memoria Histórica; Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática; Inventario de Lugares de Memoria Democrática. Y todo eso independientemente de la organización propia de cada comunidad autónoma y municipal, sin olvidar la tupida red de ONG memorialistas, que seguirán gozando de sustanciosas ayudas públicas.
¿Todo esto quien lo paga? Hombre, nuestro gasto público es modesto y nos podemos permitir minucias así. La verdad científica lo merece.
Todavía me quedan dos dudas.
La primera. Entiendo que las medidas de compensación a los derrotados ayudan a la reconciliación y responden a la justicia. Hay razón suficiente para acordarlas. De hecho, las primeras compensaciones e indemnizaciones a los damnificados del bando republicano en la guerra civil se habían puesto en práctica ya en 1969 y ni entonces ni ahora nadie las ha criticado. También tiene sentido y puede contribuir a la reconciliación exhumar de las fosas colectivas los restos de los familiares y amigos para darles una sepultura digna. ¿Pero es una medida de reconciliación ofender la memoria de los españoles que militaron en el bando vencedor de la guerra civil? ¿Es un recuerdo fascista la cruz erigida en Aguilar de la Frontera en memoria de las víctimas de la Guerra Civil? ¿Por qué se arroja a un vertedero? ¿Por qué los que sufrieron persecución religiosa en la república se excluyen como víctimas? ¿Por qué lo sucedido, en general, en la república no forma parte de la verdad científica a estudiar como parte la memoria histórica y democrática, para evitar su repetición?
La segunda. Aceptando a efectos dialécticos que aún es necesario llegar a la verdad sobre la guerra y la dictadura, ¿tiene razón de ser una nueva ley en el mismo sentido que la anterior? Para justificarla se nos recordará el principio de George Santayana citado al comienzo. Yo cito a Carlos Marx, que se ocupó de España más que él. Dijo esto: «Según Hegel, todos los hechos de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa». Pienso que esta sabia sentencia es aplicable también a las leyes.
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