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20 de mayo de 2024

Pecados capitalesMayte Alcaraz

El cisne negro

Desde que el juez García Castellón abrió diligencias está en el punto de mira del Gobierno y de la Fiscalía General, que intentan menoscabar su instrucción para salvar a Carles y a la ralea de cargos públicos que ordenaron subvertir el orden

Actualizada 01:30

A Carles Puigdemont le mandaron policías autónomos para protegerle en Waterloo. La degradación moral de este país incluía esa broma pesada, ese sarcasmo intolerable: los funcionarios que pagamos entre todos escoltaban a quien había huido de la justicia en 2017 escondido en un maletero y dos años después, y según la investigación del juez García Castellón, había teledirigido desde su guarida las acciones terroristas de Tsunami Democratic, que intentaron bloquear el aeropuerto de El Prat, poniendo en riesgo a miles de viajeros, sin olvidar que quiso interferir con actos violentos en las elecciones de noviembre de 2019, que cortó la autopista AP-7 en La Junquera, hostigó el clásico en el Camp Nou y convirtió la Jefatura Superior de Policía de Vía Laietana –histórico objetivo de los separatistas que negocian hoy en día su entrega con Pedro Sánchez– en un infierno contra los agentes que la custodiaban.
A través de plataformas de mensajería, los cargos de ERC Marta Rovira –llamada a declarar por el juez– y Xavier Vendrell, monitorizaron las protestas y disturbios en respuesta a la sentencia del Supremo sobre el golpe de Estado. En octubre de 2019 dos de los agentes que defendían las dependencias de la Jefatura Superior fueron víctimas de prácticas de terrorismo callejero, siguiendo el modelo kale borroka de ETA, policías contra los que lanzaron todo tipo de objetos contundentes, incluyendo adoquines y líquido incendiario. Esos energúmenos seguían directrices –con premeditación y alevosía– de unos autores intelectuales con despacho y presupuesto público.
Ayer, Ángel Hernández, uno de los antidisturbios que fueron trasladados en el otoño de 2019 a Barcelona en la operación Ícaro, al que, como a su compañero, ha tomado declaración el juez García Castellón, contó en el programa de Carlos Herrera un testimonio que nos heló el corazón. Con una serenidad admirable, Hernández relató cómo fue destinado al aeropuerto primero para evitar otro asalto a El Prat, como el del día anterior, y finalmente trasladado a las inmediaciones de Vía Laietana, donde se encontró una situación caótica: contenedores ardiendo, lluvia de adoquines de gran tamaño, botellas con ácidos corrosivos y cócteles molotov. Es decir, un acto terrorista en toda regla y no de baja intensidad como dice Sánchez, tendente a tumbar a las fuerzas policiales. A fuer que lo consiguieron, porque Ángel sufrió un terrible impacto en un antebrazo y en un omóplato que desembocó en la gravísima lesión que le ha mandado a la jubilación a la edad de 45 años.
Desde que el juez García Castellón abrió diligencias está en el punto de mira del Gobierno y de la Fiscalía General, que intentan menoscabar su instrucción para salvar a Carles y a la ralea de cargos públicos que ordenaron subvertir el orden público, es decir, que practicaron el terrorismo. Hasta el secretario de Estado de Justicia de la exministra Pilar Llop, Antonio Rodríguez, acusó de lawfare al magistrado por no contaminar su toga con el polvo del camino de las negociaciones para investir a Pedro Sánchez, que se desarrollaron mientras el juez imputaba a los responsables, sentados en Suiza y Bélgica como interlocutores del Gobierno de España.
Cuando celebramos que en las elecciones del domingo haya caído el apoyo electoral del separatismo no podemos olvidar que este siempre ha utilizado todos los medios a su alcance para confrontar con el Estado, al margen de sus votos. En octubre de 2019 lo hizo y solo la fortaleza moral de personas como Ángel Hernández puede impedir que los autores se vayan de rositas. Todos los que lo denuncien serán perseguidos por el aparato de poder del sanchismo: la Audiencia Nacional, el juez, las víctimas, los medios independientes. Pero gobierne quien gobierne la Generalitat, este relato, crudo y desideologizado, debe ser blandido y me temo que entre ellos no estará Salvador Illa.
Como en el conocida metáfora de Nassim Taleb, en esos hechos había un cisne negro, es decir, un suceso inesperado –como por otro lado ocurrió el 11-M– que, al pasar el tiempo, y racionalizado retrospectivamente, buscó un objetivo y lo alcanzó: derrotar con violencia a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, desarmar al Estado, malbaratando su sistema judicial y legal, para que aquellos que hirieron gravemente a Ángel disfruten hoy en día de una dacha en el sur de Francia y a punto estén de entrar por los Pirineos, sin la fuerza esperada de los votos, pero con una victoria moral sobre España que duele más que una derrota.
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