El marido de Begoña, un presidente ilegítimo

La frase que encabeza este artículo no es nueva. La he utilizado públicamente, en este periódico tan confortable y en tertulias televisivas menos hospitalarias, desde 2018. La legalidad es un hecho objetivo: se mide por los procedimientos y, en un sistema parlamentario, se cumplen o no.

Y él, Pedro Sánchez, los ha cumplido desde su primer mandato: siempre consiguió los diputados suficientes para tener la mayoría parlamentaria necesaria para que sus investiduras prosperaran. No hay pega técnica, pues.

Pero a la legalidad le conviene la legitimidad, como a la ley necesita de justicia: es legal la condena a muerte en determinados países del mundo, fue legal limitar el voto a unos pocos en la Atenas del siglo V antes de Cristo o en la España de principios del XX, pero no era justo.

Y esa legitimidad renqueó desde el primer momento y no se ha recuperado: primero se pisoteó con una moción de censura que solo prosperó por la disposición del beneficiario a intercambiar unos pocos escaños por dádivas, privilegios y decisiones que a él mismo le horrorizaban y contravenían la propia legalidad constitucional, ahormada luego por instituciones asaltadas para culminar el abuso y darle una falsa apariencia legal, con una amnistía indecente blanqueada con un nefando calzador.

Después incorporó a esa alianza espuria la inclusión en el Gobierno de un partido, Podemos, al que cinco minutos antes consideraba un peligro público, una franquicia del chavismo, un camino a la perdición, la pobreza y la ruina. Y por último, sin ganar en las urnas, repitió el mismo esquema aritmético a sabiendas de que el precio de sus interventores iba a subir: indultados y amnistiados ya, tocaba la liberación de etarras, el cupo catalán, la condonación de la deuda, la cesión de las competencias migratorias y el penúltimo paso hacia una especie de independencia factual insolidaria con el resto de España y pendiente de la última estación, un referéndum de algún modo celebrado ya por la vía de los hechos consumados.

La ilegitimidad de Sánchez no es cuestionable, pero sí opinable, y a eso se aferra nuestro particular don Teflón, a sabiendas de que la carencia de una acaba provocando también la falta de la otra: porque al pecado de origen no le queda más remedio que añadirse la traición en el desarrollo, que necesita de conculcar también la ley para sostener ese pulso contra el sentido común y la propia democracia.

Y es ilegal no presentar Presupuestos Generales en toda una legislatura, según define la Constitución sin margen de interpretación posible. Constatado desde 2018 que a Sánchez la legitimidad le importa una higa, y que la virtud moral de Aristóteles es una cursilada al lado de sus intereses, de la bondad de su causa y del mensaje machacón de que el objetivo de frenar al fascismo justifica cualquier tropelía predemocrática, ¿qué le va a impedir en adelante profanar la legalidad entera para preservar su continuidad y librarle de las consecuencias de sus andanzas? Especialmente ahora que su esposa, y con ella él mismo, van camino del juzgado tras años de saunas rentables y cátedras vergonzosas.

Todo lo que parecía imposible se ha hecho desde el sanchismo, incluida la bellaquería de pactar una investidura en el extranjero con un prófugo o indultar por la puerta de atrás a terroristas para atender el penúltimo impuesto revolucionario del compañero Otegi.

¿Qué le impedirá malversar en adelante lo que haga falta si en ese viaje va incluida su continuidad y la impunidad de los abrumadores excesos institucionales, políticos y penales de su entorno? Hacerse esa pregunta es el primer paso para encontrar una respuesta y anticiparse a sus movimientos, aunque quizá lleguemos tarde. Porque a estas alturas Sánchez ya controla el Tribunal Constitucional, el CIS, RTVE, Indra, Telefónica, el Tribunal de Cuentas, todos los organismos de tutelaje de la competencia y, al mismo tiempo, no tiene ningún empacho en ignorar al Senado, prescindir del Congreso, saltarse a la Casa Real y perseguir con sevicia a cada contrapoder y cada contrapeso de un Estado democrático.

Sánchez es ilegítimo desde la noche de sus tiempos, y no entender que sus próximos pasos serán coherentes con ese pecado original equivale a ponérselo más fácil: es el tío que se va a la China con su esposa en plena guerra con Irán, el que suelta a Txeroqui mientras convoca cumbres contra el «hodio» y el que está cambiando el censo electoral en las narices de todos sin que nadie haga nada en ninguno de esos frentes. Si vuela, anda y nada como un pato, probablemente sea un pato.