La peculiar democracia de Xi Sanchín
Votar cada cuatro años no basta para hablar en puridad de un sistema de libertades y derechos
El inagotable y terremótico Donald Trump, de 76 años, uno de esos personajes más largos que la vida, se ha convertido en el primer expresidente imputado en Estados Unidos. Lo notable es que el asunto data de hace ya bastantes años, pero la justicia ha continuado trabajando. En julio de 2006, Trump acudió a Nevada a jugar un torneo filantrópico de golf. Por entonces tenía 60 años y ejercía como drástico presentador de un concurso televisivo, El aprendiz. Merodeando por el hotel circulaban varias actrices de una productora de cine pornográfico. Trump, cuya actual mujer acababa de parir al único hijo de la pareja, subió a una de ellas a su habitación. Se trataba de Stephanie Clifford, de 27 años, Stormy Daniels de nombre de batalla. Según ella mantuvieron relaciones, algo que Trump siempre ha negado.
El asunto pudo haber terminado ahí, como un lance más de la vida privada de un magnate estrafalario. Pero diez años después, cuando el presentador televisivo devino en candidato a presidente, su abogado personal, Michael Cohen, pagó 280.000 dólares a dos examantes de Trump, Stormy y una exmodelo Playboy, a fin de comprar su silencio de cara a la campaña electoral. La actriz percibió 160.000 dólares. Todo esto está ya probado en tribunales. De hecho, Cohen fue condenado por ello a tres años de cárcel en 2018, tras admitir que había vulnerado las normas de financiación de las campañas. Lo que ahora quiere probar la fiscalía es que su jefe, Trump, estaba al tanto y cooperó en la operación, lo cual lo haría también culpable del delito.
Estados Unidos padece una suerte de guerra civil política, con dos bandos irreconciliables, incapaces ya de tomarse un café, o de mirarse a los ojos. Así que el caso ha suscitado enorme controversia. Los republicanos lo ven como una maniobra impulsada por los demócratas para dejar fuera de la carrera presidencial al correoso Trump. Pero no traigo a colación la historia por esa polémica, sino para establecer una comparación: ¿qué pasaría en la democracia española ante una situación así? Pues la respuesta es obvia: si el caso afectase a un político de derechas tendría su recorrido. Pero si se tratase de un líder de la izquierda, o del separatismo, el asunto sería enterrado (y sin mayor queja del abúlico público español, perfectamente pastoreado por las televisiones «progresistas»). ¿Y esto qué significa? Pues que la democracia española ya no funciona bien, debido a que durante el mandato de Sánchez y ERC se han emporcado la seguridad jurídica y la ejemplaridad.
Para hablar de un sistema de derechos y libertades hace falta mucho más que votar cada cuatro años. Se requiere separación de poderes, respeto a las minorías políticas, libertad de expresión, pluralismo informativo y aceptación del funcionamiento regular de la justicia. Además, resulta harto conveniente respetar las reglas de oro no escritas (en España, por ejemplo, una de ellas establecía que gobernaba el país quien había ganado los comicios).
Todo eso ha sido hecho añicos por Sánchez. Aquí se señala a periodistas y jueces desde el poder. Aquí se prepara una reforma que instaurará una suerte de censura previa en los asuntos delicados. Aquí quienes nos mandan mienten como quien respira. Aquí el poder judicial ha sido asaltado y acosado desde el Ejecutivo. Aquí se han establecido dos tipos de justicia, una que nos obliga a todos y otra que disfrutan los aliados separatistas del Gobierno, que gozan de gracias especiales. Aquí el ministro del Interior ha sido desautorizado de manera gravísima por el Supremo, y no se va (y hasta se permite difamar en sede parlamentaria a su víctima, el coronel Cobos). Aquí la ministra de Trabajo ha sido acusada por la Autoridad Fiscal Independiente de algo tan grueso como trucar los datos del paro. Y no se va, y hasta nos imparte lecciones con su proverbial cursilería hueca. Aquí el CIS es ahora un organismo al servicio del PSOE y manipula sus encuestas en socorro del Gobierno. Aquí RTVE es abiertamente progubernamental (y por momentos, hasta filoseparatista). Aquí el presidente del Gobierno está doblemente condenado por un estado de alarma ilegal y nos ha mentido en sus promesas electorales, en datos de la covid, sobre sus alianzas parlamentarias y sobre su tesis doctoral semi plagiada. Pero no solo no se va, sino que está encantado de haberse conocido e incluso se pavonea altivo insultando a la oposición.
¿Se puede hablar todavía de democracia en España? Tal vez a día de hoy sí, aunque averiada. Pero con otra legislatura más bajo el nuevo Frente Popular entraríamos en un modelo autocrático. Eso, ni más ni menos, es lo que está en juego: vivir en un sistema de libertades y derechos o bajo la bota de Xi Sanchín.
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