Telefónica, el fiscal y Begoña Gómez
¿Va a cumplir con la Justicia la compañía ahora que tiene al frente a un socialista?
A todas las sospechas que suscita el asalto de Pedro Sánchez a Telefónica, con un formato no muy distinto al de que aquel Hugo Chávez que iba diciendo «exprópiese» cuando quería algo, hay que añadirle una más, al corto plazo, tan inquietante como las demás.
Si dejarle a un autócrata sin líneas rojas que coloque a un Pumpido o a un Tezanos en cada institución u organismo decisivo en la inducción del voto y el control de este es, simplemente, un suicidio democrático; hacerlo en plena tormenta judicial es un crimen.
Porque con este martillo pilón del Estado de derecho, que conspira para derribar a un rival legítimo como Ayuso a la vez que se rinde en el extranjero con un enemigo de la Constitución como Puigdemont, nunca nada es casual ni inocente ni salubre.
Y no puede serlo culminar el abordaje de una compañía multinacional que, pese a las tempestades que sufre el sector tenía un rumbo y una solidez incuestionables sin necesidad de soportar las zarpas gubernamentales, en el mismo momento en el que su colaboración con los tribunales puede decantar el futuro inmediato del líder socialista y de la coalición chanchullera que lo mantiene en el poder con respiración asistida.
Telefónica, por ejemplo, va a tener que verificar ante el Tribunal Supremo las comunicaciones que mantuvo el fiscal general del Estado con la Moncloa para urdir la bochornosa campaña de acoso y derribo contra la presidenta de la Comunidad de Madrid: que ya sea evidente, por la certeza de que solo quien poseía las comunicaciones privadas del novio de Ayuso con la Fiscalía pudo enviárselas a Presidencia, no significa que sea punible si la prueba exacta de ese montaje no se puede documentar.
Y es legítimo preguntarse si el nuevo presidente de la compañía, un socialista de obediencia a su patrón ya contrastada, va a hacer todo lo posible por atender los requerimientos judiciales o, por el contrario, hará algo parecido al propio García Ortiz: alegar un protocolo falso de borrado, o similar, para esquivar al Tribunal Supremo.
Y tres cuartas partes de lo mismo en lo relativo al juez Peinado y el encausamiento de Begoña Gómez, cuyas relaciones comerciales con Telefónica, y quién sabe cuántas cotizadas en el IBEX 35, forman parte indispensable del sumario y ayudan a entender la naturaleza del tráfico de influencias del que es sospechosa, en concurso inevitable de su marido.
Si el objetivo mayor de esta operación parece ser controlar, de un modo u otro, todo el ecosistema público y privado decisivo para orientar el voto y controlar su posterior evaluación, con una maniobra más sutil, pero peligrosamente parecida a la perpetrada por Maduro en Venezuela; el inmediato enlaza con la imperiosa necesidad de borrar las posibles huellas de abusos incompatibles con la supervivencia de un sátrapa cuyas urgencias le llevan ya a actuar sin el pudor más elemental.
Todas estas sospechas no tienen la entidad suficiente para dar por descontado que el plan de Sánchez es eternizarse con la manipulación del sistema electoral y a la vez garantizarse impunidad por la incapacidad judicial para demostrar lo que ya es evidente.
Pero que la teoría resulte verosímil y que los precedentes ya hayan demostrado que si algo es posible con Sánchez, por siniestro e indecente que sea, acabará ocurriendo, es suficiente.
Hablamos de una especie de César sin escrúpulos que ha negociado su Presidencia fuera de España con un prófugo, que ha colocado a un amigo en el Tribunal Constitucional para que anule la sentencia del mayor caso de corrupción de la historia, que utiliza la Fiscalía General para perseguir a adversarios incómodos y que, entre otras tropelías infames, ha cambiado el Código Penal al dictado de delincuentes para indultar sus delitos, para a continuación legalizar sus objetivos golpistas a cambio del poder que le negaron las urnas.
Con Sánchez, sospechar lo peor no es un exceso psicótico, sino una manera de tener una oportunidad de adelantarse a los atracos que, con seguridad, ya está tramando.
Posdata. Todo esto hubiera sido más sencillo de evitar o al menos de aventar si el decapitado presidente de Telefónica hubiera tenido la decencia de resistirse a su ejecución o, al menos, denunciar la genealogía de su abrupto despido. La dignidad personal a veces es el mejor antídoto contra los abusos de Estado. Pero se ha callado, con 35 millones en el bolsillo. El IBEX 35 siempre es más controlable que las pymes. Quizá por eso a estas últimas quieran cargárselas.