La fatalidad y la negligencia
España se cae a pedazos porque este Gobierno nunca se ha preocupado la gestión sino de la propaganda. Quien presumió de levantar un muro contra una parte de la sociedad no está capacitado para entender ni cuidar el interés general
Existe la fatalidad y existe la mala gestión. Fatalidad es que dos trenes que circulan a 200 km/h se crucen en el preciso instante en el que uno de ellos está descarrilando. Eso es un escenario absolutamente improbable y excepcional, pero el descarrilamiento, por desgracia, no lo es. La cifra de incidentes ferroviarios se ha multiplicado en España durante estos años de Gobierno de Pedro Sánchez. Cuando eso sucede, ya no estamos ante casualidades o fatalidades, estamos ante un caso evidente de mala gestión. Si no se interviene para frenar ese deterioro del servicio, es cuestión de tiempo que uno de esos incidentes derive en catástrofe, como ocurrió hace una semana.
En la tragedia de Adamuz ha cristalizado toda una historia de desidia, de falta de inversión, de pésima selección de personal y de soberbia a la hora de ignorar las quejas sistemáticas de los profesionales o los usuarios. Lo ocurrido ha sido un colofón dramático al deterioro galopante un servicio que en su día fue excelente. Durante estos años hemos visto como la puntualidad de los trenes se convirtió en una quimera, como las cercanías de Madrid o Barcelona se instalaban en el caos y como los pasajeros de larga distancia se han quedado tirados en multitud de ocasiones sin que nadie se preocupara de poner a su disposición transportes alternativos; hemos alucinado con el episodio de los trenes que no cabían en los túneles y hasta descubrimos que en Galicia tiraron unos vagones montaña abajo porque les resultaba complicado y caro despejar la vía por los procedimientos razonables.
A pesar de su gravedad, ninguno de estos episodios tuvo consecuencia alguna para los gestores del Ministerio de Fomento, de Adif o de Renfe. En España solo se exigen responsabilidades a los políticos cuando les pillan robando, pero al parecer pueden destrozar los servicios públicos alegremente sin el menor reproche. Y en esa lista de destrozos no solo figura el tráfico ferroviario, apunten también la situación de nuestras carreteras, el colapso de las redes eléctricas —apagón incluido—, el hundimiento del alquiler de viviendas o ese alarmante agujero de 70.000 millones de euros en nuestro sistema de pensiones. Nada de esto es una fatalidad, todo es consecuencia de decisiones políticas por acción u omisión.
España se cae a pedazos porque este Gobierno nunca se ha preocupado la gestión sino de la propaganda. Quien presumió de levantar un muro contra una parte de la sociedad no está capacitado para entender ni cuidar el interés general. Este señala claramente la necesidad de contar con presupuestos anuales, por eso está recogido en la Constitución, pero llevamos tres años sin ellos por el interés particular de Pedro Sánchez. Si además el presidente ha escogido como personas de confianza a una caterva de mediocres, macarras o corruptos el desastre está garantizado. Ahora lo tenemos ante nuestros ojos.
En esta ocasión no han podido encontrar a nadie a quien derivar la culpa; no ha habido un Ventorro, ni unas compañías privadas a las que culpar del apagón, tampoco unas Comunidades Autónomas a las que traspasar la responsabilidad de la pandemia. Esta catástrofe es de principio a fin competencia del Gobierno, desde el estado de la vía, a la descoordinación de los avisos, los problemas de localización de los trenes siniestrados e incluso las erráticas y contradictorias explicaciones de ese trueno de ministro que ahora pretende pasar por nazareno.
Existe la fatalidad y existe la negligencia. Y este Gobierno está obligado a asumir responsabilidades por la segunda, aunque ellos hayan sido especialistas en pedir cuentas a otros por la primera.
