Muertos de primera y de segunda

Noviembre de 2016. Pablo Iglesias y su amigo Alberto Garzón se manifiestan en Madrid. Podemos, un partido entonces en ascenso, convocó cuarenta concentraciones en protesta por la muerte de una mujer de 81 años en Reus. Un incendio provocado por una vela se había cobrado la vida de la anciana. Por impago, habían cortado la corriente energética a la pobre señora. Los jóvenes políticos acabaron forzando una ley que impide cortar el suministro a personas en situación de vulnerabilidad. Eso hay que anotarlo en su haber, pero el tiempo ha demostrado que aquellas protestas no eran más que un medio para llegar a un fin: notoriedad y escaños. Por esa razón, no dejaron pasar la oportunidad de criminalizar a las empresas, apuntar al Rey y acosar con su algarada callejera al Gobierno del Partido Popular. Las manifestaciones, hoy Rara avis, en esas fechas, estaban a la orden del día.

Apenas diez años después, Podemos ha esperado cuarenta y ocho horas para pronunciarse acerca del episodio que ha dejado a millones de españoles sin calefacción y luz durante casi una jornada entera. Hasta el mediodía del miércoles, no han tenido a bien valorar el apagón masivo del pasado lunes. Los muertos, por velas que han provocado incendios o por deficiente combustión de los generadores, han sido más, al menos seis, pero no han merecido la misma consideración a los herederos de Iglesias y Garzón que la que tuvo la desafortunada víctima de Reus. Como si el supremo valor de una vida tuviera que depender del momento o las necesidades políticas de un particular.

Mostraron más piedad con Excalibur, el perro de la mujer que enfermó por Ébola. Pero es que entonces, cuando se decidió sacrificar al can, habitaba Mariano Rajoy en la Moncloa y hoy, aunque les miren con desconfianza, gobiernan los suyos, la izquierda. Ahora, a lo que se aplican las huestes de Irene Montero es a tocar de nuevo poder. O intentarlo, al menos. Las malhadadas víctimas no tienen nombre, la causa es lo de menos. Eso sí, les ha faltado el tiempo para arremeter contra las compañías energéticas y, emulando al líder Maduro, exigir una nacionalización sin condiciones.

Cegados de nuevo por la ideología, a la que anteponen invariablemente a los hechos, no han caído en la cuenta de que la empresa obligada a garantizar el suministro energético, aunque privada, está bajo control del Estado. Es decir, del gobierno. Beatriz Corredor, compañera de Pedro Sánchez, amiga al parecer de Begoña Gómez, ostenta la presidencia de Redeia desde 2020. Entonces, cuando la nombraron, Pablo Iglesias se sentaba en la mesa del consejo de ministros. No hay registros de que emitiera alguna crítica porque su socio decidiera sentar a una mujer de partido, con un sueldo de escándalo, al frente de una empresa del Ibex. Y motivos había para preocuparse, porque su antecesor, Jordi Sevilla, dio un portazo vaticinando el apagón que hemos sufrido. El exministro hizo responsables de lo que pudiera llegar a ocurrir y ha ocurrido a la CNMC y a Teresa Ribera. Pero, en 2020, los de Pablo Iglesias no hallaron motivos para preocuparse. En 2016, sí. Cuando gobernaba el PP, las empresas –decían ellos– llevaban a expolíticos a sus consejos para «comprar la voluntad popular».

¡Quién sabe! Tal vez tenían razón y lo que ha ocurrido sea eso.