El «Quieto todo el mundo» de Sánchez en el Congreso

El presidente ha cumplido su amenaza y, tras desafiar al Poder Judicial con el mayor ataque a su independencia desde 1978, para protegerse de la corrupción y legalizar todos los abusos que aceptó para conservar un cargo que no ganó en las urnas, va camino ahora de triturar al Poder Legislativo.

Eso es lo que subyace tras su insólita decisión de intentar colar un decreto ómnibus de corte chantajista, en el que se vinculaba la revalorización de las pensiones, las ayudas a los afectados por la dana o el mantenimiento de las subvenciones al transporte público a eso que él llama «escudo social» y, en realidad, no es más que la combinación del pago de chantajes a sus socios (el palacio parisino al PNV), las subidas de la luz y los alimentos (no se que perdamos el impulso confiscador de la fiscalidad gubernamental) y los delirios ideológicos del populismo que le ha poseído (el estímulo a la okupación o la reconversión de la CNMC en una especie de Ministerio de la Verdad tutelador de la libertad de información).

Si ya de entrada se percibe en la medida una contradicción escandalosa entre el Sánchez que los miércoles presume en Davos de la impresionante marcha de la economía española, un bulo mastodóntico que solo los vividores del cuento se tragan, y el que los jueves considera imprescindible mantener viva la idea del Estado asistencial y limosnero; de salida se detecta la peligrosa deriva que le ha llevado a hacer de la indigencia parlamentaria una virtud autoritaria.

Porque el decreto en cuestión, con más ingredientes que un potito infantil y menos coherencia entre ellos que un discurso hiperventilado del alocado Elon Musk, es la consecuencia de un problema de origen que ya le debería haber obligado a retirarse: el desplome de la «mayoría social» que se inventó, con las trampas habituales en el personaje, y su incapacidad para cumplir la primera obligación de un Gobierno, que es gobernar.

El recurso al Real Decreto es constitucionalmente restrictivo y queda reservado a situaciones de excepcionalidad muy contadas: por ejemplo, para activar una «situación de interés general» en Valencia hace tres meses, desechado paradójicamente cuando hacía falta y utilizado, en la misma fecha, para asaltar RTVE y dotarse de una mayoría caciquil en su consejo de Administración.

La figura jurídica de la que no se puede abusar se ha convertido en norma caprichosa con Sánchez, cuya acción parlamentaria se ha servido de esa herramienta hasta la extenuación, saltándose al Congreso y a la Constitución por costumbre, tanto para alcanzar los objetivos espurios que se planteaba cuanto para tapar a duras penas los boquetes de su anemia democrática: como no tiene mayoría alguna, en lugar de dimitir y dar paso a las urnas, se salta los controles y legisla directamente a golpe de decreto, como un cacique tropical, exigiéndole además al resto que lo respalden por las imprescindibles medidas «sociales», democráticas o regeneradoras que supuestamente contiene. Algo que, de haber podido aprobar unos Presupuestos, no necesitaría de atajos infames fraudulentos.

La investidura de Sánchez fue una estafa política y un caso de corrupción, pues se la compró con un cambalache obsceno de ilegalidades e inmoralidades concedidas a quienes solo le apoyaron para obtenerlas, conscientes de que por el camino recto de la Constitución, las Cámaras y la opinión de los ciudadanos solo se iban a encontrar una puerta cerrada.

Y desde ese pecado original, solo podía pasar lo que está pasando: una mezcla de impuestos revolucionarios infames, con la amnistía, el cupo catalán la liberación de etarras al frente, y un bloqueo atroz. Para solventar el primer atropello se asaltó el Tribunal Constitucional, convertido en un vulgar despacho de abogados al servicio de Sánchez; y para sortear a duras penas lo segundo se recurre al decretazo feroz, esgrimido con similares intenciones y no tan distintas voces a las ínclitas de Tejero.

Ambos métodos son impropios de un demócrata y bien definitorios de un aspirante a dictadorzuelo que se salta el resultado de las urnas, intenta eliminar luego los controles del Estado de Derecho y finalmente elimina o coloniza los contrapoderes para dotarse de una inviolabilidad universal en todos sus excesos.

Que estemos discutiendo sobre cómo salvar lo importante del decreto en lugar de sobre cómo parar a un sátrapa sin escrúpulos ya es una victoria suya: Sánchez debería dimitir y ser probablemente procesado, y todo lo que no sea establecer la conversación pública sobre ambas urgencias solo sirve para blanquear su espesa oscuridad, ya irrecuperable. Parece mentira que solo él sea consciente, y de ahí su violenta actitud, de que está a punto de desplomarse.