Lola, «progresista», esposa de Garzón
Dos ilustres cabezas cobradas en solo dos días, una tardía operación de blanqueamiento que no evitará el ocaso del sanchismo
Si usted acabase ante los tribunales, ¿quién preferiría que lo enjuiciase: un magistrado que lleva en la frente la pegatina de un partido, o uno que destaca más por su profesionalidad que por sus simpatías ideológicas?
Siempre me ha parecido pernicioso que en España tengamos tantos jueces y fiscales que aceptan identificarse como servidores ardorosos de unas siglas partidistas. Más que la propia ley, lo que parece importarles es la interpretación que conviene a su partido. Dolores Delgado, de 59 años, la hasta ahora fiscal general del Estado, suponía un paradigma de esa decantación partidaria, que mediatizaba todas sus decisiones. Lola, como se la conoce en el gremio, era desde siempre miembro de la Unión Progresista de Fiscales, cuyo nombre lo dice todo, y amiga especial de Baltasar Garzón (Balta para el gremio). Unas credenciales perfectas para que Sánchez la hiciese ministra de Justicia nada más llegar al poder. Cuando la relevó de esa cartera, en enero de 2020, al mes siguiente la promovió a fiscal general del Estado. El ocupante de ese puesto siempre ha sido próximo al poder de turno, ciertamente. Pero nunca se había llevado a cabo una maniobra tan zafia para colocar a un peón servil del presidente.
Lola nunca debió haber sido nombrada fiscal general. Al margen de que acababa de ser ministra del PSOE, la desacreditaba su sonada comilona de tres horas con el comisario-caco Villarejo y con Balta en el restaurante Rianxo en octubre de 2009. Allí, Villarejo alardeó de haber montado una red de prostitutas para sonsacar a políticos y empresarios, lo que con su chabacanería habitual denominó «información vaginal». A Lola, por entonces fiscal en la Audiencia Nacional, el relato de ese delito la hizo reír: «Éxito garantizado», secundó jocosa. En la misma comida, la fiscal contó que varios jueces y fiscales españoles mantuvieron relaciones con menores en un viaje oficial a Cartagena de Indias en el que ella participó. De nuevo a Lola no se le ocurrió reparar en el detalle de que eso constituye un delito. Excelentes antecedentes para promoverla a la cúspide de la Fiscalía.
Por si todo eso no bastase, también la hacía inadecuada para el cargo el hecho de ser primero pareja y luego esposa de Baltasar Garzón (expulsado por unanimidad de la carrera judicial, condenado a once años de inhabilitación y ahora dueño de un importante bufete de abogados). La fiscal superior y el abogado VIP del «progresismo» durmiendo juntos. Un conflicto de intereses evidente. Por último, Lola se ha distinguido por su favoritismo arbitrario en los nombramientos de la Fiscalía y por su hooliganismo progubernamental, que le valieron el reproche hasta de algunos fiscales de su cuerda ideológica.
Todo este desparrame lo montó Sánchez para convertir a la Fiscalía en una oficina más del PSOE. Ahora, tras dos años y medio en el cargo, Lola dimite invocando motivos de salud. Un día antes hizo lo propio Adriana Lastra y con idéntico pretexto: cuidarse. El crepúsculo del sanchismo empieza a evocar las súbitas caídas en desgracia en la URSS de Lavrenti Beria.
Sánchez, para quien todos los que lo rodean son solo palancas de usar y tirar, comienza a dejar caer los fardos más cantosos de su equipaje. La situación demoscópica está muy achuchada. Hasta el infatigable pseoísta Tezanos coloca a Feijóo por delante. Urge blanquear la fachada para tratar de remontar. Toca elegir a gente más capaz, o al menos menos choni y menos burda, que sepa manipular con más finura. Es un esfuerzo baladí. Imposible maquillar el sanchismo para llegar más guapo a las elecciones cuando el problema es el propio Sánchez. Con el historial que lleva a cuestas, y con la losa de la inflación, no remontaría ni aunque pusiese a Edward Coke en lugar de la imposible Lola y a Pericles donde estaba la flojísima Adriana.
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