España ante la crisis venezolana

¿De qué crisis estamos hablando? Si algo ha quedado claro tras la acción militar norteamericana es que, allí donde miremos, encontramos más preguntas que respuestas. Los norteamericanos están tan desconcertados como nosotros, tras escuchar a sus dirigentes declaraciones contradictorias. Intentemos poner un poco de orden.

La Administración Trump ha justificado su acción en función de cuatro argumentos:

1. El régimen bolivariano es responsable de corrientes migratorias ilegales a Estados Unidos que suponen una amenaza para la convivencia nacional.

2. El régimen bolivariano es cómplice de redes de narcotráfico –fundamentalmente cocaína y fentanilo– que están causando estragos en la población, atentando así contra el bienestar y la seguridad de los ciudadanos de ese país.

3. Las empresas petroleras norteamericanas sufrieron la violación de sus derechos de extracción de crudo. Ahora toca llegar a un acuerdo para dar satisfacción a los agredidos y al tiempo realizar las necesarias inversiones para poner al día las instalaciones, muy dañadas por la pésima gestión bolivariana.

4. Es inaceptable que potencias ajenas a la región se estén inmiscuyendo en los asuntos locales. En concreto China, Rusia e Irán.

Para evitar confusiones el secretario de Estado, Marco Rubio, ha recordado que siguen vigentes los principios rectores de la nueva política exterior. Estados Unidos no está interesado en promover la democracia ni en reconstruir estados. Los tiempos del «orden liberal internacional» han quedado atrás. Por el contrario, sí está interesado en imponer una actualización de la 'Doctrina Monroe', que supone el rechazo a la presencia de potencias extranjeras en las Américas, y la imposición de una limitación al ejercicio de la soberanía de los estados de la región –'Doctrina Breznev'– que se manifiesta en el establecimiento de mercados cautivos.

No hay razón para pensar que Estados Unidos busque la reimposición de la democracia en Venezuela, aunque, en función del desarrollo de los acontecimientos, este podría ser el final. El secuestro del matrimonio Maduro ha sido un medio para negociar con el régimen bolivariano aquello que interesa a Washington, pero nada más. Es comprensible que el mundo esté perplejo por la ejecución de una operación militar que ha llevado a Maduro a la cárcel, un pobre idiota cuya legitimidad derivaba de la voluntad de un Chávez moribundo, para instalar en el poder a una mujer mucho más inteligente y peligrosa. Sin embargo, la operación es lógica en el marco del ideario de la presente Administración. Por una parte, no le importa quién gobierne en Venezuela, siempre y cuando no atente contra sus intereses nacionales. Por otra, forzar un cambio de régimen le llevaría a desplazar un gran contingente militar sobre el terreno, boots on the ground, con la garantía de un número importante de bajas y el riesgo de desestabilizar tanto el conjunto de Centroamérica como el eje Ecuador-Venezuela, donde el crimen organizado y el narcotráfico campan por sus respetos. En su perspectiva, la vía más práctica es la combinación de chantaje y amenaza a un régimen aislado, podrido por la corrupción y carente de respaldo popular.

Como españoles nos cabe felicitarnos porque un asesino, torturador, narcotraficante y dictador, alguien que robó unas elecciones para tratar de perpetuarse en el poder, haya sido detenido. Sin embargo, hay razones para sentir vergüenza por el desarrollo de los acontecimientos. Es vergonzoso que, a pesar de nuestro vínculo histórico y cultural con Hispanoamérica, haya sido el presidente de la República Francesa quien haya reivindicado la necesidad de que la anunciada transición política concluya con el reconocimiento de los resultados de las anteriores elecciones, ganadas por Edmundo González. Es vergonzoso que nuestro presidente haya preferido pronunciarse desde una declaración conjunta de dignatarios de la región, todos vinculados al Grupo de Puebla, preocupados por unas supuestas violaciones al derecho internacional, entendido éste como cobertura para que narcotraficantes y dictadores puedan actuar con impunidad. No les preocupa la voluntad popular o la salvaguarda de los derechos humanos, sino el que se pueda perseguir a sus compañeros de viaje.

España no es un Estado más en esta crisis. Somos parte relevante de dos entornos culturales y políticos, Hispanoamérica y Europa, y debemos actuar desde esa posición con claridad. Lamentablemente hoy somos una sociedad rota, separada por muros artificiosamente levantados por quienes alimentan una polarización que no tiene justificación social. Desde mi punto de vista, y creo que muchos profesionales de la acción exterior española estarán de acuerdo conmigo, nuestra posición debería centrarse en los siguientes puntos:

1. Estados Unidos tiene todo el derecho a sentirse amenazado por el tráfico de personas, por la acción del narcotráfico y por la presencia desestabilizadora en la región de Rusia e Irán. Caso distinto es el de China, pues su comportamiento, para nada ejemplar, no es muy distinto del propio de la potencia norteamericana. Ante esas amenazas es lógico que el gobierno reaccione, defendiendo sus intereses nacionales.

2. La emigración ilegal y el narcotráfico no se pueden combatir sólo a través de la fuerza. Es imprescindible fortalecer las instituciones y el conjunto del Estado de derecho de cada país afectado. Esta es una de las graves contradicciones de la doctrina internacional de la Administración Trump. Las dictaduras son, por su naturaleza, aún más corruptas que las democracias. El crimen organizado apuesta por la desestabilización de las segundas para consolidar las primeras y poder actuar con la connivencia de políticos, policías y jueces. Este no es sólo un problema americano. Sus organizaciones criminales también están aquí, infiltradas en los cuerpos de seguridad y en la Justicia, y actúan juntamente con otras específicamente europeas. La cocaína colombiana, distribuida desde Venezuela, remonta el Guadalquivir tras pasar por Marruecos. O todas las partes afectadas actuamos al unísono o el crimen organizado continuará expandiéndose.

3. Venezuela es un Estado soberano. Su ciudadanía encomendó al diplomático Edmundo González el gobierno de la nación. La transición política debe concluir con el respeto de la voluntad popular. Solo una Venezuela democrática podrá enfrentarse con el conjunto de organizaciones criminales que hoy se reparten el control del país y así desenmascarar a sus socios internacionales.

4. Ni Venezuela, ni los estados hispanoamericanos, ni los europeos, ni los situados en otras regiones del planeta deben ser considerados mercados cautivos de nadie. No es aceptable la vuelta a «esferas de influencia» ni a «soberanías limitadas». Es fundamental movilizarse en el plano internacional para contener una deriva que atenta contra los principios básicos de la convivencia internacional. Es muy lamentable que Estados Unidos se haya sumado a Rusia y a China en este objetivo. Hoy es más parte del problema que de su solución. Aun así, todavía hay margen de maniobra para limitar sus efectos.