La juez de Catarroja no se entera

Solo desde la mala fe más absoluta puede defenderse que, en la catástrofe de la Dana, las responsabilidades y errores se limitan a la Generalitat valenciana. Incluso aunque la juez de Catarroja, que debe estar pensando más en el ecosistema político que en el sentido común más elemental, intente concentrar la atención en el equipo de Carlos Mazón, en parte por miedo al qué dirán y en parte porque, simplemente, no tiene competencias para enjuiciar las negligencias evidentes perpetradas por Pedro Sánchez y su equipo, de superior envergadura a las estrictamente valencianas.

Ya vendrá en su día el Tribunal Supremo, que sí tiene jurisdicción, a meter mano en un asunto instrumentalizado por Sánchez o el PSOE con su típica combinación de indecencia y ventajismo, estrenada con el Prestige, continuada con el 11M y rematada con dos bochornosos episodios recientes de manipulación obscena del dolor: la transformación de una pandemia mundial, agravada por el retraso preventivo del Gobierno, en un caso exclusivo de asesinatos en masa cometidos en Ayuso y la presentación de una «catástrofe climática» sin precedentes en un asuntillo doméstico del torpe de Mazón.

La grosera huida de las responsabilidades propias en cada caso, simbolizada en la imagen del «Galgo de Paiporta» escapando del escenario en tono victimista, solo es posible en un ecosistema plagado de esbirros y de cobardes, unos dispuestos a consolidar la propaganda oficial sin hacer preguntas y otros plegados, por miedo, a revertirla y convertirse en objetivo de las jaurías.

Pero los hechos no cambian y aceptar el relato oficial equivale a renunciar al imperio del Estado de derecho para adaptarlo, en esto y en todo, a los objetivos siniestros del sanchismo, unas veces para someter las reglas del juego a los chantajes de sus interventores políticos y otras para concederse impunidad a sí mismo y a los suyos, sean familiares sumergidos en pavorosos casos de corrupción o colaboradores desbordados por emergencias que ignoraron.

Nada salva ya a Mazón de la dejación de funciones morales, políticas y quizá hasta legales cometida durante la tragedia, pues más allá de las competencias formales existen otras anímicas, estéticas y presenciales que incumplió con estrépito. Pero nada puede salvar tampoco las del Gobierno, por mucho despliegue de Opinión Sincronizada que haya para tapar sus vergüenzas y mucho pánico que le entre al juez de instrucción, que solo es la primera etapa del largo camino judicial que exige este asunto.

Lo cierto es que el mismo Gobierno que incluyó las catástrofes climáticas entre los desafíos a la Seguridad Nacional y que, una vez desatendido el primer caso visible de ese peligro, se lanzó a presumir en medio mundo de su pronóstico, ignoró sus competencias y, de manera premeditada, utilizó el suceso para intentar acabar con uno de los graneros electorales de su principal rival, con la ayuda ingenua del propio PP, incapaz de tener un relato público, político y judicial alternativo a semejante ejercicio de demagogia.

La Ley es concluyente al respecto de cómo debe actuar el Estado cuando una amenaza supera las capacidades de un territorio y, al igual que un hipotético ataque de Marruecos a Ceuta o Melilla no sería materia exclusiva de las autoridades locales; un zarpazo insólito de la Naturaleza hasta en cinco comunidades autónomas no puede ser previsto y atendido con los recursos regionales. Lo dice el sentido común, pero además lo impone la legislación.

El PSOE ya nos ha acostumbrado a la impúdica táctica de socializar el dolor, como teorizaba Pablo Iglesias pero practicaba ya antes Zapatero, pero por la dignidad de las víctimas y el respeto a la ciudadanía hay que desear que esta vez no lo consiga: no estar a la altura es un pecado político que Mazón difícilmente podrá enmendar; pero la omisión dolosa de Sánchez, sostenida en el tiempo, es algo peor que si hay justicia no quedará sin castigo.