Algunos jueces hacen política

El presidente del Gobierno proclamó su oráculo en el comienzo del curso político: «Algunos jueces hacen política». Incluso lo ha repetido. En su austera concisión, bien se hace merecedor de un breve análisis textual. Lo que pretende comunicar es evidente, pero la frase es más confusa que enigmática porque en ella lo único claro es el sustantivo «jueces». Sabemos quiénes lo son y quiénes no. Pero fuera de él, todo son tinieblas semánticas. No se nos dicen quiénes son los jueces que «hacen política» ni en qué consiste tan abyecta ocupación en un juez.

Para intentar comprender el significado del aserto y, con él, su posible valor de verdad, debemos empezar por el predicado. Dado que los jueces y magistrados componen el Poder judicial, que es uno de los poderes del Estado, nada sería más natural que su actividad se califique como política. Como lo es la función constitucional de la Corona, el Consejo de ministros, el Parlamento, las Fuerzas Armadas y demás órganos establecidos en la Constitución. Es esto tan evidente que la fórmula presidencial no puede significar tal cosa. Su trivialidad escondería, por lo demás, una falsedad porque no solo algunos, sino todos los jueces «harían política». Entonces, ¿qué significa «hacer política» para el presidente del Gobierno? ¿Por qué entrañarían sus palabras una tan acerva crítica para algunos jueces, no sabemos cuáles?

No parece conjetura descarriada la que sostendría que con esa expresión se alude a la decisión de entrometerse en fines ajenos a su misión constitucional, como perjudicar al Gobierno o contribuir a su caída. Ciertamente es muy probable que haya algunos jueces, acaso muchos, que, como algunos panaderos, fontaneros, médicos o ingenieros, deseen la caída de este Gobierno. El problema es que la frase insinúa que algunos jueces adoptan sus decisiones no conforme a criterios jurídicos, sino con el designio de perjudicar al Ejecutivo. Naturalmente, una afirmación semejante merecería al menos algún indicio de prueba, ya que lo que en realidad entraña es que «algunos» jueces son prevaricadores. Y parece bastar aquí con el alto criterio del presidente. Si un ciudadano, incluido él, tiene la convicción de que un juez ha cometido un delito de prevaricación (y, por supuesto, ha habido precedentes, entre otros, Baltasar Garzón), lo que debe hacer es presentar la correspondiente querella o, al menos, ponerlo en conocimiento ¡de los jueces! Aventurar por qué no lo ha hecho así constituiría un arriesgado juicio de intenciones.

Pero me temo que no acaban ahí los problemas. Habría que precisar aún más en qué consiste «hacer política», pues no vaya a ser que los jueces lo hacen cuando persiguen presuntos delitos cometidos por los ministros, altos cargos, colaboradores o familiares del presidente, pero no si tienen por objeto los presuntos delitos cometidos por ministros, familiares o colaboradores de anteriores gobiernos o de partidos de la actual oposición. Aquí ya no habría política sino justicia. Parece que el criterio discernidor resulta, cuanto menos, sesgado. Si un juez investiga posibles comisiones de delitos en algunas saunas, se limita a cumplir con su función jurisdiccional. Si un periodista investiga las actividades en esas saunas, cumple con su deber profesional. Pero si se da el caso de que la sauna investigada es propiedad del suegro del presidente del Gobierno, entonces el juez «hace política» y el periodista cobra de un partido político.

Entendido de esta manera, el dictamen presidencial es tan claro como falso. Por otra parte, si es cierto que «algunos jueces hacen política», ¿por qué no podría serlo también la igualmente concisa expresión: «algunos gobernantes hacen jurisdicción»? Lo cierto es que «algunos» empezamos a sospechar que el régimen político preferido por Pedro Sánchez, siempre con la condición de que gobierne él o amigos como Rodríguez Zapatero, sería aquel en el que el Ejecutivo gobierne, legisle y controle a los jueces. Es que, si no, no hay manera de gobernar tranquilo. Ha descubierto las odiosas servidumbres de la democracia liberal, el Estado de Derecho y la separación de poderes. Desde este punto de vista, la Constitución es un cargante estorbo.

A todo esto, el Fiscal general del Estado no debería haber asistido a la inauguración del Año Judicial. Sencillamente, porque ya no debería serlo. Y no porque sea culpable, sino porque quien ocupa ese alto cargo no puede estar investigado como presunto delincuente. A menos que el Fiscal general, como algunos jueces, también «haga política».