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Hace ahora un año, en pleno tsunami de corrupción de Pedro Sánchez, con Begoña Gómez imputada y José Luis Ábalos en todas las portadas por sus andanzas, un grupo de supuestos periodistas lanzó un afectado manifiesto en el que denunciaban que, en realidad, España estaba sufriendo un episodio de «golpismo judicial y mediático» y llamaba a la sociedad a rebelarse frente esa conspiración de la «máquina del fango» contra el Gobierno de progreso.

La ausencia de explicaciones de Sánchez, que tuvo el desparpajo de desaparecer durante cinco días, reaparecer después ocultando la situación procesal de su esposa y anunciar que se quedaba para luchar por la regeneración de la democracia; solo sirvió para aumentar la presión gubernamental y de su aparato mediático contra quienes, simplemente, hacían su trabajo.

Los jueces, instruir causas con la recopilación de pruebas para armar el caso o archivarlo; los Cuerpos de Seguridad, desarrollar sus investigaciones al servicio de los tribunales; y los medios de comunicación, publicar noticias ciertas y documentadas, en cumplimiento del mandato constitucional que delega en los periodistas el derecho a saber y a informar del que son titulares los ciudadanos.

Ese es el contexto en el que Sánchez ha optado por tres tácticas propias de un mafioso con placa de comisario: primero negar o silenciar los hechos; más tarde presentarlos como un invento de una coalición de conspiradores y, por último, legislar contra ellos por la necesidad de salvar a la propia democracia.

Que eso conculca el principio fundacional de un Estado de derecho, edificado sobre la separación de poderes y la rendición de cuentas en las instituciones, los juzgados y la opinión pública; es algo que ni los más conspicuos feligreses de Sánchez podrán negar sin sonrojarse: incluso aunque estén convencidos de que el pobre presidente no ha hecho nada, estarán de acuerdo en que tiene que dar explicaciones al respecto en cuantas sedes sea menester, respondiendo con respuestas concretas a preguntas concretas que unos no hemos podido formular y otros no quieren hacer y por eso les conceden turno.

Pero nada de ello hubiera prosperado sin el auxilio de esos periodistas terraplanistas, pero no desinteresados, que se permiten impulsar manifiestos, dar lecciones deontológicas, señalar a colegas incómodos y, en definitiva, proteger un bochornoso relato oficial que deberían ayudar a desmontar por decencia elemental.

Incluso para luego defender un castigo distinto al que muchos creemos oportuno, que es la dimisión y la puesta a disposición de la Justicia del presidente, cómplice por acción u omisión de todo lo que pasa en su entorno y responsable, en primera persona, de la infame guerra sucia que perpetra desde un Estado colonizado de adeptos para garantizarse su supervivencia y su impunidad.

En aquel manifiesto vergonzoso, que es al periodismo lo que el robo al comercio o la violación al sexo, aparecían algunos de los principales comunicadores de RTVE, con Silvia Intxaurrondo a la cabeza, instigadora también de una reforma legal para penalizar la mentira, como si no lo estuviera ya; y firmante diaria de homilías falaces que no solo niegan los hechos comprobados sobre cualquier asunto dañino para los intereses de su patrón, sino que los transforma en una prueba de la inexistente conjura que obviamente no sufre el malhechor de la Moncloa.

No me gusta citar con nombre y apellidos a periodistas, porque algo falla cuando la noticia somos nosotros, pero conviene hacer una excepción cuando, en realidad, no nos dedicamos a lo mismo: tanto señalar a los Quiles y Ndongo por agitadores, y los verdaderos activistas, negacionistas de la evidencia de que la Tierra es redonda, son ellos.

Y tienen a su disposición inmensos recursos públicos, imprescindibles para dar coartada y cobertura a un peligro público con cargo de presidente, para convertir la mentira en verdad y la verdad en un delito perseguible de oficio. Pues no. Solo faltaba que el terraplanismo mereciera consideración alguna cuando, encima, se comportan como ministros de Ciencia.