¿Se acuerdan de la UCD?

Supongo que puede sorprender que en medio del cataclismo político que estamos viviendo yo traiga a colación la Unión de Centro Democrático, el partido que gobernó España entre 1977 y 1982. Fue la formación política que desmontó el régimen del general Franco, el que promovió una Constitución hecha para la concordia, el que creó nuestro Estado autonómico y todo eso lo hizo con un amplio consenso general aunque hoy haya muchos que crean que se cometieron enormes errores.

Creo que nadie puede hablar de casos de corrupción mínimamente significativos en aquella etapa de gobierno que concluyó en las elecciones generales del 28 de octubre de 1982. Las que ganó el PSOE con la mayoría más aplastante que hemos conocido en nuestro país: 202 diputados. El partido del Gobierno sacó 13 escaños entre los que había que contar los dos que obtuvo en el País Vasco en coalición con Alianza Popular a quien finalmente se adscribieron los diputados electos. Con éstos, sumaron entonces 107.

Aquella UCD tuvo sin duda unas luchas cainitas que llevaron a Adolfo Suárez a fundar otro partido, el Centro Democrático y Social. Y que fueron la causa del descalabro del partido que ni siquiera presentó como candidato al que era presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo.

Pero aquella magna obra política de la UCD no fue reconocida por los electores. Creo que podemos reflexionar sobre cómo los españoles pidieron cuentas a un partido que era un desbarajuste, pero estaba limpio de corrupción frente a lo que vemos hoy en día: un PSOE que se mantiene firme por encima del 20 por ciento en las elecciones regionales, en Castilla y León hasta el 30,7 por ciento, pero que representa el mayor caso de corrupción de la democracia española. Porque el partido sigue firme detrás de su secretario general. Las discrepancias se pueden contar con los dedos de una mano y sobran dígitos.

El auto del juez Pedraz es una manifestación difícilmente cuestionable de una corrupción sistémica. Nos muestra cómo el presidente más amoral de nuestra historia hizo el paripé de retirarse cinco días a reflexionar sobre su futuro, cuando en realidad en esos días y de la mano de Santos Cerdán y Leire Díez lo que estaba organizando era una red de acoso a las instituciones para dinamitar las investigaciones a su partido y a su entorno personal. Es decir, a él mismo. La forma de proceder de un autócrata.

Ayer jueves empezó en Badajoz un juicio que nunca hubiera tenido lugar sin las investigaciones publicadas en El Debate por Alejandro Entrambasaguas. Es tal la avalancha de basura en la que vivimos inmersos que a nadie sorprende que el que el hermano del presidente esté en el banquillo sea una noticia secundaria. Y recuerden que además de la causa que tiene abierta ante la Audiencia Provincial de Badajoz, tendrá que aclarar cuál ha sido su residencia fiscal. Porque la tenía oficialmente en Elvas, Portugal. Pero como ha demostrado El Debate, vivía en el Palacio de la Moncloa, España. Y eso representa un delito fiscal. Y ese delito era imposible sin la cooperación del presidente del Gobierno de España, quien cree que él está por encima de esas minucias. Con un par.